La concentración de poder del Presidente Hugo Chávez ha provocado un serio perjuicio a los derechos humanos en Venezuela, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy.

El informe Concentración y Abuso de Poder en la Venezuela de Chávez , de 133 páginas, documenta cómo la acumulación de poder en el Ejecutivo y el deterioro de las garantías de derechos humanos le han permitido al gobierno de Chávez intimidar, censurar e iniciar acciones penales contra críticos de su gestión y contra aquellos que considera opositores en una variedad de casos vinculados con el poder judicial, los medios de comunicación y la sociedad civil.

“Durante años, el Presidente Chávez y sus partidarios han venido construyendo un sistema que le da vía libre al gobierno para amenazar y castigar a los venezolanos que interfieran en su agenda política”, dijo José Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch. “Hoy en día, el sistema se encuentra firmemente en pie, y los riesgos que enfrentan jueces, periodistas y defensores de derechos humanos nunca han sido tan serios desde que asumió Chávez.”

El último informe exhaustivo de Human Rights Watch sobre Venezuela, publicado en septiembre de 2008, documentó cómo habían sido menoscabadas las instituciones democráticas y las garantías de derechos humanos durante la primera década de presidencia de Chávez. Desde entonces, la situación de los derechos humanos en Venezuela se ha tornado aún más precaria.

A pesar de que muchos venezolanos continúan criticando al gobierno, la idea de tener que enfrentar represalias similares -a través de acciones estatales arbitrarias o abusivas- ha socavado la capacidad de los jueces de decidir con independencia casos políticamente sensibles, y ha obligado a periodistas y defensores a medir las consecuencias de publicar información y opiniones críticas del gobierno.

Los tribunales

El Presidente Chávez y sus partidarios en la Asamblea Nacional han adoptado medidas drásticas para conservar el control político del Tribunal Supremo de Justicia, que había sido sujeto a un copamiento político en 2004. Tras las elecciones legislativas de 2010, que redujeron la mayoría chavista en el Congreso, los partidarios del presidente se apresuraron a reformar la ley que regula el proceso de designación de magistrados y a renovar la conformación del Tribunal Supremo de Justicia con miembros afines al gobierno, antes de que los legisladores de la oposición pudieran ocupar sus bancas.

En los últimos años, la actuación del Tribunal Supremo de Justicia se ha deteriorado notablemente, ya que sus miembros han rechazado abiertamente el principio de separación de poderes y han expresado públicamente su compromiso con promover la agenda política del Presidente Chávez. Este compromiso político se ha reflejado en sus sentencias, que en reiteradas oportunidades han validado la indiferencia del gobierno frente a sus obligaciones jurídicas internacionales de derechos humanos.

El ejemplo más alarmante de la falta de independencia judicial en Venezuela ha sido la detención de la Jueza María Lourdes Afiuni-a instancias del Presidente Chávez- después de que ella otorgara libertad condicional a un conocido crítico del gobierno que había estado en prisión preventiva durante casi tres años. La detención y el prolongado encarcelamiento de Afiuni han tenidoun profundo impacto en otros jueces de tribunales inferiores, que temen que se inicien juicios penales en su contra si dictan sentencias que pudieran disgustar al gobierno de Chávez.

El gobierno de Chávez ha rechazado la autoridad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los mecanismos externos más importantes para procurar reparar abusos ante la inacción de los tribunales nacionales.

Los medios de comunicación

En diciembre de 2010, la mayoría chavista en la Asamblea Nacional modificó la Ley de Responsabilidad Social de 2004 para que las restricciones existentes a la libertad de expresión se apliquen también a Internet. También agregó nuevas restricciones, incluyendo la prohibición de transmitir mensajes que “fomenten zozobra en la ciudadanía o alteren el orden público”, y le otorgó al organismo de telecomunicaciones controlado por el gobierno, CONATEL, poderes más amplios para sancionar a las emisoras de radio y TV y a los medios electrónicos que las violan.

El gobierno de Chávez ha utilizado sus facultades regulatorias para ampliar la cantidad de medios de comunicación estatales y favorables al gobierno. También ha usado ampliamente sus facultades para emitir cadenas, y es habitual que se requiera a medios privados que interrumpan su programación para transmitir discursos presidenciales y mensajes que destacan políticas del gobierno.

A su vez, ha adoptado medidas agresivas para reducir la disponibilidad de medios de comunicación que ofrecen una programación crítica del gobierno. El canal de televisión privado más antiguo de Venezuela, RCTV, quefue arbitrariamente retirado de las señales de aire públicas en 2007, también fue obligado por el gobierno a salir de la televisión por cable, dejando a Globovisión como el único canal de amplia cobertura que aún mantiene una postura crítica de la actuación del Presidente Chávez. Además, el gobierno inició procedimientos administrativos contra Globovisión, que podrían llevar a su suspensión o cierre.

Asimismo, el gobierno ha procurado aplicar sanciones o censurar a medios de comunicación por su cobertura crítica de la respuesta del gobierno a temas tales como la contaminación del agua, la violencia en el país, un motín carcelario y un terremoto. Lo mismo ha hecho con una serie de cuñas televisivas en defensa de la propiedad privada, una sátira periodística en la cual se mostraba a funcionarias de alto rango como bailarinas de un cabaret dirigido por Chávez, y una telenovela colombiana en la cual un personaje llamado Venezuela, que perdía a su perro llamado “Huguito”, le preguntaba a su novio: “¿Qué será de Venezuela sin su Huguito?” y él le respondía: “Vas a ser libre, Venezuela”.

Si bien todavía es habitual que la prensa escrita, Globovisión y algunos otros medios critiquen fuertemente al gobierno, el temor a sufrir represalias por parte del gobierno ha llevado a que la autocensura se convierta en un serio problema en el país, dijo Human Rights Watch.

Defensores de derechos humanos

El gobierno de Chávez ha intensificado sus esfuerzos por desacreditara los defensores de derechos humanos en el país acusándolos, en reiteradas oportunidades, de recibir apoyo del gobierno de Estados Unidos para socavar la democracia en Venezuela.

Si bien es cierto que algunas ONG de derechos humanos venezolanas (aunque no todas) han recibido financiamiento otorgado por fuentes estadounidenses -una práctica común entre las ONG independientes en toda América Latina-, no existen pruebas creíbles de que la independencia y la integridad de su trabajo a favor de los derechos humanos en Venezuela se hayan visto comprometidas como resultado de este financiamiento internacional.

Estas acusaciones infundadas se tornaron aún más peligrosas cuando partidarios de Chávez presentaronvarias denuncias penales contra algunas de las principales ONG del país por recibir financiamiento del exterior. Además, en julio de 2010, el Tribunal Supremo de Justicia determinó que individuos u organizaciones que recibieran financiamiento internacional podrían ser juzgados por “traición”, de acuerdo con una disposición del Código Penal que prevé una pena de prisión de hasta 15 años. Y la Asamblea Nacional ha sancionado legislación que impide alas organizaciones dedicadas a la “defensa de derechos políticos” o a “ejercer control sobre los poderes públicos” recibir financiamiento internacional.

El gobierno de Chávez también ha sancionado normas que restringen drásticamente el derecho del público a obtener información en poder del gobierno. La combinación de estas medidas ha aumentado significativamente la capacidad del gobierno para impedir o disuadir a los defensores de derechos humanos de obtener el financiamiento, la información, la legitimación y la visibilidad pública que necesitan para actuar de manera efectiva.

Human Rights Watch observó que, entre defensores de derechos humanos venezolanos, existe una fuerte percepción de que los enérgicos esfuerzos del gobierno por cuestionar sus motivaciones y su lealtad han contribuido a generar un entorno en el cual son más vulnerables a actos de intimidación por parte de funcionarios, y a amenazas o actos de violencia por particulares que apoyan al Presidente Chávez.

El informe provee recomendaciones detalladas al gobierno venezolano para revertir el daño causado a los derechos humanos en los últimos años. Éstas incluyen restablecer la credibilidad del Tribunal Supremo de Justicia mediante un proceso de ratificación para todos los magistrados que fueron designados con posterioridad a la sanción de la ley de 2004 que permitió el nombramiento de jueces afines al gobierno, establecer un organismo verdaderamente autónomo que administre las frecuencias de transmisión, derogar la legislación que menoscaba el trabajo de defensores de derechos humanos y respetar la autoridad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

“Lamentablemente, dada la reacción del Presidente Chávez ante recomendaciones similares en el pasado, es muy poco probable que adopte medidas para reinstaurar los mecanismos de control del poder presidencial que él mismo y sus seguidores eliminaron”, manifestó Vivanco.

Cuando Human Rights Watch dio a conocer su último informe exhaustivo sobre Venezuela en una conferencia de prensa que tuvo lugar en Caracas en 2008, la respuesta del Presidente Chávez fue detener a los representantes de la organización e inmediatamente expulsarlos del país.

Selección de algunos casos documentados en Concentración y Abuso de Poder en la Venezuela de Chávez:

Después de que la Jueza María Lourdes Afiuni otorgara en diciembre de 2009 libertad condicional a un crítico del gobierno que había estado en prisión preventiva durante casi tres años, acusado de corrupción, el Presidente Chávez la calificó de “bandida” y afirmó que debía recibir una pena de “30 años” de prisión. Si bien la decisión de Afiuni cumplía con una recomendación de un grupo de trabajo de derechos humanos de la ONU -y era consistente con la legislación venezolana-, la Jueza Afiuni fue inmediatamente arrestada y un juez provisorio que había expresado públicamente su lealtad al Presidente Chávez ordenó que prosiguiera el caso penal en su contra. (En el sitio web del partido político del presidente, el juez escribió: “[p]or la revolución doy la vida” y “[n]unca traicionaría a este proceso ni mucho menos a mi comandante”). Afiuni pasó más de un año en la cárcel en prisión preventiva, en condiciones deplorables y junto con otras presas condenadas (incluyendo a muchas a quienes ella misma había condenado) que la amenazaron de muerte en reiteradas oportunidades. Ante las críticas cada vez más notorias por parte de organismos internacionales de derechos humanos, Afiuni fue autorizada en febrero de 2011 a permanecer en arresto domiciliario, donde actualmente espera a ser juzgada.

Después de que el periódico semanal 6to Poder publicara en agosto de 2011 un artículo satírico en el cual seis funcionarias de alto rango -incluida la fiscal general y la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia- aparecían como bailarinas de un cabaret llamado “La Revolución”, dirigido por “Mr. Chávez”, las seis funcionarias solicitaron que se iniciara una investigación penal y que el periódico fuera cerrado. Al cabo de algunas horas, se dictaron órdenes de detención contra la directora del periódico, Dinora Girón, y su presidente, Leocenis García, acusados de “instigación al odio”. Girón fue detenida al día siguiente, permaneció bajo arresto durante dos días y luego le otorgaron libertad condicional. García permaneció oculto un tiempo, pero la semana siguiente se entregó a las autoridades. Estuvo preso durante dos meses y luego le otorgaron libertad condicional. Al momento de la redacción del presente informe, Girón y García permanecen sujetos a investigación penal mientras sigue pendiente el juicio en su contra. Existe una orden judicial vigente que ordena al periódico abstenerse de publicar textos o imágenes que “se constituyan en una ofensa y/o ultraje a la reputación, o al decoro de algún representante de los Poderes Públicos, y cuyo objeto sea exponerlos al desprecio o al odio público”.

Después de que la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel apareciera en mayo de 2010 en un programa de televisión denunciando que militares de alto rango eran miembros del partido político de Chávez (una práctica prohibida por la Constitución venezolana), fue acusada en la televisión estatal de ser “agente de la CIA” y de “hacer llamados a la insurrección”, y en la revista oficial de las Fuerzas Armadas de intentar fomentar un golpe de estado en Venezuela. Además, la organización que dirige, Control Ciudadano, fue mencionada -junto con otras importantes ONG- en una denuncia penal presentada por varias agrupaciones de jóvenes que apoyan al partido político de Chávez. La denuncia acusaba a las organizaciones de cometer “traición” por haber recibido fondos de Estados Unidos. Luego de estos incidentes, San Miguel recibió reiteradas amenazas por parte de personas no identificadas. Si bien desconoce el origen de esas amenazas, considera que las denuncias en los medios de comunicación oficiales la han vuelto más vulnerable a este tipo de actos de intimidación.

Después de que el defensor de derechos humanos Humberto Prado criticara al gobierno, en junio de 2011, por su manejo de un motín carcelario, el ministro de justicia de Chávez lo acusó de intentar “desestabilizar el sistema penitenciario” y el vicepresidente manifestó que las críticas formaban parte de una “estrategia de desestabilización política... para intentar sacar provecho de esa situación”. A los pocos días de haber formulado estas denuncias, Prado comenzó a recibir amenazas anónimas, incluso llamados telefónicos en los cuales le decían que, si quería a sus hijos, debía mantenerse callado, lo cual lo llevó a irse del país por dos meses junto con su familia. Cuando se preparaba para regresar a Venezuela, recibió a través de un correo electrónico un documento adjunto que parecía ser una nota oficial de la Fiscalía General de la República, que indicaba que estaba siendo investigado penalmente por el delito de “traición”. (Tras su regreso, el fiscal cuyo nombre aparece en el documento le dijo que él no lo había escrito ni firmado). Prado continuó recibiendo amenazas de fuentes no identificadas. Al igual que San Miguel, cree que debido a las agresiones verbales por parte de funcionarios del gobierno Chávez se encuentra más vulnerable a tales actos de intimidación.

Después de que el canal de televisión más antiguo de Venezuela, RCTV, transmitiera un video en noviembre de 2006 en el cual aparecía el ministro de energía de Chávez diciendo a los empleados de la compañía petrolera estatal que, si no apoyaban al presidente, debían renunciar a sus trabajos, Chávez advirtió públicamente a RCTV y a otros canales que podrían perder sus concesiones de transmisión. (El presidente ya había proferido esta amenaza en muchas otras ocasiones cuando los canales transmitían contenidos críticos del gobierno). Un mes más tarde, el presidente anunció su decisión (unilateral) de que RCTV dejaría de ser “tolerada” en las señales de aire públicas una vez que se venciera su concesión al año siguiente. RCTV dejó de transmitir en frecuencias abiertas en mayo de 2007, pero continuó como un canal de cable. Desde entonces, el gobierno ha empleado sus facultades regulatorias para eliminar a RCTV también de la televisión por cable. En enero de 2010, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) determinó que RCTV era un “productor nacional audiovisual” y se encontraba, por lo tanto, sujeto a una serie de normas sobre radiodifusión recientemente adoptadas. Unos días más tarde, el ministro de comunicaciones de Chávez amenazó con iniciar investigaciones administrativas contra las cableoperadoras que transmitieran canales que no cumplieran con las nuevas normas. Como respuesta a esta situación, las cableoperadoras interrumpieron la transmisión de RCTV Internacional. Desde ese momento, los reiterados esfuerzos de RCTV por volver a registrarse ante CONATEL como un canal de cable han sido infructuosos. En la actualidad, RCTV sólopuede verse por Internet y ya no cuenta con un espacio de noticias por falta de fondos para producirlo.

Después de que Globovisión, el único canal de televisión crítico del gobierno con alcance nacional que queda en el país, brindara una extensa cobertura de un motín carcelario que tuvo lugar en junio de 2011 -transmitiendo numerosas entrevistas a familiares sumamente preocupados que manifestaban que las fuerzas de seguridad estaban matando a los presos-, el Presidente Chávez respondió acusando al canal de “incendi[ar] un país... con la única intención de derrocar a este gobierno”. Poco después, CONATEL inició una investigación administrativa por la cobertura de Globovisión de estos hechos de violencia. En octubre, determinó que el canal había “promov[ido] el odio por razones políticas y foment[ado]la zozobra en la ciudadanía”, y le impuso una multa de US$ 2,1 millones, que es equivalente al 7,5 por ciento de los ingresos obtenidos por la compañía en 2010. En la actualidad, existen otras seis investigaciones administrativas pendientes contra Globovisión; una de ellas por señalar que el gobierno no brindó al público información básica después de un terremoto y otra por transmitir imágenes de un candidato político de la oposición criticando a la autoridad electoral por demorar la divulgación de los resultados de elecciones locales. En virtud de la Ley de Responsabilidad Social sancionada por el Presidente Chávez y sus partidarios en la Asamblea Nacional, una segunda decisión administrativa contra Globovisión podría tener como resultado otra multa millonaria, la suspensión de la transmisión del canal o la revocación de su habilitación y concesión.

Después de que Oswaldo Álvarez Paz, un político opositor, apareciera en el principal programa de entrevistas políticas de Globovisión en marzo de 2010 comentando acerca de acusaciones públicas sobre el incremento del tráfico de drogas en Venezuela y sobre una sentencia judicial de España que se refería a una posible colaboración entre el gobierno venezolano y las guerrillas colombianas, el grupo separatista vasco ETA y otros grupos “terroristas”, el Presidente Chávez respondió, en cadena nacional, que estos comentarios “no se p[odían] permitir” e instó a los demás poderes del gobierno a “actuar”. Dos semanas más tarde, Álvarez Paz fue detenido y acusado de que sus comentarios, que difundieron “informaciones evidentemente falsas”, habían causado un “infundado temor” en la población. Álvarez Paz permaneció en prisión preventiva durante casi dos meses y luego se le otorgó libertad condicional. Su juicio finalizó en julio de 2011, cuando el tribunal lo declaró culpable y le impuso una condena de dos años de prisión. El juez le permitió a Álvarez Paz cumplir su pena en libertad condicional, pero le prohibió salir del país sin autorización judicial.

Después de que el presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga, en una conferencia internacional en marzo de 2010, criticara los ataques a la libertad de prensa perpetrados por Chávez y acusara al presidente de haber ordenado que se disparara contra manifestantes en el contexto del golpe de 2002, los legisladores chavistas pidieron que se realizara una investigación penal, y Zuloaga fue detenido tras ser acusado de los delitos de difusión de informaciones falsas y ofensa al presidente. Un juez pronto le otorgó la libertad condicional, pero en junio el Presidente Chávez insistió públicamente en que fuera arrestado nuevamente. Dos días después, miembros de la Guardia Nacional requisaron la vivienda de Zuloaga y, a la semana siguiente, un tribunal dictó una nueva orden de detención en su contra, por un caso distinto. Zuloaga abandonó el país antes de que dicha orden pudiera ejecutarse y no ha regresado.

Después de que Nelson Mezerhane, un banquero y uno de los principales accionistas de Globovisión, declarara, en una entrevista en diciembre de 2009, que personas “vinculadas” con el gobierno habían lanzado rumores que provocaron el retiro de depósitos de los bancos venezolanos, el Presidente Chávez lo denunció, solicitó a la fiscal general “que abr[iera] un proceso de investigación”, amenazó con intervenir el banco de Mezerhane y advirtió: “[t]elevisora que vuelva a pasar la raya a la violación de las leyes, al irrespeto a la sociedad, al Estado, a las instituciones, no puede, no debe seguir abierta”. Seis meses más tarde, la Fiscalía General de la República confiscó la vivienda de Mezerhane y sus acciones en Globovisión, mientras que la autoridad bancaria intervino su banco. La Fiscalía General también prohibió que Mezerhane saliera del país, pero él ya se encontraba en el extranjero cuando se dictó la orden y no ha regresado.

Después de queTu Imagen TV, un canal de cable local del estado de Miranda fuera denunciado por un alcalde chavista en noviembre de 2010 por estar “sistemáticamente parcializado para favorecer a un sector político de oposición”, CONATEL ordenó a la compañía de cable local que interrumpiera la transmisión de este canal, argumentando que el canal y el proveedor habían incumplido con reglamentaciones recientes que exigían que las partes firmaran un contrato por escrito. Dicho contrato firmado se presentó ante CONATEL un mes más tarde, pero transcurrieron ocho meses hasta que se le autorizó a la compañía de cable reanudar la transmisión del canal. Y cuando finalmente lo hizo, según el director del canal, una autoridad de CONATEL amenazó a la compañía de cable con volver a sacarlo del aire si continuaba produciendo contenidos que criticaran al gobierno.

Después de que en la telenovela “Chepe Fortuna” apareciera una escena, en enero de 2011, en la cual un personaje llamado Venezuela, que había perdido a su perro llamado Huguito, le preguntaba a su novio: “¿Qué será de Venezuela sin su Huguito?” y él le respondía: “Vas a ser libre, Venezuela”, CONATEL exhortó al canal de televisión que la transmitía, Televen, a que “de forma inmediata suspendiera la transmisión” del programa, argumentando que promovía “la intolerancia política y racial, la xenofobia y la apología del delito”. Esta acusación podría dar lugar a sanciones civiles, penales y administrativas, incluida la suspensión o la revocación de la concesión del canal. Televen canceló el programa el mismo día.