La nota editorial del 13 de agosto (Mexico’s Drug War) afirma que sería “contraproducente” que Estados Unidos permita que la entrega de fondos para ayudar a México en la lucha contra el narcotráfico se demore por preocupaciones de derechos humanos. En realidad, la situación es exactamente inversa.

Las violaciones de derechos humanos representan un importante obstáculo para que México pueda mejorar la seguridad pública y contener la violencia vinculada con el narcotráfico. Mediante el abuso de la población civil, los soldados mexicanos han contribuido al clima de desorden y violencia que permitió la proliferación de los carteles. Los abusos también desalientan la cooperación pública que es esencial para combatir el tráfico de drogas.

Los gobiernos de Estados Unidos y México acordaron explícitamente incluir las condiciones de derechos humanos en la Iniciativa Mérida con el propósito de ayudar a poner fin a esta peligrosa dinámica. No obstante, el Gobierno de México aún no ha cumplido con requisitos clave, como garantizar que los abusos militares sean investigados por autoridades civiles.

Entregar los fondos en este momento vulneraría un importante compromiso bilateral con los derechos humanos y enviaría la señal que estos requisitos no fueron creados para ser tomados en serio. Para México, representaría un grave revés para la política exterior (iniciada durante el gobierno de Fox) que fomenta los compromisos internacionales de derechos humanos y que propone utilizarlos para impulsar las reformas necesarias a nivel interno. También socavaría la credibilidad de los esfuerzos de Estados Unidos para promover derechos humanos.

Gran parte (el 85 por ciento) de los fondos de Mérida ya han sido autorizados, de modo que exigir el cumplimiento de estos requisitos de derechos humanos no supondría suspender la ayuda estadounidense para la lucha de México contra los carteles. Por el contrario, permitiría que estos fondos se utilizaran más eficientemente.

Jorge G. Castañeda, ex Secretario de Relaciones Exteriores de México y miembro de la Junta Directiva de Human Rights Watch, y Kenneth Roth, Director Ejecutivo, Human Rights Watch.

Fuente:Human Rights Watch