Mal empieza la semana para el que ahorcan en lunes, dice el refrán sobre las calamidades que deberá enfrentar quien se levanta “con el pie izquierdo”. Y es que el comienzo de 2014 ha traído el recrudecimiento de los conflictos en entidades que el año pasado se caracterizaron por los problemas generados por el tema de las llamadas autodefensas.

Ahí está Michoacán, que ha vuelto al escenario nacional e internacional debido al percance aéreo sufrido por José Manuel Mireles Valverde, líder del consejo ciudadano de autodefensas de Tepalcatepec, en circunstancias que hasta ahora no han sido aclaradas por las autoridades federales, que de inmediato atrajeron el caso. Además del ataque sufrido por militares a manos de un grupo de hombres armados en Apatzingán la noche del domingo, horas después de que los grupos de autodefensa incursionaran en Parácuaro.

Lo cierto es que el Año Nuevo comenzó para los michoacanos tal y como concluyó 2013.

Y no es para menos la preocupación expresada por los “hombres de negocios” que encabeza Claudio X. González cuando afirma que “la seguridad es el problema que más preocupa a los empresarios en 2014”. Destaca que el elemento “más básico (sic) para cualquier Estado en el mundo es la provisión de seguridad a sus ciudadanos y eso es lo que nos falta a nosotros”.

Son varios los sectores que han hecho hincapié en la disminución, en esta administración, en el número de homicidios a nivel nacional, pero el problema está en la cantidad de secuestros y extorsiones, que se incrementaron el año pasado.

En charla con María Elena Morera, presidenta de la organización ciudadana Causa en Común, comenta que el gran problema en materia de seguridad pública radica en la falta de rigor del Sistema Nacional de Seguridad para la elaboración y supervisión de los exámenes socioeconómicos a los miembros operativos y administrativos de las corporaciones policiacas de todo el país, principalmente las estatales y municipales.

Es ahí, afirma Morera, en donde se puede detectar a aquellos elementos policiacos y funcionarios corruptos que no viven de acuerdo con sus ingresos, sino que se dan “vida de lujos” con dinero mal habido e incluso con recursos que provienen de la comisión de delitos como el secuestro y las extorsiones a los ciudadanos.

Sin embargo, es en esos “controles” donde más fallas se registran, ya que no existe verificación por parte de las autoridades de la información ahí vertida, y los gobiernos y los elementos policiacos únicamente entregan el “formato llenado”, sin que nadie realice visitas domiciliarias para constatar los “dichos” del servidor público.

Por lo tanto, el reto para 2014 es perfeccionar los sistemas de control de confianza y los exámenes socioeconómicos que aseguren que quienes desempeñan labores de seguridad y vigilancia no están al servicio del crimen y el narcotráfico, y que, por lo tanto, los ciudadanos cuentan con la garantía de que su policía está integrada por elementos probos y sin nexos con los delincuentes, ante una situación cada vez más difícil por la “infiltración” que han hecho las bandas delincuenciales, de los cuerpos de seguridad del país.

Y el otro gran problema es la “protección” y las “redes de complicidades” en las que están involucrados altos funcionarios policiacos, políticos y empresariales que favorecen la comisión de delitos en los cuales los “engranes” más pequeños de la “maquinaria” representan únicamente una parte menor de las acciones ilegales que se investigan por parte de la autoridad. Y si no, que lo digan las indagatorias que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, en la que aparecen involucrados hasta partidos políticos en una gigantesca red de lavado de dinero, de la que nadie quiere hablar.

Finalmente, razones hay de sobra para dudar del compromiso del Estado en el combate a la ilegalidad.