Aumentan los informes de abusos cometidos por el ejército durante operaciones policiales. © Tlachinollan

Amnistía Internacional ha reiterado su llamamiento a las autoridades mexicanas para que precisen urgentemente el paradero de las tres personas que fueron detenidas en diciembre por miembros del ejército y a las que no se ha visto desde entonces.

Jose Angél Alvarado Herrera y sus primas Nitza Paola Alvarado Espinoza y Rocío Irene Alvarado Reyes fueron vistos por última vez el 29 de diciembre de 2009, cuando un grupo formado por 10 soldados se los llevó de la localidad de Buenaventura, estado de Chihuahua, al norte de México. Los soldados no mostraron ninguna orden de detención ni a ellos ni a ninguno de los familiares que se hallaban presentes.

Se desconocen los motivos por los que estas tres personas fueron detenidas o el lugar donde se las mantiene recluidas. Se cree que se trata de las últimas víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por las tropas desplegadas para luchar contra el auge de la delincuencia organizada y de los cárteles de la droga en Chihuahua.

Han aumentado los informes de abusos cometidos por militares que llevaban a cabo operaciones policiales; en ellos se hace una descripción pormenorizada de violaciones como desapariciones forzadas, homicidios ilegítimos, tortura y detención arbitraria.

Cuando familiares de estas tres personas presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del estado de Chihuahua en Buenaventura, un funcionario les dijo que el ejército había llevado a cabo una redada en la zona para detener a presuntos delincuentes, y que los tres estaban bajo la custodia del ejército.

Un portavoz del Operativo Conjunto Chihuahua negó posteriormente que estuvieran en manos del ejército.

Nitza Paola Alvarado Espinoza consiguió telefonear a un amigo el 4 de febrero. Lloraba y decía: “Por favor, ayúdenme, sáquenme de aquí, tengo miedo”. En ese momento, el amigo oyó las voces de dos hombres, uno de los cuales decía: “¡Pinche vieja culera ya habló, te dije que no la dejaras sola!”, y la comunicación se cortó.

Dos días más tarde, unos soldados se presentaron en casa de la madre de José Ángel Alvarado y le hicieron una serie de preguntas personales sobre ella misma y sobre las tres personas a las que se mantenía retenidas.

Los soldados no dijeron por qué hacían esas preguntas, y a un vecino que les vio entrar en la casa le dijeron que, si contaba a alguien que habían estado allí, pagaría las consecuencias.

Amnistía Internacional instó a las autoridades a iniciar de inmediato una investigación civil imparcial sobre esta desaparición forzada y a acusar a estas tres personas de un delito común reconocible o a ponerlas en libertad, si se encuentran bajo custodia.

La organización pidió asimismo que se proteja a sus familias de la intimidación y las represalias.

En el informe de Amnistía Internacional, publicado en diciembre de 2009, que lleva por título México: Nuevos informes de violaciones de derechos humanos a manos del ejército, se acusaba a las autoridades de no investigar exhaustivamente las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por las tropas desplegadas para luchar contra la delincuencia organizada y los cárteles de la droga en el país.

Fuente: Amnistía Internacional