Las leyes de Colombia sobre violencia contra la mujer no protegen adecuadamente a víctimas desplazadas por el conflicto armado, señaló Human Rights Watch en un nuevo informe difundido hoy. Hay altos índices de violencia sexual y doméstica entre las aproximadamente dos millones de mujeres y niñas desplazadas en el país. Las víctimas desplazadas enfrentan obstáculos abrumadores cuando intentan acceder a servicios de atención de la salud, justicia y protección.

El informe de 101 páginas, “Derechos fuera de alcance: Obstáculos a la salud, la justicia y la protección para mujeres desplazadas víctimas de violencia de género en Colombia”, muestra que las mejoras incorporadas recientemente en diversas leyes, políticas y programas de Colombia sobre violación sexual y violencia doméstica no se han traducido en un acceso más efectivo por parte de mujeres y niñas desplazadas a la justicia, atención de la salud y medidas de protección. Más de la mitad de los aproximadamente cuatro millones de desplazados en Colombia son mujeres.

“Para muchas mujeres y niñas desplazadas, las dificultades del desplazamiento se ven agravadas por experiencias traumáticas como violaciones sexuales y violencia doméstica”, explicó Amanda Klasing, experta sobre derechos de la mujer en Human Rights Watch. “Y a pesar de que en los últimos años se adoptaron leyes y políticas adecuadas, aún enfrentan graves impedimentos para recibir la atención médica que por derecho les corresponde. Raras veces, consiguen que se juzgue a sus agresores”.

Colombia presenta en general altos índices de violaciones sexuales y violencia doméstica, y las encuestas nacionales han observado que esta proporción es incluso mayor entre la población desplazada. Una encuesta financiada parcialmente por el gobierno en 2011 comprobó que casi el 48 por ciento de las mujeres desplazadas señalaban haber sufrido violencia doméstica, y más del 9 por ciento indicó haber sido violada por una persona distinta a su pareja. Según datos de una encuesta de 2010 efectuada entre la población general, el 37 por ciento de las mujeres manifestaron sufrir violencia por parte de su pareja, mientras que el 6 por ciento informó haber sido violada por una persona que no era su pareja. No obstante, existe información oficial limitada sobre violencia contra la mujer, especialmente acerca de la violencia sexual relacionada con el conflicto y el desplazamiento. Human Rights Watch insta al gobierno a recabar datos sobre esta situación, a fin de adaptar de manera más efectiva sus leyes y políticas para proteger a mujeres y niñas desplazadas.

Human Rights Watch realizó entrevistas en cuatro ciudades importantes a 80 mujeres y niñas desplazadas, que casi en su totalidad fueron víctimas de violencia sexual o intrafamiliar, y a más de 100 funcionarios gubernamentales, profesionales de la salud, defensores de derechos, proveedores de servicios y otros representantes de la sociedad civil que tienen amplia experiencia en el trato con este tipo de víctimas.

Una mujer desplazada que fue entrevistada por Human Rights Watch había sido violada cinco veces en una década; también su hermana había sido violada, y la hija de esta, de tan sólo 5 años.

“Cuando los violadores no reciben un castigo, no sólo se incumplen las leyes colombianas sobre violencia sexual sino que además esto favorece que los agresores cometan nuevas violaciones”, indicó Klasing.

Se niega o demora la atención

Desarraigadas de sus hogares y casi siempre pobres, las mujeres y niñas desplazadas que son víctimas de violación y violencia doméstica a menudo no conocen suficientemente las instituciones de salud y justicia que existen en los lugares donde se han reubicado. Muchas de ellas tienen pocos recursos para solventar gastos de transporte u otros costos asociados con el acceso a servicios, no confían en las autoridades gubernamentales y temen que sus agresores tomen represalias.

Si bien la posibilidad de acceso inmediato a servicios de salud resulta fundamental para las víctimas de violación sexual y violencia doméstica, varias mujeres y niñas desplazadas contaron que debieron tolerar demoras, negación de la atención y maltrato por parte de proveedores de salud. Dijeron a Human Rights Watch que en los establecimientos médicos no se identificó signos de abuso, el personal hospitalario a veces no respetaba la confidencialidad de las consultas y que en algunos casos las víctimas eran maltratadas. Algunos trabajadores de la salud entrevistados por Human Rights Watch no tenían conocimientos básicos para la atención de casos de violación y violencia doméstica, y dijeron que prácticamente no habían recibido pautas sobre cómo tratar con víctimas desplazadas. En varios casos, la atención en los establecimientos de salud se demoró más allá del plazo durante el cual sería viable el tratamiento para evitar el embarazo o las infecciones de transmisión sexual.

Las víctimas también se enfrentaron a graves obstáculos cuando intentaron obtener justicia, incluido el maltrato por parte de algunas autoridades y dificultades para presentar pruebas. Algunas víctimas y defensores contaron a Human Rights Watch que a veces los funcionarios hacían preguntas humillantes a las víctimas de violación para conocer sus antecedentes sexuales, qué vestimenta llevaban y qué habían hecho para provocar la agresión.

“Si presentas una denuncia formal a los comisarios de familia, ellos dicen ‘Si te golpeó es porque habrás hecho algo’”, relató a Human Rights Watch una de las integrantes de un grupo de defensoras de mujeres de Cartagena.

Aunque es posible investigar delitos de violencia de género sin pruebas físicas, varias víctimas contaron a Human Rights Watch que los fiscales se mostraban reacios a impulsar casos en que no hubiera este tipo de pruebas. Algunas víctimas dijeron que no pudieron presentar pruebas físicas debido a demoras en el acceso a los exámenes forenses. Por ejemplo, una víctima de violación aseveró que el organismo médico forense demoró 10 días en revisarla, y que para entonces ya no quedaba evidencia física de la agresión.

Los programas de asistencia humanitaria destinados a desplazados no consideran adecuadamente el modo en que la violencia doméstica puede obstaculizar el acceso a la ayuda. Para recibir asistencia humanitaria, incluidos alimentos, alojamiento y atención de la salud, las familias deben registrarse oficialmente como desplazadas. Cuando el esposo inscribe a su familia a nombre suyo, como sucede a menudo, las víctimas de violencia doméstica a veces se sienten atrapadas. Si bien las mujeres pueden modificar la inscripción si dejan a su esposo tras sufrir abusos, muchas no saben que esto es posible. Varias víctimas de violencia doméstica dijeron que se sentían obligadas a elegir entre permanecer en hogares abusivos o perder la asistencia humanitaria que necesitan para sobrevivir.

Leyes adecuadas, con implementación deficiente

Colombia cuenta con uno de los marcos jurídicos y políticas públicas más avanzadas de la región para abordar la violencia contra mujeres y niñas. Por ejemplo, una ley de 2008 sobre prevención y castigo de la violencia contra la mujer reconoce que todas las entidades gubernamentales tienen la obligación de trabajar en forma coordinada para brindar servicios integrados a mujeres que son víctimas de violencia. La ley amplía varios derechos importantes, al establecer que las víctimas deben recibir información, servicios, protección y reparación. El Código Penal de Colombia, las leyes sobre derechos de los desplazados y varias sentencias de la Corte Constitucional abordan también los derechos y recursos de las víctimas de violencia contra la mujer.

Colombia cuenta además con innovadoras medidas de protección para víctimas de violencia de género y defensores de derechos humanos. Estos programas ofrecen asistencia esencial, a veces de carácter vital. Sin embargo, varias líderes desplazadas -además de defensores de derechos y proveedores de servicios- señalaron deficiencias en el modo en que se aplican tales medidas, en particular para las mujeres desplazadas. Una de las principales preocupaciones que se expresaron fue que en la práctica los hijos no estuvieran cubiertos por las medidas de protección que asigna la Unidad Nacional de Protección, pese a que también sufren amenazas y a que el Ministerio del Interior cuenta con un protocolo que contempla su inclusión.

Human Rights Watch recomienda al gobierno colombiano adoptar medidas para corregir los problemas vinculados con la implementación de las leyes y políticas destinadas a ayudar a mujeres desplazadas que son víctimas de violencia sexual y doméstica, tales como:

• Crear una comisión independiente que efectúe una evaluación rigurosa de las prácticas que prevalecen en las instituciones que brindan atención o servicios en forma directa;
• Recabar datos precisos sobre la magnitud de la violencia de género vinculada con el conflicto y el desplazamiento;
• Ampliar, fortalecer y asegurar la continuidad de los programas de capacitación destinados a empleados de los sistemas de salud y justicia;
• Efectuar campañas públicas de concienciación que informen a mujeres y niñas desplazadas cuáles son sus derechos y los servicios a los que pueden acudir; y
• Sancionar la ley que está siendo discutida en el Congreso sobre acceso a la justicia para víctimas de violencia sexual, y contribuir así a que se juzgue con éxito a los responsables de delitos de violencia de género.

Se encuentra en trámite en el Congreso colombiano un proyecto de ley que facilitaría el acceso a la justicia para las víctimas de violencia sexual, con particular atención a los hechos ocurridos en el contexto del conflicto armado. El proyecto de ley reformaría el Código Penal de Colombia para armonizar las disposiciones sobre violencia sexual con los estándares internacionales. También enumera una serie de derechos y garantías importantes para las víctimas de violencia sexual. Entre otras cosas, permitiría que las víctimas reciban copias de los documentos oficiales relacionados con su causa. Prohibiría además admitir como prueba la información relativa a su conducta sexual pasada cuando esta no resulte relevante y pudiera perjudicar la causa, y establece que las víctimas deben recibir servicios en sitios accesibles donde se garantice su salubridad, seguridad, comodidad y privacidad. El proyecto insta además a los funcionarios judiciales a ejercer de oficio su potestad para investigar delitos de violencia sexual, a fin de impedir su impunidad.

“El proyecto es trascendental, ya que permitiría subsanar brechas que existen en la legislación vigente y que contribuyen a que las víctimas se sientan humilladas y los agresores queden impunes”, afirmó Klasing. “No obstante, una vez que se sancione, el desafío será asegurar su implementación efectiva”.


Selección de testimonios del informe

“Buscar atención médica para la violencia [sexual] fue difícil. Diez días después, finalmente pude recibir ayuda”. - Mónica N. (seudónimo), Bogotá, 22 de febrero de 2012. Mónica se dirigió a un hospital inmediatamente después de haber sido violada en Bogotá en 2011, pero sólo pudo programar un turno con el especialista ginecológico para diez días más tarde. Para el momento en que recibió el tratamiento, había desarrollado una micosis vaginal a raíz de la violación. Los médicos no le informaron sobre la posibilidad de recibir anticoncepción de emergencia para evitar un embarazo no deseado.

“No hubo orientación. No se indicó ninguna ruta a seguir. Nadie me dijo qué sucede en cada instancia”. - Viviana N. (seudónimo), Cali, 7 de mayo de 2012. Viviana, quien debió desplazarse a Cali, en 2007 presentó una denuncia penal ante un fiscal en la cual indicó que su esposo la había golpeado durante años. El fiscal no le ofreció información sobre ningún tipo de remisiones, ni siquiera a servicios de salud.

“Ellos [los médicos] no les creen a las mujeres... Les hacen preguntas para ver si están mintiendo sobre la violación”. - Paola A. Salgado Piedrahita, abogada, La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, 10 de mayo de 2012. Paola ha trabajado con decenas de víctimas de violación sexual que intentan acceder legalmente a servicios de interrupciones voluntarias del embarazo, y las ayuda a conseguir representación legal gratuita.

“Este hombre va a matarme y no va a pasar nada”. - Dolores G. (seudónimo), Cartagena, 24 de abril de 2012. A causa del desplazamiento la familia de Dolores se trasladó en 2002 a Cartagena, donde su esposo la golpeaba brutalmente. Acudió a la policía y la fiscalía en busca de ayuda, pero no le ofrecieron protección. Si bien dejó a su esposo, este la localizó y la violó mientras la amenazaba con un cuchillo. Dolores huyo a su pueblo natal, pero allí recibió amenazas de hombres armados. A causa de esto, reanudó la relación con su esposo en Cartagena y toleró los abusos durante seis años más.