En México, informar sobre la realidad del país sigue siendo una actividad peligrosa. El 4 de marzo de 2013 Reporteros sin Fronteras presentó sus recomendaciones al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ver el documento que aparece abajo), que estudiará el caso de México en la 17a sesión del Examen Periódico Universal (21 de octubre - 1 de noviembre de 2013).

En este documento Reporteros sin Fronteras explica cómo en los estados de San Luis Potosí (centro-norte) y Tamaulipas (noreste), el crimen organizado y los gobiernos locales -en algunos de los cuales se han infiltrado los cárteles de la droga- continúan amenazando el trabajo de los periodistas y netciudadanos que se atreven a denunciar la violencia y la corrupción ligadas al narcotráfico.

En San Luis Potosí, en estos últimos meses, varios periodistas del diario regional Pulso han sido víctimas de una “campaña de odio anónimo” en las redes sociales, atribuida al Gobierno del Estado de San Luis Potosí y denunciada en la edición del periódico del 19 de febrero pasado. También se han publicado mensajes de carácter difamatorio y calumnioso en cuentas anónimas de Twitter (@zacahuilhuastec, @MaestraRevoluci, @EmprendedorSLP, @elena__morado, @grillopotosino). El 20 de diciembre de 2012 el coordinador editorial del periódico, Jaime Hernández López, fue atacado directamente en un blog Wordpress, en el que se hacía referencia a su “pobre formación ética”.

Pulso acusa a la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado, bajo la dirección de Juan Antonio Hernández Varela, de haber creado cuentas en las redes sociales con el fin de desacreditar a los periodistas, tras la publicación de textos “incómodos” para el gobierno en materia de inseguridad.

Para sustentar sus acusaciones, el diario publicó el 20 de febrero un video (ver aquí abajo) en el que se escucha a Juan Antonio Hernández Varela ordenando a sus colaboradores que creen cuentas falsas en las redes sociales, con el fin de sacar provecho de “la libertad del lodazal” que propician las redes sociales, para responder a las “embestidas”. Hernández Varela renunció al cargo el 4 de marzo, pero no hubo información oficial del motivo del cambio. Se designó un sustituto, Roberto Naif Kuri.

Reporteros sin Fronteras hace un llamado a las autoridades para que dejen de utilizar las redes sociales para desacreditar a los periodistas. Estos no hacen sino realizar su trabajo -que incluye la investigación de temas que pueden incomodar para las autoridades- a fin de informar lo mejor posible a los ciudadanos. Las redes sociales deben ser utilizadas para informar, no para desinformar a la población.

Por otra parte, Reporteros sin Fronteras expresa su gran preocupación por las amenazas que recibió el administrador de la página Facebook “Valor por Tamaulipas”, cuya única falta ha sido precisamente informar a sus compatriotas sobre hechos de violencia relacionados con el narcotráfico registrados en el estado de Tamaulipas. Actos de violencia ligados a la guerra que libran los cárteles de la droga desde 2004 por el control del territorio.

El 13 de febrero de 2013 en Ciudad Victoria, capital del estado de Tamaulipas, se puso precio a la cabeza del administrador de esta página, creada el 1 de enero de 2012. Se ofreció nada menos que 600.000 pesos -cerca de 50.000 dólares- a quien proporcione información que permita identificar al bloguero o a miembros de su familia. El bloguero, a quien los cárteles de la droga -como el Cartel del Golfo a través de la página Facebook “Antivalor por Tamaulipas” (creada el 11 de julio de 2012)- ya han inquietado varias veces, señaló a la AFP que la amenaza podría provenir “de autoridades corruptas” ligadas, esta vez, al cártel de Los Zetas. El bloguero dijo a Reporteros sin Fronteras que lo amenazan por haber denunciado en su página Facebook -seguida por 169.000 personas- “lo que pasa en este estado”, pues considera que el gobierno de Tamaulipas colabora directamente con el crimen organizado.

Desde hace años las redes sociales se han convertido en las únicas fuentes de información sobre esta guerra. De hecho, los medios de comunicación tradicionales han renunciado -a veces públicamente- a hablar de los estragos relacionados con el narcotráfico para proteger la vida de sus periodistas, tras el asesinato de algunos de ellos. Por otro lado, el estado de Tamaulipas es conocido en México por ser una “zona de silencio”. Un silencio que intentan colme a los blogueros, que se han convertido a su vez el blanco del crimen organizado. Fue el caso de la periodista María Elizabeth Macías, quien tenía un blog bajo el seudónimo "la Nena de Nuevo Laredo", en el que denunciaba las acciones del narcotráfico; la encontraron decapitada el 24 de septiembre de 2011.

El gobierno federal habría establecido un acuerdo con las autoridades estatales para que no se divulgue información sobre hechos de violencia, según una declaración que hizo el Gobernador del Estado de Colima, Mario Anguiano Moreno, a finales de enero de 2013. ¿El objetivo? Reducir el sentimiento de inseguridad que reina en el país.

Reporteros sin Fronteras menciona estos diferentes casos entre las recomendaciones que serán examinadas en la 17a sesión del Examen Periódico Universal. La organización hace un llamado al país para que realice una reforma a profundidad de su sistema judicial, con el fin de luchar contra la impunidad y ofrecer una protección real a los periodistas y blogueros. Reporteros sin Fronteras incita también a las autoridades a que refuercen las medidas de seguridad y de protección de datos personales en Internet, para que el uso de las redes sociales no se convierta en una fuente de peligro.

Recomendaciones presentadas por Reporteros sin Fronteras al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que examinará el caso de México en la 17a sesión del Examen Periódico Universal (archivo en inglés):