Se cree que las personas que participan en protestas contra un proyecto de irrigación al sur de Perú podrían estar expuestas a sufrir graves violaciones de derechos humanos a causa de una nueva ley aprobada por el presidente que permite el uso del ejército durante disturbios civiles, ha declarado Amnistía Internacional.

Los habitantes de la localidad de Espinar y de la vecina ciudad de Cusco han estado manifestándose en contra del proyecto de irrigación Majes Siguas II que, según creen, restringirá su suministro de agua.

El 11 de septiembre, en previsión de las protestas, el gobierno peruano autorizó con arreglo a la nueva ley el despliegue del ejército para respaldar a la policía en Espinar.

Según informaciones de los medios de comunicación, los violentos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad que se produjeron la semana pasada en Espinar se saldaron con un hombre muerto y 44 personas heridas.

"Usar al ejército durante estas protestas pondría a los manifestantes en riesgo real de sufrir actos de fuerza excesiva cometidos contra ellos con impunidad", ha señalado Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa para América de Amnistía Internacional.

"Esta nueva ley supone un retroceso. El uso en el pasado del ejército para hacer cumplir la ley en Perú ha dado como resultado graves abusos contra los derechos humanos, que a fecha de hoy siguen impunes, por lo que debe reconsiderarse seriamente."

Esta nueva ley, aprobada el 1 de septiembre, permite el uso del ejército durante disturbios civiles, incluidas manifestaciones.

Especifica también que, si el ejército comete algún acto ilegal durante su despliegue en estas situaciones, esos actos se tratarán ante tribunales militares que han sido acusados de no ser ni imparciales ni independientes.

El derecho internacional de los derechos humanos establece que los autores de violaciones de derechos humanos deben ser juzgados en tribunales civiles.

"Esta ley vulnera las normas de derechos humanos y, de ser puesta en práctica, puede dar lugar al uso de fuerza excesiva en las manifestaciones de Cusco, así como en otras situaciones de protesta social legítima", ha declarado Guadalupe Marengo.

"No debe permitirse que esto suceda. Por el contrario, las autoridades deben emprender un proceso de consulta abierto y auténtico con las comunidades afectadas y encargar una evaluación integral del impacto que tendrá el proyecto sobre el medio ambiente y los derechos humanos."

Según las informaciones de los medios de comunicación, en el proyecto Majes Siguas II se incluye una represa y un sistema de agua para regar casi 40.000 hectáreas de tierras de cultivo en la región de Arequipa.

La represa forma parte de un proyecto del gobierno peruano para impulsar la agricultura y diversificar la economía más allá de la actividad minera.

Pese a que dos resoluciones judiciales han suspendido el proceso de concurso público y han ordenado una evaluación de impacto medioambiental, el gobierno ha seguido adelante con el concurso.

Fuente:Amnistía Internacional