Raúl Hernández, preso de conciencia, en la prisión de Ayutla, Guerrero, México. © Ricardo Ramírez Arriola

Amnistía Internacional ha condenado la decisión de las autoridades mexicanas de proceder sobre las acusaciones contra el defensor de derechos humanos Raúl Hernández por un asesinato que no cometió, después de que el procurador estatal decidiera hoy continuar con el caso en su contra.

La Procuraduría del Estado de Guerrero mantuvo los cargos de asesinato contra Raúl Hernández, a pesar de existir evidencia poco confiable y fabricada. Se espera que el juez que presidió el caso decida sobre su inocencia o culpabilidad en los próximos días.

“La decisión de proceder sobre los cargos fabricados de asesinato contra Raúl Hernández es parte de una campaña sistemática de las autoridades mexicanas contra miembros de esta comunidad indígena que defiende los derechos humanos de su pueblo”, dijo Kerrie Howard, directora adjunta del Programa para América de Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional ha hecho campaña por la liberación de Raúl Hernández desde noviembre de 2008, cuando fue adoptado como preso de conciencia.

Raúl Hernández fue arrestado injustamente y acusado del asesinato de Alejandro Feliciano García el 1 de enero de 2008 en la comunidad El Camalote, estado de Guerrero. Sin embargo, no se tomaron en cuenta las declaraciones de los testigos oculares que establecían que Raúl Hernández no se encontraba presente cuando ocurrió el asesinato.

Durante la instrucción penal, el juez realizó una investigación de la escena del crimen que confirmaba que la prueba de los testigos oculares, la cual establecía que Raúl Hernández estuvo presente durante el asesinato, es poco fiable e infundada.

Amnistía Internacional cree que el caso contra Raúl Hernández es una represalia de las autoridades por sus actividades legítimas de promoción de los derechos indígenas a través de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) y por exponer los abusos cometidos por los caciques locales, los militares y las autoridades.

En el estado meridional de Guerrero viven alrededor de 116.000 indígenas Me’ phaa, y el estado tiene uno de los niveles de marginación más altos e indicadores de desarrollo humano más bajos de México, de acuerdo con la organización local de derechos humanos Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de la Montaña.

La OPIM se fundó en 2002 para defender y promover los derechos del pueblo indígena Me’phaa.

“Con frecuencia, las autoridades han utilizado el sistema judicial de forma abusiva para castigar a quienes promueven el respeto a los derechos de las comunidades marginadas y se atreven a hablar sobre los abusos. Es tiempo de que Raúl sea liberado”, comentó Kerrie Howard.

Amnistía Internacional ha documentado actos reiterados de hostigamiento e intimidación contra los integrantes de organizaciones de derechos indígenas en el estado de Guerrero, como la OPIM, durante varios años.

Activistas de Amnistía Internacional en todo el mundo han hecho campaña por la liberación inmediata e incondicional de Raúl, para que pueda continuar con su labor de defensa de los derechos de su comunidad.

Fuente: Amnistía Internacional