Los funcionarios del gobierno hondureño deberían repudiar públicamente las críticas vertidas recientemente contra dos líderes de organizaciones no gubernamentales, señaló hoy Human Rights Watch. Los funcionarios deberían garantizar el derecho a informar abiertamente violaciones de derechos humanos y expresar opiniones e inquietudes con respecto a las elecciones que se celebrarán próximamente en el país.

El 5 de noviembre de 2013, durante una edición del programa de debates de la televisión hondureña “Frente a Frente”, el anfitrión, Renato Álvarez, leyó un supuesto cable diplomático que se había filtrado y que habría sido enviado por el embajador de Honduras en Estados Unidos , Jorge Ramos Hernández Alcerro, al Presidente Porfirio Lobo. El supuesto cable contenía comentarios negativos sobre la participación de estos líderes en una reunión ante el Congreso en Washington. El gobierno de Lobo no ha negado ni confirmado la autenticidad del cable.

“Si el cable es genuino, representaría un cínico desprecio por parte de un funcionario hondureño ante los derechos y el bienestar de líderes de comunidades de base en un país afectado por la violencia política”, comentó José Miguel Vivanco , director para las Américas de Human Rights Watch. “Con independencia de cuál sea su origen, el gobierno debería repudiar de manera inequívoca los comentarios expuestos en el cable y enfatizar que el derecho a la libertad de expresión incluye la manifestación de críticas sobre el proceso electoral y las condiciones de derechos humanos, ya sea en Honduras o ante miembros y personal del Congreso de Estados Unidos”.

En el programa, Álvarez dijo que el presunto cable contenía un análisis de una reunión organizada el 29 de octubre en Washington, que fue copatrocinado por un bloque del congreso estadounidense y en el cual se abordaron temas vinculados con las próximas elecciones en Honduras y El Salvador . Las elecciones en Honduras están programadas para el 24 de noviembre.

Entre los panelistas se encontraban los coordinadores de dos organizaciones no gubernamentales de derechos humanos hondureñas: Bertha Oliva del Comité de Familiares Detenidos-Desaparecidos de Honduras (COFADEH), una organización destacada de derechos humanos, y Víctor Fernández del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), una organización que se dedica a combatir la corrupción.

En la transmisión, el anfitrión del programa leyó numerosos párrafos del supuesto cable, incluido el siguiente: “con la participación de Bertha Oliva y Víctor Fernández queda comprobada la conspiración de ONGs y hondureños contra el proceso electoral en Honduras”.
El presunto cable también contenía un resumen de los comentarios formulados por Bertha Oliva en el panel, incluido el señalamiento de que en Honduras las violaciones de derechos humanos, la corrupción y la impunidad eran fenómenos generalizados y que se había perseguido a miembros de un partido político de oposición. El cable también indicaba que en la mencionada reunión Bertha Oliva había expresado la necesidad de que Honduras se apartara del sistema político bipartidista.

Tras leer partes del supuesto cable, el anfitrión pidió que cuatro invitados al programa aportaran sus comentarios. Tres son candidatos que competirán por bancas en el Congreso en las próximas elecciones y el otro ya ocupa actualmente un escaño en el Congreso y se postula a reelección. Los cuatro criticaron severamente los comentarios de Bertha Oliva y la desacreditaron por haber expresado su opinión con respecto a las elecciones.

Es común que defensores de derechos humanos en Honduras sean objeto de persistentes actos de violencia y amenazas. Tras el asesinato en septiembre de 2012 del reconocido defensor de derechos humanos y abogado Antonio Trejo, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, indicó: “Existe un clima amenazante de inseguridad y violencia en Honduras, y los defensores de derechos humanos son blanco de amenazas, intimidación, agresiones físicas y asesinatos. La impunidad ante estas violaciones es inaceptable”. La Alta Comisionada también exhortó al gobierno de Honduras a “adoptar urgentemente medidas para hacer frente a la vulnerabilidad que sufren los defensores de derechos humanos”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha otorgado en dos oportunidades medidas “cautelares” de protección en favor de Bertha Oliva.

“Expresar opiniones sobre asuntos de importancia nacional, ya sean las condiciones de derechos humanos o las alternativas políticas, es un aspecto elemental de una sociedad democrática y un derecho que debería ser plenamente garantizado por el gobierno”, opinó Vivanco. “Tergiversar la manifestación de opiniones para sugerir que pretenden atentar contra el proceso electoral, especialmente en un contexto en que los líderes de la sociedad civil están ya expuestos a amenazas y agresiones, no hace más que agravar los riesgos que estos enfrentan”.