Ejercer el periodismo en Colombia y América Latina es una actividad riesgosa. Los periodistas, al igual que los defensores de derechos humanos, los sindicalistas, los desplazados, entre otros, han sido sectores tradicionalmente afectados por el conflicto armado. Por ello, el Estado tiene una obligación de especial protección sobre ellos. Pese a esta garantía constitucional la situación de los periodistas colombianos sigue siendo vulnerable: Colombia es el país de América Latina con más asesinatos de periodistas por razones del oficio en los últimos 30 años.

Entre 2003 y 2006, el gobierno colombiano implementó un proceso de desmovilización de 37 grupos armados que integraban la violenta y mafiosa coalición paramilitar conocida como las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia). Según el gobierno, el proceso fue exitoso, ya que más de 30.000 personas participaron en ceremonias de desmovilización, se comprometieron a cesar actividades delictivas y se sumaron a programas de reinserción que les ofrecían capacitación, empleo y estipendios. Desde entonces, el gobierno ha afirmado en reiteradas oportunidades que ya no existen paramilitares en Colombia. Sin embargo, poco después de la finalización del proceso de desmovilización, surgieron grupos sucesores en todo el país que continuaron las actividades delictivas que anteriormente habían desarrollado grupos bajo el mando de las AUC.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la organización guerrillera más antigua de América Latina, afrontan una presión muy fuerte. Los casi siete años de presidencia de Uribe han afectado la capacidad y la moral del movimiento. Varios altos comandantes han sido capturados, muertos en combate, asesinados por sus propios hombres o han fallecido de causas naturales, como fue el caso de Manuel Marulanda, líder histórico de las FARC. Miles de guerrilleros rasos han desertado, reduciendo el pie de fuerza de la organización casi a la mitad, hasta quedar unos 10.000 en la actualidad. Sin embargo, bajo su nuevo líder, Alfonso Cano, las FARC han demostrado una cohesión interna renovada y una capacidad persistente de adaptarse a los cambios en el entorno de seguridad.

Este informe de 148 páginas, titulado "¿Rompiendo el Control? Obstáculos a la Justicia en las Investigaciones de la Mafia Paramilitar en Colombia", evalúa los avances logrados por Colombia en la investigación de la influencia de las mafias paramilitares. Asimismo, el informe critica medidas y acciones del gobierno que atentan gravemente contra la continuidad de dichos avances. El informe se elaboró a partir de múltiples entrevistas con fiscales e investigadores, el examen de declaraciones de testigos, así como de otros materiales recabados durante más de un año de investigación en Colombia.

El 2 de julio vivimos un nuevo amanecer para Colombia. Vivimos la liberación, gracias a una limpia y espléndida operación del Ejército de Colombia, de quince compatriotas nuestros que llevaban años secuestrados por los narcoterroristas de las FARC. Vivimos la liberación de Ingrid Betancourt y pudimos felicitar a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestros servicios de inteligencia y a nuestro Gobierno por una operación de rescate en la que no se disparó ni un solo tiro. Vivimos un nuevo amanecer en el que Colombia, como todas las grandes democracias del mundo, puede defender su determinación de vencer al terror, de ganar la libertad y debe estar muy orgullosa por ello.