Después de varios meses de rumores, el pasado viernes fue confirmado que el gobierno de Venezuela está impulsando una reforma legal que busca regular el acceso y uso de internet dentro del país.

La ley que será modificada es la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión (conocida como “Ley Resorte”). La reforma fue introducida el pasado viernes ante la Asamblea Nacional (el parlamento venezolano) y será discutida el próximo jueves para su posible aprobación durante los últimos días de servicio de los actuales miembros de la Asamblea (quienes serán reemplazados el 5 de enero de 2011). Asimismo, una nueva reforma a la Ley de Telecomunicaciones será también debatida, para declarar a la radio, la televisión y los servicios de telecomunicaciones como servicios públicos.

El proyecto Resorte plantea la inclusión de los medios digitales como sujetos de la Ley, la modificación de los “bloques horarios” para la difusión de mensajes, la inclusión de una lista de mensajes con transmisión no permitida por ningún medio y varios cambios a las sanciones penales. Además, el artículo 212 de la propuesta propone la creación de un Punto Único de Acceso para internet, controlado por el gobierno:

El Estado creará un punto de interconexión o punto de acceso a la red de los proveedores de servicios de Internet en Venezuela con la finalidad de manejar el tráfico con origen y destino en Venezuela, con el objeto de utilizar de manera más eficiente las redes del país dado el carácter estratégico del sector.

Aunque no hay muchas explicaciones por parte de las autoridades sobre el proyecto de ley, se ha entendido -dado los antecedentes ya mencionados- que los llamados “bloques horarios” serían aplicados mediante el Punto Único de Acceso, elemento que restringiría todo contenido prohibido por la ley Resorte.

Varios usuarios han expresado su desacuerdo, así como la opinión que la ley no podría ser implementada. Afirman además que manifiesta un profundo desconocimiento sobre internet, su estructura y funcionamiento. Espacio Público (una ONG dedicada a la defensa de derechos civiles en Venezuela) declaró:

El proyecto incurre en graves deficiencias de técnica legislativa que permiten que los funcionarios que tengan la responsabilidad de aplicar este instrumento legal puedan actuar arbitraria y discrecionalmente, lo que constituye en sí mismo una vulneración del derecho humano a la libertad de expresión y permite su aplicación selectiva e interesada.

Espacio Público indica además que las prohibiciones genéricas contenidas en el proyecto legal violarían la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que limita las restricciones a la libertad de expresión únicamente en los mensajes que promuevan la guerra y la violencia. La propuesta Resorte, en una larga lista de prohibiciones, incluye a “cualquier mensaje que atente contra la moral“.

Por otra parte, el proyecto enfatiza la prohibición del anonimato. Los voceros del gobierno han expresado que la ley intentará restringir aquellos mensajes “que pudieran constituir manipulaciones mediáticas que busquen perturbar el orden público”. Sin embargo, aquello que el gobierno venezolano considera como “perturbación del orden” es dudoso, dado que ciudadanos venezolanos han sido arrestados por su conducta en línea.

Varios tuiteros venezolanos están empleando el hashtag #internetlibre para expresar sus puntos de vista y discutir acerca de las medidas.

Fuente: es.globalvoicesonline.org