El ex presidente argentino Carlos Menem (1989-1999) fue procesado por la Justicia por presunto encubrimiento en la investigación del atentado terrorista perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la sede de una mutualista judía en Buenos Aires, en el que murieron 85 personas.

Según informó el Centro de Información Judicial (CIJ), el juez federal Ariel Lijo procesó sin prisión preventiva al ex mandatario y a otras seis personas "por obstruir la investigación de la llamada pista siria o pista iraní por el atentado" contra el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

El ex jefe de Estado y su hermano Munir Menem fueron procesados por ser considerados "instigadores de los delitos de encubrimiento, falsedad ideológica -reiterada en ocho oportunidades-, violación de medios de prueba y abuso de autoridad", informó el CIJ.

El magistrado también procesó a Juan José Galeano, quien tuvo a su cargo por diez años la etapa de instrucción en la causa abierta por el atentado, por considerarlo autor de los delitos de encubrimiento, prevaricación, violación de medios de prueba y abuso de autoridad.

Según Lijo, se ha podido acreditar que Carlos Menem, de familia de origen sirio, "en connivencia" con su hermano Munir, a partir del 1 de agosto de 1994 tuvieron una "determinante incidencia" en el proceso judicial que dirigía Galeano.

De acuerdo con la investigación, con anterioridad al 31 de julio de 1994 existía en el expediente "un marco probatorio" que conducía a allanamientos domiciliarios y la intervención de las líneas telefónicas de la familia de Kanoore Edul.

Alberto Kanoore Edul era un comerciante de origen sirio que, según revelaron escuchas telefónicas, tuvo vinculación con Carlos Telleldín, quien fue detenido tras comprobarse que por sus manos pasó la camioneta utilizada como coche-bomba para el atentado.

El fiscal del caso, Alberto Nisman, había denunciado un "plan deliberadamente ideado" para proteger a Kanoore Edul, quien, según las actuaciones, habría planificado el atentado junto al ex agregado cultural de la embajada iraní en Buenos Aires Moshen Rabbani.

Lijo consideró que "al momento de efectuar los allanamientos existió una contraorden que determinó la necesidad de incumplir dichas medidas", con la finalidad, en parte, de "proteger a la familia Kanoore Edul y obstaculizar el descubrimiento de prueba relevante para la imputación de miembros de esta familia".

El dictamen del juez señala que en los días posteriores al atentado los principales responsables de la investigación y Galeano tomaron medidas para "evitar la incorporación al expediente de las circunstancias que evidenciaran la ilegalidad de su actuar" y "se dejaron sin efecto deliberadamente" las intervenciones telefónicas ordenadas a la familia Kanoore Edul.

Además, agregó Lijo, se destruyeron u ocultaron los registros de comunicaciones telefónicas.
"Tales maniobras redundaron en un evidente entorpecimiento de la investigación, en particular, en una de las hipótesis más relevantes que se relacionaba con la corroboración de la participación de una conexión internacional en el atentado a la AMIA. Entorpecimiento, que se mantuvo a lo largo de los años", afirmó el magistrado.

Lijo también procesó a Hugo Anzorreguy, ex titular de los servicios secretos argentinos, por considerarle partícipe necesario del delito de encubrimiento, autor del delito de abuso de autoridad y coautor del delito de falsedad ideológica en cinco oportunidades.

Otros de los procesados son los ex policías Jorge Palacios y Carlos Antonio Castañeda, y Juan Carlos Anchezar, antiguo miembro de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

Lijo ordenó además embargar los bienes de los acusados por 300.000 pesos (unos 78.000 dólares).

El atentado contra la AMIA fue el segundo de los ataques terroristas perpetrados contra intereses judíos en Argentina, donde en 1992 explotó una bomba frente a la embajada de Israel en Buenos Aires y causó la muerte de 29 personas.

Fuente: LaRazon.es