Tiene razón Carlos Elizondo al afirmar que “el gobierno debe evitar que la Reforma Energética termine en una piñata de corrupción y opacidad. La sociedad tiene que presionar para que no haya espacios para la simulación y la trampa”. Es un punto toral, sobre todo para los que estamos a favor de la participación del capital privado en la exploración y explotación de los hidrocarburos en México. Nosotros no queremos regalar el petróleo ni crear un nuevo Carlos Slim del negocio energético. No. Lo que queremos es que el país produzca más crudo y gas y que el Estado maximice la “renta petrolera”, es decir, el ingreso que recibirá el gobierno por la extracción de los hidrocarburos.

Digamos que en un campo el costo de extraer un barril de petróleo es de diez dólares y éste se vende en el mercado internacional a cien. ¿Cuánto se llevará la empresa privada y cuánto el Estado de los 90 dólares restantes? Tanto la empresa como el gobierno (que representa al Estado) intentarán llevarse la mayor cantidad de ellos. El problema, que no es trivial ni teórico, es que la corporación privada corrompa a los funcionarios públicos para llevarse una mayor tajada.

Desde luego que los ciudadanos no queremos ni podemos permitir esto. Si los hidrocarburos son de la nación, nos estarían robando. Tenemos, por tanto, que cuidar que no haya corrupción y se maximice la renta petrolera para el Estado. Tres elementos resultarán muy importantes en esta labor.

Uno: la decisión del tipo de contrato que se utilizará para cada bloque de exploración y explotación. En este punto, para evitar la corrupción, los expertos coinciden que las licencias son mejores que los contratos de producción compartida o de utilidad compartida.

En un contrato de utilidad compartida, el Estado se asocia con un privado, negocia los costos y acuerda la utilidad que se llevará por la venta del petróleo. Suele ocurrir, sin embargo, que la empresa pide utilidades bajas. ¿Cómo es posible cuando una corporación privada lo que quiere es maximizar sus utilidades? Lo que pasa es que se sirven con la cuchara grande en los costos. Los exageran. Ahí esconden sus verdaderas utilidades. Y pueden hacerlo porque el gobierno se los permite ya sea por ignorancia o corrupción.

En las licencias, en cambio, el Estado otorga a un privado los derechos de exploración y explotación de un campo. La empresa se encarga de sus costos y, cuando finalmente extrae petróleo, tiene que pagarle al Estado una cantidad previamente acordada. En la iniciativa de Reforma Energética del presidente Peña se contempla, primero, un bono a la firma del contrato; segundo, una cuota contractual para la fase exploratoria, y, cuando comienza la extracción de los hidrocarburos, regalías sobre el producto más el Impuesto Sobre la Renta de las utilidades más una tasa adicional.

A fin de evitar corrupción, además de ver el tipo de contratos que se utilizan, habrá que darle seguimiento a la subasta de éstos. La iniciativa de Peña es que haya licitaciones públicas donde el ganador sea el oferente de más renta petrolera para el Estado. La Comisión Nacional de Hidrocarburos será la encargada de licitar y regular los contratos. Será extremadamente importante darle seguimiento a la labor de esta institución.

Como igual de relevante será fiscalizar la ejecución de los contratos. La iniciativa que envió el Presidente al Congreso contempla que “la SHCP deberá publicar mensualmente a través de internet toda la información que permita conocer de forma sencilla la dimensión de la renta petrolera del Estado. Asimismo, se establece que la información de los ingresos obtenidos por los Contratos y Derechos por la producción de hidrocarburos deberá incluirse en la Cuenta de la Hacienda Pública y en los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública”.

Como dice Elizondo: “en el papel se oye muy bien”. Ya en la práctica, la oposición tiene incentivos para revisar los contratos y, de encontrar visos de corrupción, hacerlos públicos. Esto es un primer mecanismo de rendición de cuentas. Pero la sociedad no puede dejarle este tema exclusivamente a los políticos. Ojalá también se formen asociaciones civiles que cuiden del buen manejo de la renta petrolera mexicana. Organizaciones no gubernamentales que fiscalicen los ingresos petroleros. Grupos civiles protectores de los derechos e intereses ciudadanos. Algo así como México Unido contra la Delincuencia en materia de inseguridad o Mexicanos Primeros en educación.