Con frecuencia, las fuerzas de seguridad hacen un uso inadecuado del gas lacrimógeno y demás material antidisturbios. © Particular

Amnistía Internacional ha acusado a las autoridades hondureñas de no abordar las graves violaciones de derechos humanos que se produjeron tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, cuando el ex presidente Manuel Zelaya fue derrocado.

Los miembros del ejército y la policía responsables de detenciones masivas, palizas y torturas tras el golpe no han sido puestos a disposición judicial tras la llegada al cargo en enero del nuevo presidente, Porfirio Lobo. Mientras, la muerte de siete periodistas en los últimos tres meses ha incrementado la preocupación por la libertad de expresión.

“El presidente Lobo se ha comprometido públicamente con los derechos humanos, pero no ha tomado medidas para protegerlos, lo cual es inaceptable. El señor Lobo debe demostrar que se toma en serio la tarea de terminar con el clima de represión y de inseguridad reinante en Honduras, pues de lo contrario la futura estabilidad del país seguirá amenazada”, ha dicho Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa Regional para América de Amnistía Internacional.

El presidente Lobo fue elegido en noviembre del año pasado, en medio de una crisis política en la que políticos apoyados por el ejército derrocaron al presidente Zelaya.

En las protestas que estallaron durante los meses siguientes, cientos de personas que se oponían al golpe fueron golpeadas y detenidas por las fuerzas de seguridad y, según los informes, más de 10 personas murieron. Además, con frecuencia la policía y el ejército hicieron un uso inadecuado del gas lacrimógeno y demás material antidisturbios.

Hubo amenazas e intimidaciones de activistas de derechos humanos, líderes de la oposición y jueces, se cerraron medios de comunicación y se censuró a los periodistas. También hubo informes de actos de violencia sexual perpetrados por personal de las fuerzas de seguridad contra mujeres y niñas.

Los jueces considerados críticos respecto al golpe sufrieron una serie de traslados arbitrarios y procedimientos disciplinarios injustos. La gran mayoría de los jueces afectados eran miembros de la Asociación de Jueces para la Democracia, que promueve principios de equidad y transparencia.

Nadie ha rendido aún cuentas por estos abusos y se han abierto muy pocas investigaciones. Las víctimas siguen esperando justicia y reparación por los abusos sufridos.

"Lamentablemente, el hecho es que no se ha proporcionado reparación a las numerosas víctimas que sufrieron graves abusos de manos de la policía y el ejército durante el tiempo que el gobierno de facto estuvo en el poder”, ha dicho Guadalupe Marengo.

“Estas graves violaciones de derechos humanos no deben ser olvidadas ni quedar impunes. Las víctimas tienen derecho a la justicia, la verdad y la reparación.”

Para Amnistía Internacional también es motivo de grave preocupación el aumento del número de agresiones a periodistas desde la llegada al poder del nuevo gobierno. Desde marzo de 2010 han muerto siete periodistas, y muchos otros han sufrido amenazas y hostigamiento.

Mientras, cuatro jueces fueron retirados de sus cargos el 1 de junio de 2010, al parecer por criticar el golpe de Estado, una decisión que socava gravemente el sistema de justicia.

El gobierno hondureño creó en abril una Comisión de la Verdad y Reconciliación, pero a Amnistía Internacional le preocupa mucho que su mandato se limite sólo a determinar los factores que contribuyeron a la crisis. Este tipo de comisiones deben formar parte de planes nacionales integrales elaborados para proteger los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos. Además, el gobierno debe garantizar la investigación, la justicia y la reparación para las víctimas.

“Tras el golpe de Estado, Honduras necesitaba un programa de reconstrucción de los derechos humanos que tuviera objetivos y plazos claros, pero la Comisión carece de un mandato adecuado para ello y tampoco tiene capacidad para investigar los abusos”, ha dicho Guadalupe Marengo.

"Las investigaciones que hemos realizado demuestran que, cuando no se toman las medidas suficientes para garantizar la justicia y la verdad, las heridas no cicatrizan y el ciclo de violencia y disturbios continúa.”

Información complementaria

El presidente de Honduras Manuel Zelaya Rosales fue derrocado el 28 de junio de 2009 y expulsado del país por un grupo de políticos apoyados por el ejército y encabezados por Roberto Micheletti, ex presidente del Congreso.

Según decenas de testimonios recogidos por los investigadores de Amnistía Internacional en Honduras durante dos visitas al país, tras el golpe se dispararon los abusos contra los derechos humanos.

El gobierno de facto encabezado por Micheletti permaneció en el poder hasta el final de 2009. El 27 de enero de 2010 tomó posesión un nuevo gobierno bajo la presidencia de Porfirio Lobo. Ese mismo día, Amnistía Internacional presentó un informe titulado Honduras: Recomendaciones al nuevo gobierno de honduras tras el golpe de Estado de junio de 2009, en el que se documentan las violaciones perpetradas durante el golpe de Estado.

Desde que el nuevo gobierno llegó al poder, Amnistía Internacional ha seguido instándole a que aborde las violaciones de derechos humanos perpetradas tras el golpe, al igual que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Fuente: Amnistía Internacional