Como a muchos, me indigna el enorme costo de nuestra democracia. Sin embargo, si deseamos abaratarla sería conveniente cuestionar las razones de ello en lugar de creer que se puede resolver el problema por algo que se ha llamado la “voluntad política” de los legisladores.

De acuerdo a un estudio de la Universidad de California, el voto en México es 18 veces más alto que el promedio de Iberoamérica en términos de financiamiento público. Por ejemplo, cada sufragio cuesta aquí 17 dólares, comparados con 29 centavos de dólar en Brasil, 41 centavos de dólar en Argentina y 2 dólares en Colombia.

El mismo estudio señala que el promedio de gasto electoral en la región es de 123 millones de dólares contra 465 millones en México.

A pesar de las presiones de movimientos ciudadanos, analistas políticos y líderes de opinión por disminuir los costos, la reforma electoral de 2007 fue una simulación. La fórmula de asignación de recursos públicos para los partidos representó un ahorro magro. Además, se transmitieron en 2009 más de 23 millones de spots de febrero a julio, contra 800,000 durante 2006.

¿Cómo llegamos a este punto? Durante los años noventa del siglo pasado, las reformas electorales otorgaron recursos públicos a los partidos para tener condiciones de competencia equitativas. Hoy día el financiamiento sirve, entre otras cosas, para afianzar grupos clientelares al interior de los partidos. Y es ejercido con alta discrecionalidad.

¿Es factible reducir el gasto de los partidos? Desde mi punto de vista podría serlo si pensamos en reformas previas a manera de condiciones necesarias. Lo anterior, por dos razones:

En primer lugar, la fórmula de asignación de recursos está plasmada en la Constitución Política. Su reforma necesitaría la aprobación de las dos terceras partes del Congreso de la Unión y la ratificación de la mitad más una de las legislaturas locales. Es fantasioso suponer que los partidos reducirán su financiamiento si no son responsables electoralmente de cuanto hacen o dejan de hacer.

Deseo recurrir a un principio de mercadotecnia para explicar la segunda razón. Cuando se lanza un producto al mercado, las campañas introductorias son costosas por la necesidad de posicionarse. Los gastos se concentran en exposición mediática y mensajes que capturen la atención.

Una vez ganado el posicionamiento, las campañas subsecuentes son más baratas, basándose en la identificación entre los consumidores. Por ello se usarán frases que recurren a la familiaridad como, digamos, “fórmula mejorada”.

Este principio se aplica para los gastos de campaña en una democracia que tiene políticos responsables. Por ejemplo, si un diputado novato desea continuar con su carrera, debe posicionarse ante el electorado para ganar la identificación y apoyo necesarios para reelegirse. De esa forma presentará iniciativas e ingresará a las comisiones que correspondan a los intereses de su distrito, además de involucrarse en actividades de gestoría para dar resultados. Esto también aplica para otros funcionarios electos, como los alcaldes.

Por lo tanto nuestros candidatos requieren de tantos recursos, los cuales se gastan mayormente en los medios, porque así lo exigen los arreglos institucionales: cada tres años se tienen que realizar cientos de campañas introductorias.

Para concluir, si de verdad se desea un cambio en materia de financiamiento, es necesario pensar en la reelección inmediata de legisladores y alcaldes a manera de precondición. Hay que ser claros: esta reforma no traería en automático los beneficios esperados, pero sin ella garantizamos que nunca se aprueben.

Si tuvieran que presentarse a sus electores para ser nuevamente electos, se verían obligados a acotar sus privilegios. Además los electores tendrían otros elementos para evaluarlos más allá de las dádivas y las promesas. Es hora de centrar el debate si no queremos quejarnos de lo mismo cada tres años.

* Fernando Dworak es Maestro en Estudios Legislativos por la Universidad de Hull, Reino Unido y coordinador y coautor de El legislador a examen. El debate sobre la reelección legislativa en México (Fondo de Cultura Económica, 2003). Contacto: www.fernandodworak.com

Fuente: Este País