El crimen y la violencia amenazan seriamente la estabilidad de Venezuela a mediano y largo plazo, independientemente de si el Presidente Hugo Chávez mantiene o no el poder en las elecciones de 2012.

Violencia y política en Venezuela, el último informe de International Crisis Group, analiza de qué manera la amplia presencia del crimen organizado internacional, los niveles alarmantes de impunidad, las millones de armas de fuego en manos civiles, así como la corrupción y la brutalidad de la policía, han agudizado la violencia en la sociedad. Algunos pasos positivos, como una relación constructiva con Colombia y algunas reformas limitadas a la seguridad, no compensan estos problemas. Las perspectivas de la violencia en el contexto de las elecciones del próximo año están aumentando, agravadas por la incertidumbre sobre la salud del presidente.

“Es necesario que el gobierno se haga responsable por su ambigüedad hacia varios grupos armados y por el fracaso al enfrentar la corrupción y la complicidad criminal en sectores de las fuerzas de seguridad”, dice Silke Pfeiffer, directora para Colombia y la región andina de Crisis Group. “El gobierno debe desarmar y desmantelar a los grupos criminales e implementar políticas integrales para combatir la impunidad y proteger a la población. No desactivar esta bomba de tiempo significaría muchas más muertes y amenazaría seriamente la estabilidad del país y de la región”.

Chávez asumió el poder en 1999 con la promesa de erradicar la corrupción y enfrentar la violencia, que habían incrementado en gobiernos anteriores. Diez años más tarde, la violencia criminal está fuera de control. Más de diez personas son asesinadas en las calles de Caracas todos los días, la mayoría a manos de criminales individuales, miembros de bandas callejeras o por la propia policía. Al atribuir el problema a “percepciones sociales de inseguridad” o a causas estructurales, como la pobreza generalizada, el gobierno está ignorando la magnitud y extensión destructiva de la violencia criminal. El masivo, aunque temporal, despliegue de fuerzas de seguridad en operaciones altamente visibles, e incluso la reforma policial y los programas de desarme, tendrán poco impacto si no son parte de un estrategia integrada para reducir el crimen, terminar con la impunidad y proteger a los ciudadanos.

Venezuela se ha convertido en un centro del crimen organizado. A la presencia de diversos grupos colombianos, incluyendo a las guerrillas, los paramilitares y sus sucesores, se han sumado bandas de mafias desde México y otros lugares. Estos grupos se benefician de una extensa corrupción y de la complicidad de sectores de las fuerzas de seguridad, aparentemente toleradas en las más altas esferas del gobierno.

La captura sistemática de los otros poderes del estado y la tolerancia frente al decaimiento del sistema judicial y de las fuerzas regulares de seguridad por parte del Ejecutivo, han bloqueado los mecanismos pacíficos y democráticos de resolución de conflictos. La violencia, o la amenaza de que se utilice, han llegado a ser inherentes al proyecto político del Presidente Chávez, al armar y entrenar a milicias integradas a la fuerza por ciudadanos, junto con fuerzas armadas intensamente politizadas. En el contexto de altos niveles de politización y militarización de la sociedad, la violencia política ha permanecido más como una amenaza latente que como una realidad. Este equilibrio precario puede que no se mantenga.

“En este ambiente altamente cargado, la perspectiva de una elección presidencial no trae mucho alivio”, dice Javier Ciurlizza, director del programa para América Latina y el Caribe. “Por el contrario, cualquiera que sea el resultado, podría desencadenar lo que actualmente es una violencia política latente y de esa manera socavar tanto la continuidad pacífica del régimen, la entrega del poder a un suceso o cualquier arreglo de transición. Más aún, la complicada situación de la salud del presidente ha incrementado las incertidumbres sobre la estabilidad a corto y mediano plazo”.

Fuente: International Crisis Group