Sara López es una de las tres personas detenidas que renuncian a comer hasta que no se los ponga en libertad. © Amnesty International.

Amnistía Internacional insta a las autoridades mexicanas a liberar a tres líderes comunitarios que comenzaron una huelga de hambre en protesta por haber sido detenidos al participar en una campaña contra las altas tarifas eléctricas.

Los líderes Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borja fueron detenidos en julio de 2009 por su participación en el Movimiento Nacional Contra las Altas Tarifas Eléctricas en el estado de Campeche.

El viernes 14 de mayo de 2010, los tres se negaron a recibir alimentos hasta que las autoridades reconozcan su inocencia y los liberen.

"Sara, Joaquín y Guadalupe comenzaron una huelga de hambre como último recurso para exigir su liberación. Es un acto desesperado de protesta por su injusto encarcelamiento", dijo Kerrie Howard, directora adjunta del Programa Regional para las Américas de Amnistía Internacional.

La Procuraduría General de la República (PGR) acusa a los tres líderes de tomar como rehén a un empleado de la Compañía Federal de Electricidad en 2008.

Amnistía Internacional cree que no existe evidencia que confirme las acusaciones contra los tres y que la causa fue inventada para asegurar su detención y proceso, en represalia por liderar la protesta contra las altas tarifas eléctricas.

Las acusaciones se basan en una denuncia del representante legal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por obstrucción de la entrega de un servicio público, un delito menor.

La denuncia se presentó después de que los líderes se reunieran con la CFE para solicitar la reconexión del servicio eléctrico.

La compañía había cortado el suministro a los miembros de la comunidad por falta de pago, pues algunos no podían pagar y otros no pagaban en protesta por los altos costos.

En enero de 2010, una corte federal de apelaciones sentenció que la evidencia contra los tres no estaba sustanciada y era insuficiente para sugerir que los delitos habían sido cometidos. En esta etapa, los tres debieron haber sido liberados.

Sin embargo, la PGR solicitó la revisión de la sentencia sin justificación, prolongando la detención hasta que se resuelva la apelación.

Amnistía Internacional ha solicitado a la PGR que retire la petición de apelación para terminar con la detención injusta, pero la instancia se ha negado.

"Los cargos penales contra Sara, Joaquín y Guadalupe son injustificados y los presentaron ante la PGR para terminar con su campaña contra las altas tarifas eléctricas", comentó Kerrie Howard.

El 25 de septiembre de 2008, cerca de 40 personas que viven en el poblado de Candelaria, Campeche, a quienes les habían cortado la electricidad, acudieron a las oficinas locales de la CFE para solicitar que les reconectaran el servicio.

Mientras que la gente de la comunidad se reunía enfrente de las oficinas, Sara López y Joaquín Aguilar mantuvieron conversaciones con un representante de la empresa para que les renovaran el servicio.

El representante acompañó a la delegación comunitaria para reconectar el servicio eléctrico a los hogares afectados.

De acuerdo con el expediente, el representante legal de la empresa presentó una denuncia ante la PGR el mismo día en protesta por el delito menor de "obstrucción de entrega de un servicio público”.

Los acusados por la empresa fueron sencillamente los nombres de una lista de deudores, que no incluye a Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borja.

Nueve meses después, el 25 de junio de 2009, la PGR acusó a Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borja, así como a otras 11 personas del delito de obstrucción, aunque también por el delito más grave de tomar rehenes durante la manifestación.

A las 5:00 a.m. del 10 de julio de 2009, cinco personas fueron arrestadas; dos fueron liberadas tras apelar el caso, pero Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borja continúan detenidos.

Fuente: Amnistía Internacional