En su último informe, Justicia Transicional y los Diálogos de Paz en Colombia , International Crisis Group propone un modelo de justicia transicional en el contexto de las prometedoras negociaciones entre el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para poner fin a un conflicto que ha durado décadas. Esto implica que ambas partes enfrenten problemas muy sensibles, pero un acuerdo integral de justicia transicional es clave para la aceptación definitiva de un acuerdo de paz por el Congreso, las cortes y el pueblo colombiano. Las principales conclusiones y recomendaciones del informe son:

• Cualquier acuerdo viable deberá ser aceptable no solo por las dos partes. Encontrar un terreno común entre la guerrilla, el gobierno, los críticos de las negociaciones de paz, las víctimas y un público en gran medida desfavorable hacia las FARC es difícil, pero lo será aún más en la cúspide del ciclo electoral de 2014. No obstante, dado que el Congreso, las cortes y el electorado desempeñarán un papel importante en la ratificación y aplicación de las medidas de justicia transicional, ambas partes tienen un fuerte incentivo para llegar a un acuerdo que vaya más allá de sus estrechos intereses.
• La justicia para las víctimas de todos las partes en el conflicto, incluyendo a las víctimas de los agentes del Estado, es un aspecto esencial de cualquier régimen viable de justicia transicional. Se debe respetar el núcleo de las obligaciones de Colombia bajo el derecho internacional de los derechos humanos. La responsabilidad de los crímenes debe abordarse a través de un sistema de tres niveles: el enjuiciamiento y castigo de los máximos responsables, de ambos lados, para los delitos más graves; una amnistía para los delitos políticos de las FARC y un procedimiento administrativo para los miembros de las FARC que estén por fuera de estas dos categorías. Junto a estas medidas, las partes negociadoras tienen que ponerse de acuerdo sobre los principios básicos que permitan el establecimiento de de una comisión de la verdad sólida, incluyente e independiente, renovar el compromiso con la reparación integral y establecer un plan para garantizar que los abusos cometidos en el pasado no se repitan.
• Las partes no necesitan desarrollar todos los aspectos de un modelo de justicia transicional. Los detalles deben ser dejados en manos de la legislación implementadora. Pero los negociadores deberían diseñar disposiciones claras y creíbles que generen seguridad jurídica para los miembros de las FARC, garanticen los derechos de las víctimas y fomenten el apoyo social para evitar que el régimen de justicia transicional---y las perspectivas para una paz duradera---se desgasten en disputas políticas y legales.

“Ponerse de acuerdo sobre un modelo integral de justicia transicional tendrá costos políticos, tanto para las FARC como para el gobierno”, asegura Christian Voelkel, analista para el proyecto Colombia/Andes. “Una solución a la que se llegue de manera fácil podría satisfacer los imperativos políticos de corto plazo pero sería un grave error en el largo plazo”.

“Colombia está en una posición probablemente mejor que la de muchos otros países que emergen de conflictos para fortalecer su proceso de paz con medidas integrales que enfrenten los abusos cometidos en el pasado”, explica Javier Ciurlizza, director del programa para América Latina y el Caribe. “Las medidas de justicia transicional por sí solas no pueden garantizar una paz duradera, pero son una parte necesaria para una transición exitosa. El gobierno y las FARC no deberían desperdiciar esta oportunidad”.