El relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la libertad de expresión, Frank La Rue, de visita en Ciudad Juárez, ha señalado ayer que como los cárteles de las drogas en México llevan a cabo ahora una política informativa, ya que buscan tener publicidad para señalar cual es su territorio, ello hace más vulnereables a los periodistas.

Pero… ¿Más vulnerables comparado con qué? No lo dijo La Rue a pesar de que los periodistas de ese municipio con los que se reunió le refirieron que por lo menos el 80 por ciento de los comunicadores que trabaja en los estados de más alto riesgo en el país, léase las entidades federativas del norte más los que laboran en Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Guerrero, entre otros, no cuentan siquiera con las prestaciones básicas que según la ley deben otorgar las empresas periodísticas a sus trabajadores, no hablemos ya de la seguridad física de esos profesionales en el trabajo.

A eso debemos agregar que según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 64 periodistas han sido asesinados en la última década, muchos de ellos supuestamente a manos del crimen organizado, y 11 más que permanecen desaparecidos sin que ninguna autoridad se haya dignado a ofrecer a sus familias o a la sociedad una investigación seria sobre cada caso.

En tales escenarios, entonces, la labor de los hombres de prensa que recorren la calle para proveer a su empresa del registro fidedigno de cada acontecer se torna cada vez más peligrosa, especialmente si se trata de informar de un delito cometido por el crimen organizado, lo que muchas (pero muchísimas) veces los hace presas de orecimientos pecuniarios de los mismos grupos delincuenciales para que no informen sobre lo que se les prohibe bajo amenaza a sus vidas y la de sus familias.

En esa situación -nos informó alguna vez una autoridad responsable de la seguridad pública en la Comarca Lagunera- "se encuentra toda la prensa de la región" por lo

que en los diarios de circulación nacional no se conoce con exactitud el número real de atentados y de víctimas a causa del crimen en el norte del país. La misma situación -afirmamos- es válida para muchos estados.

Por eso cuando en esa parte del país se perpetró hace semanas un ataque con explosivos a un diario regional el comentario en todos los municipios involucrados en la Laguna fue que los del cártel del Pacífico quisieron dejar un mensaje eplosivo a los periodistas que en ese medio operaban para los "zetas".

De hecho la información de que delincuentes presos (del cártel del Pacífico) supuestamente salían de la cárcel de Gómez Palacio a cometer fechorías en Torreón (contra los "zetas") fue producto de la trasmisión de un video elaborado por los "zetas" para incriminar a funcionarios públicos vinculados a sus opositores. Y cuando aparecieron nuevos videos con información contraria que afectaba a funcionarios policiales de Coahuila se produjo el secuestro de 4 periodistas de la región para presionar su difusión en los medios nacionales.

Afortunadamente, como en ese caso se involucró a periodistas de Televisa hasta el Presidente, Felipe Calderón Hinojosa, hizo uso de sus facultades para colaborar en su rescate y fue el mismo primer mandatario quien dio el anuncio de la liberación al editor de Milenio, Ciro Gómez leyva, sin duda para que se le agradezca periodísticamente que haya actuado conforme está obligado por su cargo el más alto funcionario de la Nación.

Pero no todos los reporteros del país trabajan para Televisa ni muchos están dispuestos a limitar permanentemente su trabajo a pesar de las amenazas, pero lo cierto de todo es que hoy por hoy los reporteros del país, casi sin excepción, se encuentran más solos que nunca desarrollando su labor en la que se ha constituido ya, de lejos, en la plaza periodística más peligrosa del planeta.