Las autoridades de San Pablo deberían llevar a cabo una investigación oportuna, exhaustiva e imparcial de los señalamientos que indican que policías habrían colocado evidencias falsas de delitos a dos manifestantes detenidos el 23 de junio de 2014, indicó hoy Human Rights Watch.

“Los manifestantes que participen en actos vandálicos y de violencia deberían responder por su comportamiento”, observó Maria Laura Canineu, directora para Brasil de Human Rights Watch. “Pero también deberían hacerlo los policías que siembren pruebas falsas y acusen deliberadamente a manifestantes de delitos que saben que no cometieron”.

El 23 de junio, Fábio Hideki Harano, de 26 años, y Rafael Marques Lusvarghi, de 29, fueron detenidos por policías de civil durante una manifestación mayormente pacífica que tuvo lugar en San Pablo. La Policía afirmó que en la mochila de Harano se encontró un explosivo de fabricación casera, y que Lusvarghi llevaba una “botella de yogur que desprendía un fuerte olor a gas”. Ambos fueron arrestados por tenencia de armas ilícitas, resistencia a la detención, complicidad para delinquir, “incitación al delito” y “desacato de la autoridad policial”.

Sin embargo, el abogado de Harano señaló en declaraciones a los medios de comunicación que no había armas en la mochila de su cliente, y esta afirmación coincide con la versión de los hechos transmitida a Human Rights Watch por el sacerdote Julio Lancellotti, un conocido defensor de derechos humanos que se encontraba presente en el momento de la detención. “Estaba ingresando a la estación del metro cuando vi que dos agentes de la policía se acercaban a Harano y abrían su mochila”, dijo el sacerdote Lancellotti a Human Rights Watch. “Sacaron una máscara antigás y un paquete de galletas, pero no había explosivos”.

Human Rights Watch también examinó una grabación de video del momento en que los policías revisan la mochila, la cual parece confirmar lo señalado por el sacerdote y el abogado de Harano.

Harano y Lusvarghi permanecen detenidos en la cárcel de Tremembé y la dependencia policial octava, respectivamente, ambos en régimen de prisión preventiva, pero ninguno ha sido acusado formalmente. La versión policial de las detenciones, que fue examinada por Human Rights Watch, indica que los policías decidieron revisar a Harano tras ver que se comportaba como el “líder de un grupo que estaba a punto de comenzar a destruir propiedad privada”. Lusvarghi fue seguido debido a que “mantuvo un diálogo cercano con Harano”, asevera el informe policial.

El 26 de junio, la justicia autorizó la detención de Harano y Lusvarghi sobre la base de que “si bien ninguno de ellos tiene antecedentes, disponer su liberación supondría una amenaza para el orden público”. Sin embargo, la Defensoría Pública de San Pablo indicó a Human Rights Watch que el juez simplemente se limitó a confirmar la versión policial de los hechos, y no tuvo en cuenta testimonios ni otras evidencias que favorecían a los detenidos. Ni Harano ni Lusvarghi han sido llevados personalmente ante el juez para que se autorice su detención. La Defensoría Pública planteó ayer un recurso de hábeas corpus ante el Superior Tribunal de Justicia pidiendo la liberación de Harano y Lusvarghi. Los hombres deben ser acusados penalmente o liberados dentro de los 15 días posteriores a su detención.

“Los gobiernos tienen la obligación de detener ataques violentos contra policías y propiedad pública y privada”, manifestó Canineu. “Sin embargo, a menos que las autoridades de San Pablo aporten pruebas creíbles de que Harano y Lusvarghi incurrieron en delitos, ambos deberían ser liberados en forma inmediata e incondicional”.