La decisión de modificar o no la Constitución a fin de habilitar al presidente Álvaro Uribe para postular su candidatura a un tercer período consecutivo en 2010 conllevará consecuencias importantes para los esfuerzos de Colombia por resolver su conflicto armado y las tensiones con sus vecinos.

Un Posible tercer período de Uribe y la solución del conflicto en Colombia ,* el más reciente informe del International Crisis Group, analiza el proceso que busca habilitar a Uribe para un tercer período presidencial y la razón por la cual la decisión que se tome sobre este tema fundamental debe ir acompañada por el reconocimiento de que los apremiantes problemas de seguridad nacional, fortalecimiento de las instituciones democráticas, así como de solución del conflicto, no dan espera y no deberían depender de la persona que ocupe el despacho presidencial después de agosto de 2010.

Debido a los logros en materia de seguridad y el fuerte liderazgo de Uribe en tiempos de crecientes tensiones con Venezuela y Ecuador, la mayoría de los colombianos parecen respaldar un tercer periodo presidencial. Otros advierten que el proceso para habilitarlo está plagado de irregularidades y expresan su preocupación por el daño que eso pueda causar a los fundamentos de la democracia colombiana.

“A pesar de sus indiscutibles logros, existe el riesgo de que otro cambio en la Constitución y cuatro años más del régimen de Uribe debiliten las instituciones jurídicas y legislativas así como los pesos y contrapesos fundamentales”, observa Nicholas Letts, Analista de Crisis Group para Colombia y la Región Andina. “Un tercer período consecutivo sin duda alguna aumentaría los amplios poderes del Presidente para influir en el nombramiento de directores de las instituciones de vigilancia y control”.

El gobierno y otros actores institucionales y políticos deberían aunar esfuerzos en el período previo a las elecciones legislativas de marzo y presidenciales de mayo para reducir la polarización e incertidumbre. Se debe mantener la separación de poderes entre las ramas ejecutiva, legislativa y judicial para reducir la posibilidad de que el ejecutivo acumule un exceso de autoridad. Asimismo, es necesario respetar la independencia constitucional del nuevo Fiscal General y de los organismos electorales y de vigilancia y control.

La actual política de seguridad, orientada a derrotar a las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y Ejército de Liberación Nacional (ELN), debe ser revisada y ajustada por quien quiera que sea el Presidente en los próximos cuatro años. Ello porque el entorno de la seguridad es cambiante, están surgiendo nuevos grupos armados ilegales (NGAIs), aún persisten algunos paramilitares, la insurgencia se está adaptando a las estrategias militares del gobierno, y los esfuerzos para combatir el tráfico de estupefacientes obtienen resultados parciales pero ningún avance significativo.

“Lamentablemente, hasta ahora la preocupación por el asunto del tercer período ha hecho prácticamente inexistente el debate de los grandes temas de política pública, pero Uribe o cualquier presidente nuevo deberá ampliar la estrategia para encarar los aspectos no militares de la agenda de seguridad, incluidas las causas estructurales del prolongado conflicto”, anota Markus Schultze-Kraft, Director del Programa de Crisis Group para América Latina. “Algunos de esos retos incluyen combatir la marginación del sector rural con programas de desarrollo más eficientes, fortalecer la protección de los derechos humanos y desarrollar un marco político para resolver el conflicto”.

Fuente: Crisis Group