Guatemala: elecciones limpias, política sucia , el último informe de International Crisis Group, examina las próximas elecciones generales en Guatemala (presidenciales, legislativas y locales) en el contexto del legado que dejó la guerra civil de 36 años a las instituciones políticas, las cuales ahora enfrentan grandes desafíos provenientes del narcotráfico y otras formas de crimen organizado violento. La contienda electoral por la presidencia probablemente enfrentará a Otto Pérez Molina, ex director de la inteligencia militar, contra Sandra Torres, recientemente divorciada del Presidente Álvaro Colom, aunque algunos obstáculos legales podrían impedir su participación, y obligar al partido oficial a buscar un reemplazo.

Ataques personales y una fuerte retórica de los dos partidos más importantes han marcado el tono de una campaña particularmente agresiva. Algunos candidatos, sus familias, activistas de los partidos políticos y funcionarios electorales han sido asesinados, en su mayoría por personas armadas no identificadas. Las agencias de seguridad y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), necesitan redoblar sus esfuerzos para prevenir la violencia, especialmente en los municipios más afectados por el crimen. Los candidatos, sobre todo aquellos que buscan un cargo local, deben comprometerse a respetar las reglas, a evitar la violencia y a usar únicamente medios legales y pacíficos para encarar los resultados.

“El deterioro de la seguridad, la violencia por parte de los narcotraficantes y la política polarizada dejan a los candidatos muy vulnerables a ataques”, dice Javier Ciurlizza, Director del programa para América Latina y el Caribe de Crisis Group. “El TSE y las agencias de seguridad deben identificar las áreas más expuestas a la violencia y reforzar las medidas de seguridad allí”.

La falta de reglas claras sobre la financiación de las campañas plantea una amenaza más sutil que la violencia, pero igual de peligrosa para la actividad política. Las campañas electorales más recientes han sido de las más caras en términos per cápita del continente, y el gasto implicado en 2011 parece que va a superar dichos registros. Una campaña exorbitantemente costosa agudiza el riesgo de la creciente corrupción. Además amplía la brecha entre los ciudadanos y sus líderes políticos, y deja a estos a la sombra de intereses empresariales y criminales, muchos de los cuales están interesados en continuar con un estado débil y sin ley. El TSE debe supervisar enérgicamente el gasto y la financiación de las campañas de los partidos, con el apoyo de otras instituciones públicas. En particular, el Ministerio Público debe aprovechar nuevos ajustes al Código Penal para judicializar a aquellos partidos que rompan las reglas de financiación

“Los aportes descontrolados a las campañas contribuyen a un sistema político excluyente que un voto libre cada cuatro años difícilmente puede esconder, y menos aún mejorar”, dice Richard Atwood, Di-rector de Investigación de Crisis Group. “Los políticos y los partidos deben revelar quién los financia, mientras que el Ministerio Público, las autoridades electorales y los donantes deben presionarlos para que lo hagan”.

Fuente:International Crisis Group