Más de dos mil venezolanos han sido procesados en los últimos nueve años por participar en algún tipo de protesta.

Participar en una manifestación "pacífica y sin armas" es un derecho que la Constitución consagra en su artículo 68. Sin embargo, para más de dos mil venezolanos, según cifras de Provea, hacerlo ha significado terminar en un tribunal.

Le abren un expediente al manifestante, en el mejor de los casos le someten a un régimen de presentación y en su hoja de vida queda esa mácula, ese antecedente que ya nadie podrá borrar: procesado.

Para que eso suceda, ni siquiera es necesario que la protesta en cuestión sea política, como se demuestra en los casos que se exponen a continuación: unos humildes trabajadores que participaron en una protesta laboral, camioneros que reclamaban un servicio público y estudiantes que repartían volantes en un partido de Copa América.

Cinco obreros
Ronald Marcano vino a Caracas junto a 78 compañeros el 20 de abril para denunciar ante el Ministerio de Trabajo unos despidos injustificados y antes de que se venciera su contrato por parte de Pdvsa en Anaco. Ya el inspector de la zona les había dado la razón, y como habían transcurrido 55 días sin un pronunciamiento por parte del Ministerio, se presentaron en su sede, en el piso 5 de una de las torres del Centro Simón Bolívar.

Hubo una reunión con funcionarios en la mañana y les dijeron en la noche tendrían otra. Pero la respuesta fue que a las seis de la tarde más de cien policías los atacaron: "Nos cayeron a palos, ni les importó que hubiera niños. Dijeron que yo era uno de los líderes y me metieron preso por 28 días junto a cuatro compañeros", dice Marcano.

Cada mes tienen que venir ahora a Caracas desde Anaco para presentarse en un tribunal y deben cargar con el estigma de ser un ex presidiario: "Sólo por eso ya nadie me da trabajo. Tuve mala suerte, me agarraron a mí como pudieron haberlo hecho con cualquier otro".

Dos camioneros
Ronny Da Silva es dueño de una compañía de camiones y cuenta lo que le pasó a dos de sus empleados a finales de agosto:

"Más de 30 camioneros se pusieron a protestar por un problema gravísimo de servicios: tras cerrar un botadero en Mariches, el Ministerio del Ambiente clausuró el último sitio en donde se podía botar escombros en toda Caracas. Los camiones cerraron el distribuidor metropolitano hasta que al lugar llegó un contingente de la Guardia Nacional, del destacamento 52 de la Regional 5. Los guardias tomaron varios camiones con la promesa de que en el comando se encontraría una solución al problema.

Una vez allí dijeron que todos estaban detenidos por violar el artículo 357 de la Ley Orgánica Procesal Penal, que castiga la obstrucción de vías principales. Hubo 17 detenidos, entre ellos dos de mis trabajadores. Les contraté un abogado, pasaron detenidos dos días y ahora están bajo r´egimen de presentación.

Aquí cualquiera tranca las vías, y por eso me indigna que justamente a ellos, que protestaban porque no los dejaban prestar un servicio a la ciudad, los hayan procesado como delincuentes. Además los guardias los amenazaban, les metían miedo, les decían que les iban a meter seis años de cárcel. En el destacamento 52, un guardia incluso le dijo a uno de los camioneros que si alguien no buscaba a su hijo pequeño, que estaba ahí con él, se lo llevarían a un refugio. Ese amedrantamiento, ese maltrato, es lo que a mí más me molestó. Eso es intolerable".

Cuatro estudiantes
El estudiante Alejandro Mejías (UCAB) y sus tres hermanos ni siquiera necesitaron estar presentes en ninguna protesta para que les abrieran un juicio.

Simplemente se pusieron a repartir unos volantes en el partido entre Uruguay y México que se llevó a cabo en Caracas en el marco de la Copa América. Decían: "El Ejército no es la fuerza y la fuerza no es gobierno".

Mejía cuenta que apenas tenían pocos minutos en su labor cuando unos funcionarios de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) los interceptaron y se los llevaron detenidos, lo que le pareció a todas luces un abuso: "En vez de sacarnos del estadio, lo llevaron al plano legal y nos acusaron de incitar al odio".

Los funcionarios de la DIM entregaron a los hermanos a un comando de la PM en el estadio y de ahí los llevaron a Zona 7. La noche la pasaron en el comando de Maripérez y al día siguiente los llevaron a un tribunal en Pajaritos. Allí fueron colocados bajo régimen de presentación, medida que apelaron. Con el tiempo la causa sobreseyó. Mejía dice que esa experiencia no bastó para amedrentarlo: "Sigo en el activismo estudiantil, igual que todos los que hemos sido procesados por motivos políticos".

Fuente: El Universal