La Asamblea Nacional venezolana inició el martes el debate de una controversial ley que facultaría al presidente Hugo Chávez a gobernar a sus anchas y sin control del cuerpo legislativo, en una medida calificada como una emboscada contra la democracia y la voluntad popular expresada en los últimos comicios.

El proyecto de ley, que según analistas será aprobada fácilmente esta semana, autorizaría al mandatario a gobernar el país por decreto, con lo que asumiría simultáneamente los poderes ejecutivo y legislativo del país por espacio de al menos un año.

Los diputados oficialistas, sin embargo, propusieron en el martes extender a dos años la duración de la denominada Ley Habilitante, introducida a la Asamblea por el gobierno bajo el argumento de que es necesaria para atender la situación de emergencia generada en el país por las recientes lluvias.

"Las medidas que tenemos que tomar son profundas, casi el 40 por ciento del país se vio afectado", dijo el vicepresidente Elías Jaua, en referencia a las inundaciones provocadas por las lluvias que dejaron más de 130,000 damnificados.

Algunas de las medidas que el Ejecutivo ya anunció que introducirá de inmediato, una vez que sea aprobado el proyecto de ley, es un aumento al Impuesto al Valor Agregado y otros decretos para acelerar la construcción de viviendas y carreteras.

Los adversarios de Chávez, no obstante, dijeron que el tema de las lluvias es sólo una excusa empleada por Chávez para dejar sin efecto los resultados de las elecciones del 26 de septiembre.

"Es un acto de abuso de poder", dijo desde Caracas el recién electo diputado Omar Barboza, presidente del opositor partido Un Nuevo Tiempo. "Lo que se hace con esto es tratar de prolongar el control de las instituciones por temor a la actuación de la próxima Asamblea Nacional".

La nueva Asamblea, que será juramentada el 5 de enero, marca el retorno de la oposición al organismo legislativo, luego de que los adversarios de Chávez se rehusaran a participar en los comicios anteriores argumentando la falta de transparencia en el proceso.

Los partidos de la oposición, la mayoría de ellos aglutinados bajo la Mesa de Unidad Democrática, lograron obtener más del 52 por ciento de los votos escrutados en los pasados comicios del 26 de septiembre, aunque sólo obtuvieron 67 de los 165 escaños en disputa debido a alteraciones en la ley electoral que beneficiaban a los candidatos del oficialismo.

Esa presencia de 67 escaños, sin embargo, podría dificultar la aprobación de algunas de las medidas que Chávez desea implementar para radicalizar su llamada Revolución Bolivariana.

Algunos de esos proyectos de ley ya fueron aprobados aceleradamente en las últimas semanas y la ley habilitante facultaría a Chávez a aprobar otras más sin intromisión de los partidos de la oposición.

Expertos legales señalaron que la actual Asamblea Nacional, la cual está compuesta casi totalmente por diputados del oficialismo, no está legalmente en condiciones de aprobar una ley habilitante por un período de tiempo mayor que el ejercicio de sus facultades, las cuales expiran en enero.

El constitucionalista Rafael Chavero dijo que si la propuesta es aprobada esta semana en la Asamblea Nacional, la medida debería ser revisada de inmediato por los nuevos diputados, tan pronto éstos sean juramentados.

"Si esa discusión no se da, y persiste la incertidumbre sobre el efectivo alcance de la labor legislativa de los nuevos parlamentarios, estos quedarían atados de manos y se estaría burlando la voluntad popular expresada a través del sufragio", comentó.

El ex diputado venezolano Alexis Ortiz resaltó desde Miami la gravedad de las acciones emprendidas por Chávez en Venezuela.

"Esta ley habilitante que pretende Chávez es uno de sus más descarados abusos de poder", dijo Ortiz. "Ya hay una nueva Asamblea electa por el pueblo y no es lógico que este Congreso que ya feneció esté tomando decisiones estratégicas que le corresponden a las nuevas autoridades".

Es una medida que pretende transferirle a Chávez las funciones que les corresponden a los diputados de la nueva Asamblea y es una burla de la voluntad popular, señaló.

"Con esto queda demostrado una vez más que Chávez no respeta para nada la voluntad soberana del pueblo venezolano y pretende pasar por encima de la voluntad del pueblo, que ya escogió una nueva Asamblea Nacional", dijo Ortiz.

El diputado opositor electo, Julio Borges, coincidió con Ortiz.

"Estamos pidiendo una reunión como diputados electos con la nueva Asamblea y la vieja, para que se respete a la gente, los electores y la Constitución", dijo Borges a la prensa venezolana.

En sus casi doce años de mandato, Chávez ha recibido del congreso tres leyes habilitantes: una en 1999, otra en el 2001 y una tercera en el 2007.

En 1999 Chávez sólo pudo crear dos nuevos tributos y una reforma de la ley de Impuestos Sobre la Renta, debido a una férrea oposición que le hizo el congreso de ese entonces.

El mandatario izquierdista aprobó en el año 2001 un paquete de 49 legislaciones, por la vía de una ley habilitante, entre las que se incluyeron las polémicas leyes de hidrocarburos, de tierras y de costas marítimas.

La habilitación del 2007 le permitió a Chávez aprobar en año y medio unas 65 leyes en las áreas de turismo, transporte, comercio, industria, finanzas, y concretar las nacionalizaciones de las cuatro asociaciones petroleras de la Faja del Orinoco, la mayor telefónica y siderúrgica del país, y los sectores eléctrico y cementero.

Fuente: ElNuevoHerald.com