En estos días se está llevando a cabo un proceso interesante en Ginebra en donde el Comité de Naciones Unidas contra la Discriminación (CERD) se encuentra revisando el desempeño de México en el cumplimiento de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.

México firmó esa convención en 1966 y su entrada en vigor se dio en 1969. Veinticinco años después, a finales del siglo XX la erradicación de la pobreza se habían convertido en objeto central de programas y políticas públicas. En la agenda pública social mexicana no aparecía como un problema la discriminación. No nos reconocíamos como un país profundamente discriminador.

Fue hasta 1994, cuando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional colocó en los medios de comunicación el tema indígena y el reclamo de los derechos de los pueblos indios, que nos percatamos de lo profundamente racistas que somos los mexicanos.

La Convención mencionada establece que la discriminación racial y cito su artículo primero “denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública”

Por su parte, la Declaración sobre la Raza y los Prejuicios Raciales aprobada por la UNESCO en 1978 prohíbe que las posibles diferencias entre los pueblos, tales como los factores geográficos, históricos, políticos, económicos, sociales y culturales, originen jerarquizaciones entre naciones y pueblos, de modo tal que cualquier teoría basada en una supuesta superioridad o inferioridad propia de grupos raciales o étnicos que dé a unos el derecho de dominar o eliminar a los demás, presuntos inferiores, o que haga juicios de valor basados en una diferencia racial, carece de fundamento científico y es contraria a los principios morales y éticos de la humanidad.

Bajo estos principios es de reconocer que los indígenas mexicanos han sufrido por siglos y aún padecen en la actualidad una violencia estructural derivada de su desconsideración como personas, pueblos y comunidades con dignidad y derechos plenos; que han sido históricamente despojados, explotados y subordinados por mestizos, blancos y extranjeros desde la Colonia; y que sus altos niveles de pobreza, sus precarios niveles de salud y educación y su inserción en ocupaciones de bajos ingresos, son provocados por una sociedad dominante que los excluye y les niega su derecho a la igualdad en la diferencia y el reconocimiento a la diversidad de formas de vida. Por años, han sido tratados como presuntos inferiores, lo que ha provocado que muchos jóvenes indígenas se alejen de sus costumbres, no quieran hablar lengua, ni usar las vestimentas propias de sus pueblos.

No nos damos cuenta que esto significa además de una profunda injusticia, una enorme pérdida de riqueza cultural, que nos empobrece a todos.

Es por ello que el Comité de Naciones Unidas contra la Discriminación en sus recomendaciones al Estado Mexicano señala su especial preocupación por las condiciones en que viven los pueblos y comunidades indias, su falta de acceso a la justicia ante una cultura y sistema jurídicos que les es ajeno; su exclusión de la participación en el gobierno y en la dirección de los asuntos públicos de cualquier nivel y la omisión de ser consultados cuando sus tierras y sus recursos van a ser afectados por mega-proyectos o como está ocurriendo por concesiones otorgadas a empresas mineras o turísticas.

Otros dos grupos de especial preocupación para el Comité son la población afro-descendiente y los migrantes. La primera cuya presencia en México es desconocida para la mayoría, como lo señala CONAPRED y sufre de invisibilidad y por lo tanto de la total ausencia de programas y políticas públicas dirigidas a sacarla de su exclusión y marginalidad.

Por su parte, los migrantes cuyos números aumentaron fuertemente durante la administración de Vicente Fox, se han convertido en un grupo altamente vulnerable y con un elevado riesgo a ser violentados tanto por un creciente sentimiento xenofóbico de los habitantes de algunas comunidades por las que tienen que transitar, como por el inhumano abuso de que son objeto por los grupos criminales. La aparición de fosas clandestinas en el norte del país, con varias decenas de cuerpos de migrantes asesinados de manera brutal, son muestra de los bajos niveles de humanidad en que nos encontramos.

Es así que la discriminación racial va ocupando paulatinamente su reconocimiento como una de las asignaturas pendientes en la agenda social y cultural del país, junto con la pobreza, la desigualdad y la exclusión.