Manifestastes apoyando a RCTV en Caracas el pasado 25 de enero. © 2010 Reuters

Washington, DC - El gobierno de Chávez no debería abusar de sus facultades para imponer la transmisión de cadenas presidenciales para difundir la agenda política oficial, señaló hoy Human Rights Watch.

El 23 de enero de 2010, el gobierno de Chávez amenazó con abrir un procedimiento administrativo contra las operadoras de cable que permitieran la transmisión a canales que no cumplieran con las reglamentaciones venezolanas, incluido el requisito de interrumpir la programación regular para transmitir cadenas obligatorias en vivo. Al día siguiente, las cableoperadoras del país interrumpieron la transmisión de siete canales, entre ellos TV Chile (el canal de televisión pública de ese país) y RCTV Internacional, el canal de cable creado luego de que la señal de aire de RCTV -el canal de televisión más antiguo de Venezuela, crítico del gobierno de Chávez- fuera retirada del aire en 2007.

"Durante años, Chávez ha buscado intimidar y castigar a las emisoras que critican a su gobierno", señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. "Ahora también quiere sancionar a aquellos canales que se nieguen a difundir su agenda política personal".

El Presidente Chávez, desde que asumió el poder en febrero de 1999, ha usado la facultad del gobierno para obligar a las estaciones de radio y televisión que trasmiten a través de señales de aire a difundir en directo casi 2.000 discursos. Estos discursos no se limitan a circunstancias extraordinarias en las cuales un gobierno necesita con urgencia llegar a la totalidad de la población. En 2009, Chávez obligó a las estaciones de radio y televisión a transmitir en directo 141 discursos, incluido uno que se prolongó durante 7 horas y 34 minutos.

Según una norma técnica adoptada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) en diciembre de 2009, los canales de cable con más del 30 por ciento de programación venezolana (incluidos programas y publicidad) se consideran "productores nacionales audiovisuales" y, por lo tanto, están obligados a transmitir en directo los discursos del Presidente Chávez cuando así lo solicite.

La semana pasada, CONATEL publicó una lista de 24 canales de cable que se consideran "productores nacionales audiovisuales", y determinó que otros canales que no figuraban en la lista se considerarían "nacionales" hasta que probaran que eran canales internacionales.

No se implementó ningún procedimiento oficial que cumpliera con requisitos básicos de debido proceso para determinar si alguno de los siete canales que fueron suspendidos por las cableoperadoras el domingo había infringido alguna norma.

Human Rights Watch ha instado en reiteradas oportunidades al gobierno venezolano a que deje sin efecto las medidas que restringen la posibilidad de los críticos del gobierno de expresar su opinión y debilitan gravemente la libertad de expresión en el país. Estas medidas incluyen:

• La modificación del código penal para ampliar el alcance de las leyes sobre desacato que penalizan la ofensa a funcionarios públicos;
• El abuso del control de las frecuencias de transmisión para castigar a las estaciones de radio con una programación manifiestamente crítica del gobierno;
• La prohibición de ciertas cuñas publicitarias en radio y TV que criticaban reformas propuestas por el gobierno de Chávez; y
• Ordenar a las estaciones de radio privadas que transmitan programas seleccionados por el gobierno, que sean realizados por productores independientes certificados por este, durante tres horas y media al día.

Fuente:Human Rights Watch