La CIDH dijo estar "sumamente preocupada" ante la posibilidad de que las milicias asuman tareas de control del orden público (Eduardo Fuentes/archivo)

La violencia y la inseguridad, el clima de intolerancia hacia las opiniones divergentes y los obstáculos que impiden a los opositores participar en igualdad de condiciones en las elecciones, preocupan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual considera que estas situaciones "contribuyen al debilitamiento del Estado de derecho".

Sin embargo, el organismo hemisférico advierte que la falta de un Poder Judicial independiente es el verdadero talón de Aquiles de la democracia nacional, pues esta carencia "conspira gravemente contra el libre ejercicio de los derechos humanos" en el país.

"Es esa falta de independencia (de la justicia) la que ha permitido que en Venezuela se utilice el poder punitivo del Estado para criminalizar a los defensores de derechos humanos, judicializar la protesta social pacífica y perseguir penalmente a los disidentes políticos", denunció la CIDH en el informe Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, difundido ayer en Washington (Estados Unidos).

En el documento, de 322 páginas, el organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) reiteró su preocupación por el hecho de que solamente 936 jueces, de los 1.896 que hay en el país, sean titulares; y que 100% de los fiscales también sean provisionales; es decir, "no gozan de estabilidad en su cargo y pueden ser fácilmente removidos cuando adoptan decisiones que podrían afectar los intereses del Gobierno".

En el informe se menciona el caso de la ex jueza 1° de Juicio de Táchira, Fanny Becerra Casanova, que conocía el proceso contra el periodista Gustavo Azócar y quien una semana antes de dictar sentencia fue removida por el Tribunal Supremo. Acto seguido el proceso fue anulado y se reinició.

Preocupación justificada

La delincuencia es uno de los asuntos que más alarma a la CIDH, según ella dejó plasmado en su reporte, en el cual saludó los recientes esfuerzos por ponerle coto (creación de la Policía Nacional), pero señaló que "en muchos casos la respuesta del Estado frente a la inseguridad ha sido insuficiente y en ocasiones incluso incompatible con el respeto a los derechos humanos". Esto último, en clara alusión a los más de 6.000 ajusticiamientos registrados en el país desde el 2000.

La instancia condenó los procesos abiertos a más de 2.200 ciudadanos por participar en manifestaciones y desestimó los argumentos del Gobierno de que las acciones de calle buscan derrocarlo.

El organismo también pidió a las autoridades poner fin la "preocupante tendencia a castigar, intimidar y agredir a personas a manera de represalia por haber hecho público su disenso con políticas oficiales".

Para sustentar este último señalamiento, la CIDH se hizo eco de los 71 ataques que defensores de los derechos humanos han recibido en la última década y registró las amenazas que grupos irregulares como la Piedrita han lanzado contra medios de comunicación como Globovisión.

Pese a que el Gobierno sostiene que en el país hay plena libertad de expresión, la instancia constató la existencia de "casos de censura previa" y puso como ejemplo de ello la prohibición a la campaña que las organizaciones Cedice y Asoesfuerzo lanzaron contra la Ley de Propiedad Social en el año 2009.

Por considerar que sus efectos sobre el libre flujo de información en la sociedad son "graves", la Comisión criticó la decisión que sacó del aire a 32 emisoras de radio y las amenazas que se ciernen sobre 200 más, así como que sigan vigentes los delitos de difamación e injuria.

Reconocen avances

En su documento, la CIDH no solo realizó advertencias y cuestionamientos, sino que también reconoció los logros del Gobierno en materia de lucha contra el analfabetismo, distribución de tierras, instalación de una red primaria de salud y combate a la pobreza.

No obstante, el organismo demandó de las autoridades que así como han puesto empeño en garantizar derechos como la educación o la salud, pues que hagan lo propio con otros como el de la vida o la libertad de expresión.

"En aras de la realización de los derechos económicos, sociales y culturales en Venezuela no puede sacrificarse la vigencia de otros derechos fundamentales. Los derechos humanos constituyen un todo indisoluble", recordó.

El informe, el segundo que el organismo dedica a Venezuela en los últimos 10 años, fue elaborado a partir de la información recabada por la CIDH en sus audiencias y de los datos que le enviaron las autoridades venezolanas, las cuales respondieron un cuestionario que les envió la instancia.

Fuente:ElUniversal.com