La muerte del presidente Hugo Chávez proyecta una sombra sobre una Venezuela polarizada, cuya estabilidad política inmediata no está garantizada. Al extender sus condolencias al gobierno y pueblo venezolanos, Crisis Group hace un llamado a todas las partes involucradas a respetar el marco constitucional y actuar con prudencia con el fin de evitar la violencia en lo que podría ser una difícil y tensa transición a la era post-Chávez.

Chávez, re-electo en octubre, estaba demasiado enfermo para tomar posesión de su cargo en enero. Los procedimientos electorales y las reglas de sucesión son claros. La constitución (Artículo 233) establece que si el presidente muere antes de tomar posesión de su cargo, el presidente de la Asamblea Nacional actuará como encargado. Por otro lado, si el presidente muere después de la inauguración y durante los primeros cuatro años del mandato, el vicepresidente se convertirá en el presidente interino. En ambos casos, se deberá llamar nuevamente a elecciones dentro de 30 días. El Tribunal Supremo de Justicia dictaminó el 9 de enero que una toma de posesión formal del presidente Chávez para un nuevo mandato no era necesaria, allanando el camino para que el vicepresidente Nicolás Maduro asumiera interinamente el mando.

La mayor responsabilidad recae sobre los hombros del sucesor elegido por Chavez, el vicepresidente Nicolás Maduro. Si bien la emoción de los seguidores del presidente fallecido es comprensible, el discurso de Maduro previo al aviso de la muerte de Chávez, en el cual el gabinete, el alto mando militar y los veinte gobernadores de los estados que pertenecen al partido gobernante demostraron su apoyo al presidente, fue perturbador. En lugar de calmar las aguas, sugirió que la oposición pudo haber sido responsable del cáncer del presidente. Lo más preocupante es que habló en nombre del “comando cívico-militar de la revolución”, un liderazgo colectivo no elegido, sin reconocimiento constitucional, pero que ha tomado el poder que le correspondía a Chávez.

Los representantes de la Corte Suprema y otros poderes del Estado se hicieron notar por su ausencia. Estos órganos, que durante la presidencia de Chávez quedaron reducidos en su mayoría a apéndices del ejecutivo, deberán ahora ser fortalecidos con el fin de asegurar que la crisis actual se resuelva constitucionalmente. Los mandatos de siete magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y los de tres miembros del Consejo Nacional Electoral han expirado o están a punto de expirar. La designación de sus remplazos esta retrasada y requiere una mayoría de dos tercios de la Asamblea Nacional, que ninguna de las partes posee en la actualidad. Por lo tanto, el gobierno y la oposición deben buscar un consenso rápido para restablecer y garantizar la independencia de estos órganos, cruciales para una elección presidencial justa.

Crisis Group celebra el llamamiento del vicepresidente de “ni violencia ni odio”. El gobierno y la oposición comparten la responsabilidad de evitar el derramamiento de sangre, al insistir a sus seguidores de no provocar violencia ni permitir que los provoquen. Maduro tiene la obligación especial de garantizar que los partidarios armados del gobierno acaten el llamamiento. Tras el anuncio del despliegue de fuerzas de seguridad en las grandes ciudades para garantizar la calma, ésta deberá hacerse sin discriminación alguna. Las milicias, una rama politizada de las fuerzas armadas con más de 125,000 integrantes, deberán mantenerse fuera de las calles.

Venezuela no puede permitir un enfrentamiento político por fuera de la ley y con amenazas de violencia. Las elecciones deberán ser libres, justas y celebradas en condiciones que permitan una competencia equitativa. En un ambiente polarizado, el candidato ganador tendrá que superar grandes desafíos para restaurar y proteger la independencia de las instituciones del estado de derecho y hacer frente a la criminalidad y a las serias dificultades económicas y sociales. Esto deberá ser un objetivo compartido por los que atesoran el legado del presidente Chávez y por los que forman parte de la oposición.

La comunidad internacional - en particular los vecinos de Venezuela y otros socios regionales - deben presionar para una transición pacífica y señalar claramente que no tolerarán actos inconstitucionales.