Los relatores de la ONU y la la Organización de los Estados Americanos (OEA) para la libertad de expresión proporcionaron una severa sanción al Gobierno mexicano en materia de libertad de expresión por la "impunidad general" ante las muertes de periodistas y exigieron que se proteja al colectivo. "El pleno goce de la libertad de expresión en México enfrenta graves y diversos obstáculos", se expuso en el informe.

La violencia que genera la lucha contra el narcotráfico en México ha empeorado la situación de los periodistas, quienes en algunas partes del país viven un creciente clima de agresiones e intimidación e incluso son víctimas de asesinatos y secuestros. Comunidades enteras de varios estados están silenciadas, porque los medios de comunicación locales decidieron autocensurarse por miedo a represalias de la delincuencia organizada, señala una misión enviada a México. Pero la violencia por el narcotráfico no es el único obstáculo para la libertad de expresión. Como en otros países de América Latina, en México existe una alta concentración en la propiedad y control de televisoras y estaciones de radio, lo cual favorece la existencia de monopolios.

Los relatores especiales para la libertad de expresión de la ONU, Frank La Rue, y de la OEA Catalina Botero, recomendaron a México establecer un mecanismo nacional de protección a periodistas, capacitar a las fuerzas de seguridad y fortalecer su fiscalía especial para atender delitos vinculados contra la libertad de expresión, bajo la premisa de que las agresiones contra los comunicadores provoca "zozobra y autocensura" que impide a la sociedad ejercer su derecho a estar informada. El Ministerio de Relaciones Exteriores asimismo dijo compartir la preocupación de los relatores y ofreció establecer "los mecanismos más adecuados" para el seguimiento e implementación de las recomendaciones.

Los relatores validaron además las cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) -elaboradas para una de sus recomendaciones, aún cuando no es su cometido- que cuantifican 64 periodistas muertos y 11 desaparecidos desde 2000, acciones atribuidas al crimen organizado. Otras fuentes mencionan más de 70 asesinatos, 10 de ellos este año.

Durante la visita a México, la primera que la ONU y la OEA realizan de manera conjunta a un país de Latinoamérica, los relatores se encontraron con representantes de más de 40 instituciones públicas y más de 100 periodistas y representantes de la sociedad civil, además de que viajaron a algunos de los estados que han registrado ataques a comunicadores y que también son de los más afectados por la violencia del narcotráfico, como Chihuahua, Sinaloa y Guerrero.