Hank está libre y su detención, a diferencia de lo que decíamos aquí la semana pasada, no ayudó en nada a desterrar de la política la corrupción y la impunidad. No hubo un enfrentamiento de las élites políticas que por la tensión de la competencia electoral se dieran un golpe entre ellas y desenmascararan prácticas que suelen tolerar. Nada de eso. Aquí lo único que hubo fue una torpeza increíble que deja al descubierto al Ejército, a la Procuraduría General de la República y a las autoridades estatales, y que contribuye a desprestigiar, aún más, a las instituciones frente a toda la sociedad.

La juez noveno de Distrito en el estado de Baja California, Blanca Evelia Parra Meza, dejó libre a Jorge Hank Rhon porque consideró que la puesta a disposición hecha por el Ejército, es decir, la narración que hicieron los militares cuando entregaron a los inculpados a la PGR -sobre cómo ocurrieron los hechos, dónde detuvieron a los acusados y cómo se encontraron las armas- no se sostenía. La juez lo habría corroborado en una inspección ocular del lugar. ¿Qué quiere decir esto? Varias posibilidades:

Que el Ejército se metió a casa de Jorge Hank Rhon sin una orden de cateo y sin que hubiera flagrancia. Es decir, que de forma ilegal allanó un domicilio particular.

(Si se atreven a hacer eso en la casa de un hombre poderoso como Hank Rhon no es difícil imaginar la garantía que tenemos todos los demás de que no nos ocurra lo mismo).

Que el Ejército incurrió en muchas contradicciones a la hora de explicar exactamente dónde y cómo encontró a cada uno de los detenidos y las 88 armas y los más de 9 mil cartuchos que presentaron. ¿Simple torpeza de los militares a la hora de hacer una narración precisa en tiempos y lugares o se abre la posibilidad aterradora de que las armas nunca hayan estado ahí? A nadie escapa la gravedad de esta posibilidad.

Que la PGR no frenó en seco la averiguación al constatar la debilidad de la narración de los militares y se expuso, ¿por razones políticas?, a un revés al hacer suyas las acusaciones.

Se puede, desde luego, poner en tela de juicio a la juez Blanca Evelia Parra Meza. Sin duda, y presionada por una defensa de una calidad que no suele tener ningún mexicano, fue inusualmente estricta a la hora de corroborar el parte del Ejército. Si a usted o a mí el Ejército nos presenta con 88 armas y 9 mil cartuchos, ¿el juez se pondría a constatar minuciosamente si la narración que hacen los militares es verosímil? Debería hacerlo siempre, pero no suelen hacerlo nunca; imposible, sin embargo, quejarnos de eso. En segunda instancia sabremos si actuó con probidad.

La juez ni siquiera entró a considerar la acusación de acopio de armas porque al no sostenerse la narración de los militares lo demás se desecha porque es prueba ilícita.

Lo decíamos la semana pasada: para detener a alguien como Hank se necesita que el delito exista y que se proceda de forma impecable, y eso fue lo que no hicieron. Lejos de asestar un golpe contra la impunidad o contra un adversario, la torpeza o el desaseo del Ejército y de la PGR van a confirmar en muchos que la justicia no es igual para todos y que los que nos gobiernan hoy no son ni mejores ni más honestos que cualquiera que nos haya gobernado en el pasado.

La burla: que en un país como el nuestro, en donde hay personas condenadas por testimonios dudosos, esté libre y en la calle un hombre en cuya casa el Ejército y la Procuraduría General de la República dicen haber encontrado 88 armas, 78 sin permiso, 49 de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y dos que, se presume, fueron utilizadas en sendos asesinatos en Baja California.

El ridículo: la Procuraduría de Baja California tratando de impedir que Hank Rhon quedara libre y acusándolo precipitadamente de ser el autor intelectual de un asesinato con base en un supuesto testigo. Ahora dormirán aterrados imaginando a un Hank fortalecido por esos errores disputándoles la gubernatura del estado.

Fuente: ElUniversal.com.mx