Las autoridades chilenas deberían llevar a cabo una investigación oportuna, exhaustiva e imparcial del supuesto uso ilegítimo de la fuerza por parte de policías contra miembros de la comunidad indígena mapuche, señaló hoy Human Rights Watch. Los oficiales responsables del uso ilegítimo de la fuerza deberían rendir cuentas por su actuación, y se debería garantizar a los civiles heridos un recurso efectivo, expresó Human Rights Watch.

En dos incidentes ocurridos el 23 de julio de 2012, varios carabineros reprimieron con balas de goma a miembros de la comunidad Ignacio Queipul de Temucuicui, en Ercilla, sur de Chile, e hirieron a cuatro niños y varios adultos.

“El uso de balas de goma es aceptable únicamente en casos excepcionales, cuando las autoridades de seguridad pública deban enfrentarse a hechos de violencia y no puedan usarse otros medios menos violentos, o estos no resulten efectivos”, manifestó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “La información que trascendió sobre las circunstancias en que se produjeron estos enfrentamientos armados, como que se hayan visto involucrados niños, sugiere de manera preocupante que el uso de balas de goma en este caso no estuvo justificado”.

Los primeros disparos se produjeron cuando los carabineros desalojaron terrenos ocupados por miembros de esa comunidad en Ercilla. Según versiones de la prensa, en este hecho resultaron heridas nada menos que 12 personas, entre ellas un niño de 12 años.

Más tarde ese día, un grupo de carabineros habría disparado balas de goma contra varios mapuches que se encontraban afuera de un hospital en Collipulli, donde estaban recibiendo atención médica algunos detenidos que habían resultado heridos durante el operativo policial previo. Según una denuncia presentada por un testigo de la Defensoría Penal Mapuche, un organismo estatal que interviene en la defensa legal de miembros de esta comunidad, los carabineros que montaban guardia fuera del ingreso al hospital dispararon desde corta distancia contra mapuches que habían acudido a visitar a los heridos, sin que mediara provocación ni advertencia. Siete personas fueron heridas en el incidente, incluida una joven de 13 años y dos jóvenes de 17.

Un jefe policial declaró posteriormente que los mapuches se habían presentado armados con piedras y palos con la intención de rescatar a detenidos mientras estos eran trasladados desde el hospital hacia un autobús de la policía que estaba estacionado afuera del establecimiento.

Los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley establecen que las fuerzas de seguridad deben, en la medida de lo posible, aplicar medios no violentos antes de recurrir al uso de la fuerza. Cuando el uso de la fuerza es inevitable, los agentes de seguridad pública deberán ejercer moderación y actuar en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que pretende alcanzarse, y deberán reducir al mínimo los daños y lesiones.

Además de los disparos durante el desalojo, 12 personas, entre ellas tres niñas menores de 12 años, habrían sido golpeadas, insultadas y hostigadas sexualmente por carabineros mientras eran llevadas del lugar de los hechos en un autobús policial, según las declaraciones de testigos que transmitieron diversos medios de comunicación y las denuncias recibidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La investigación de la denuncia interpuesta por la representante de la Defensoría Penal Mapuche estará a cargo de un fiscal militar. Pese a las reformas implementadas recientemente en el sistema de justicia militar, conforme al derecho chileno los casos de delitos presuntamente cometidos por carabineros durante el ejercicio de sus funciones están sujetos a la jurisdicción de la justicia militar. Estos tribunales militares no cumplen los estándares internacionales sobre independencia e imparcialidad.

En algunos casos anteriores en que se disparó contra mapuches durante operativos policiales, la justicia dispuso la absolución de los responsables o aplicó penas excesivamente leves. Como resultado de esto, una investigación en el ámbito de la jurisdicción militar no permitirá cumplir el estándar del derecho internacional que exige garantizar a las víctimas un recurso efectivo, indicó Human Rights Watch.

“Las lesiones y los supuestos actos de hostigamiento merecen ser investigados en forma exhaustiva e imparcial, y si se determina que policías han efectuado un uso excesivo de la fuerza, deberían rendir cuentas ante la justicia por su conducta”, destacó Vivanco. “Lamentablemente, estos casos serán dirimidos por tribunales militares y esto no garantiza que las víctimas logren justicia”.