Por unanimidad los 95 miembros del Senado de la República aprobaron el 13 de marzo de 2012 la reforma al artículo 73 de la Constitución, lo que permitirá en adelante a las autoridades federales atraer bajo su jurisdicción los crímenes y delitos que atenten contra la libertad de informar o el ejercicio del periodismo. La reforma ya había sido aprobada por los diputados federales en noviembre de 2011.

La enmienda constitucional dispone que: “Las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o a las libertades de expresión o imprenta”. En consecuencia, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) dispondrá de una mayor competencia jurídica. Su nueva titular, Laura Angelina Borbolla Moreno, recibió a Reporteros sin Fronteras la víspera de la votación de los senadores.

“Simbólicamente, esta reforma expresa una toma de conciencia y una voluntad política que celebramos. Hicieron falta casi tres años de debates para lograr su adopción a nivel federal, y para su aplicación aún debe obtenerse el aval de al menos 17 de los 32 los Congresos estatales. Esta próxima etapa constituye también una prueba para las autoridades locales, con gran frecuencia implicadas en los ataques contra los periodistas y las redacciones”, recordó Reporteros sin Fronteras.

“Esta reforma, tardía, no alivia en nada el balance de 80 periodistas asesinados y 14 desaparecidos en una década. Un balance agravado aún más, en este mandato presidencial que acaba, por la ofensiva federal contra el narcotráfico que se salda con más de 50.000 muertos. ¿Se hará justicia después de tantos años de impunidad y de sufrimiento? Al futuro gobierno federal, que será electo el 1 de julio de 2012, le corresponderá no olvidarlo. Y, en especial, poner a disposición de la FEADLE verdaderos medios de investigación”, agregó la organización.

Represión y amenazas

Ubicado en el lugar 149 (de entre 179 países) en la última Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa publicada por Reporteros sin Fronteras, México tiene aún el triste puesto de país más peligroso del continente para los periodistas. Estas últimas semanas se han cometido numerosos ataques contra el gremio. El 6 de marzo de pasado en el estado de Oaxaca, en Santa Cruz Xoxocotlá, un grupo conformado por seis periodistas -José de Jesús Cortés, corresponsal del canal Cadena Tres; Arturo Pérez Alonso, fotógrafo de La Jornada; Jesús Cruz, de la agencia Oaxaca Hoy; Alejandro Villafañe, del diario El Imparcial; Othon García, del periódico Rotativo, y Esteban Marcial, del diario Noticias- padecieron la fuerte represión policíaca desplegada contra movimientos campesinos en un conflicto agrario. El caso suscitó vivas discusiones entre los poderes públicos locales. El caso de Brad Will, aún impune, permanece en la memoria.

Reporteros sin Fronteras también se preocupa por las amenazas de muerte que recibió recientemente Marco Tulio Castro, director de la revista Diez4, que se edita en la ciudad de Tijuana, ubicada en la frontera con Estados Unidos. El 6 de marzo apareció una docena mensajes escritos en los comentarios del portal digital de la revista que amenazaban al periodista y sus colaboradores con “descuartizarlos”. Marco Tulio Castro confió a Reporteros sin Fronteras que estas amenazas podrían estar relacionadas con la publicación de dos textos: un reportaje, con fecha del 8 de febrero, sobre un “narcotunel” construido bajo la frontera con Estados Unidos, y otro, una crónica que data del 17 de noviembre de 2011, sobre la situación de los migrantes deportados de Estados Unidos y que se quedan en Tijuana, viéndose obligados a trabajar en condiciones de presión para una empresa llamada Axiom Ventures.

Tras estas amenazas los redactores de Diez4 se vieron obligados a cambiar de domicilio y en adelante gozan de ciertas garantías de seguridad. También en Tijuana, a finales del mes de febrero, Adela Navarro, codirectora del semanario Zeta, fue amenazada por teléfono. El interlocutor dijo llamarse “El Melvin” o Melvin Gutiérrez Quiroz, temible asesino a sueldo del cártel de los Arellano Félix, mencionado en una editorial de la periodista. Esperando la respuesta de Adela Navarro a nuestra solicitud de contactarla, pedimos para ella la máxima protección teniendo en cuenta el peligro.

Fuente: Reporteros Sin Fronteras