Los negociadores del Gobierno democrático de Colombia y de los narcoterroristas de las FARC, reunidos en La Habana al amparo de los Castro, han anunciado que han llegado a un acuerdo sobre el problema del campo.

Se trata del primer punto de los seis que contiene la agenda de negociaciones entre ambas partes; el siguiente, mucho más peligroso para la institucionalidad colombiana, la participación política de la guerrilla cuando se alcance la paz, se comenzará a debatir en unas semanas. Recordemos que los terroristas del M-19, que tomaron el Palacio de Justicia en 1985 y quisieron destituir al presidente de entonces, fueron amnistiados, participaron en la Asamblea Constituyente, ocupan cargos electos -como el de alcalde de Bogotá- y han conseguido la encarcelación del jefe militar que recuperó el Palacio, el coronel Alfonso Plazas Vega.(Nota fuera de texto: La inocencia del coronel Plazas en el caso de los supuestos desaparecidos está más que comprobada, la reclamación de su libertad por parte de las fuerzas vivas del país el 11 septiembre de 2011 ha sido desdeñada, las seis peticiones de libertad y revocatoria de la sentencia del Jefe del Ministerio Público el Procurador General de la Nación han sido desatendidas, más de cuatrocientos artículos de opinión en Colombia y en el exterior no logran mover la consigna que sobre su permanencia en prisión ha sido impartida por fuerzas oscuras)

La Constitución de 1991, boicoteada, por cierto, por las FARC, ya impone en varios artículos (64, 65 y 66) a las autoridades el fomento de la propiedad y el apoyo a los pequeños agricultores y ganaderos con créditos financieros, tecnología y obras. Una novedad preocupante es el anuncio de la futura constitución de un Fondo de Tierras para la Paz, sin especificar quién lo controlará, cuáles serán los criterios para distribuir las mismas y cómo se aportarán.

La consecuencia política es que las FARC pasan de ser narcoterroristas a abanderadas de la reforma agraria y la justicia social. Además, este acuerdo, que puede afectar al ordenamiento jurídico y a los propietarios legales, se toma a espaldas del Parlamento y sin debate público.

Pero el futuro puede ser todavía peor. En un año se celebrarán las elecciones presidenciales, en las que el presidente Juan Manuel Santos buscará la reelección frente a la izquierda y, seguramente, un candidato respaldado por su mentor desengañado, Álvaro Uribe. Como ya conocemos los españoles, con tal de presentarse ante el electorado con un papel que diga paz, un político es capaz de orillar cualquier principio y ley, y hasta de empujar a su pueblo al borde del abismo.