En toda América, las defensoras y los defensores de derechos humanos sufren niveles crecientes de intimidación, hostigamiento y ataques a manos de las fuerzas de seguridad, los grupos paramilitares y las bandas criminales, ha afirmado hoy Amnistía Internacional en un nuevo informe.

El informe, titulado Transformar dolor en esperanza: Defensoras y defensores de derechos humanos en América, se basa en unos 300 casos de intimidación, hostigamiento, ataques y asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos en una decena de países, ocurridos principalmente entre enero de 2010 y septiembre de 2012.

“En casi todos los países de América se somete sistemáticamente a las defensoras y los defensores de derechos humanos a hostigamiento, ataques y cargos penales infundados con el fin de impedirles defender los derechos de las personas más marginadas”, ha declarado Nancy Tapias Torrado, investigadora de Amnistía Internacional sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos en América.

En todo el continente americano, las defensoras y los defensores han sido tildados públicamente de “ilegales”, “ilegítimos”, “sin escrúpulos” o incluso “inmorales”. También se los ha acusado de ser delincuentes, corruptos, mentirosos, buscapleitos o subversivos, de defender a delincuentes y de apoyar a grupos guerrilleros. Estas críticas públicas han sido proferidas tanto por funcionarios del gobierno como por actores no estatales.

“Hombres y mujeres que trabajan para proteger los derechos humanos también están en la mira, pues poderosos intereses económicos y políticos los perciben como un obstáculo a proyectos de desarrollo de gran envergadura”, ha dicho Nancy Tapias Torrado.

Entre las personas que son blanco especial de ataque están quienes trabajan en cuestiones relativas a la tierra y los recursos naturales, los derechos de las mujeres y de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexo, y los abusos contra las personas migrantes, quienes trabajan para que se haga justicia por los abusos cometidos contra los derechos humanos, así como periodistas, blogueras y blogueros y sindicalistas.

De los casi 300 casos analizados por Amnistía Internacional, sólo en 4 se declaró culpables a los autores materiales.

Casi la mitad de los incidentes documentados por Amnistía Internacional tuvieron lugar en el contexto de disputas de tierras, en países como Brasil, Colombia y Honduras, muchas veces relacionadas con proyectos de desarrollo de gran envergadura dirigidos por empresas privadas.

En países como Cuba y México, defensoras y defensores sufren hostigamiento judicial, son detenidos sobre la base de pruebas deficientes, o pesan durante años cargos falsos contra ellos porque se dictan órdenes de detención que luego no se ejecutan.

Los defensores indígenas de derechos humanos José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, de Puebla, México, quedaron en libertad el 28 de noviembre de 2012, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación anulase la declaración de culpabilidad dictada injustamente contra ellos.

El 12 de julio de 2010, José Ramón y Pascual habían sido condenados a siete años de prisión por el robo de un vehículo.

La denuncia había sido presentada por un miembro del grupo del cacique local que durante muchos años había restringido el acceso al agua y cobraba por la toma de agua lo equivalente al salario de cuatro meses de muchos de los integrantes de la comunidad. Los dos defensores habían luchado para hacer llegar canalizaciones principales de agua hasta los hogares.

La decisión de la Suprema Corte sobre este caso confirma la conclusión de Amnistía Internacional de que la causa emprendida contra estos defensores era una total injusticia.

En varios países de América, las defensoras de derechos humanos que hacen campaña en cuestiones como la violencia contra las mujeres han sufrido violaciones, amenazas de violación e intimidación, o se ha amenazado a sus familiares.

El 9 de noviembre de 2011, un hombre y una mujer armados entraron en casa de la defensora de derechos humanos Jackeline Rojas Castañeda en Barrancabermeja, Colombia. El hombre y la mujer obligaron, pistola en mano, a Jackeline y a su hija de 15 años a permanecer en habitaciones separadas. Le dijeron que matarían a su hija si gritaba o trataba de pedir ayuda.

Luego ataron a Jackeline, la amordazaron y le rociaron el cuerpo y la ropa con pintura roja. Los asaltantes exigieron repetidamente información sobre el paradero de su hijo y su esposo, que es líder sindical. Además, se llevaron de la casa dos computadores portátiles, lápices USB, teléfonos celulares y documentos.

El 10 de noviembre, Jackeline -integrante destacada de la Organización Femenina Popular- acudió a denunciar el ataque a la Fiscalía General. En un principio, el personal no aceptó la denuncia, alegando que ella se había inventado el ataque.

“Cuando las autoridades no protegen a quienes trabajan para defender los derechos humanos de todas las personas y no investigan los ataques perpetrados contra ellos, transmiten el mensaje de que se toleran los ataques”, ha afirmado Nancy Tapias Torrado.

“Los gobiernos deben garantizar que las defensoras y los defensores de derechos humanos disfrutan de protección integral, que incluyen, como mínimo, reconocer la importancia y la legitimidad de su trabajo, investigar plenamente los abusos a los que se enfrentan y proporcionar medidas efectivas de protección.”