Activistas se reunirán con velas frente a la representación del estado de Guerrero en el Distrito Federal. Se prevén acciones igualmente en Colima, Guerrero, Jalisco y Querétaro.

El día de mañana, Amnistía Internacional presentará en México pruebas del llamado que miles de activistas alrededor del mundo han enviado al gobierno mexicano para exigir la liberación inmediata e incondicional del defensor indígena de derechos humanos detenido en el estado de Guerrero, Raúl Hernández.

“Las autoridades mexicanas, en particular en el estado de Guerrero, están utilizando indebidamente el sistema de justicia para silenciar a los críticos y frenar el activismo local. Raúl está preso desde hace dos años por un delito que no cometió; ya es hora de que lo liberen” dijo Alberto Herrera Aragón, Director Ejecutivo de AI México.

“Estoy preso porque soy defensor de derechos humanos y exijo mejores condiciones de vida para las comunidades indígenas” dijo Raúl Hernández a un investigador de Amnistía Internacional que lo visitó en prisión.

Activistas de Amnistía Internacional en varios países se han sumado a esta exigencia de justicia, enviando mensajes de solidaridad para Raúl a la prisión de Ayutla de los Libres, así como cartas a las autoridades mexicanas en las que exigen su liberación inmediata e incondicional. Cerca de mil fotografías provenientes de estos países se presentarán éste sábado por la noche proyectándose sobre las instalaciones de la representación del estado de Guerrero en el Distrito Federal, ubicada en la colonia Polanco.

“La prolongada detención de Raúl Hernández es una muestra emblemática e inequívoca de la situación de defensores de derechos humanos en Guerrero, que requiere de una atención prioritaria por parte de los distintos órdenes de gobierno”. Señaló también Herrera Aragón, a un día de cumplirse dos años de la injusta detención de Raúl Hernández.

Información de contexto

Raúl Hernández, integrante de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), se encuentra preso desde el 17 de abril de 2008, acusado de un asesinato que no cometió. Amnistía Internacional cree que las acusaciones en su contra son en realidad una represalia por sus actividades legítimas en defensa de los derechos de su comunidad y por exponer abusos de un jefe político local (cacique), así como de las autoridades locales.

La única evidencia en su contra provino de dos testimonios casi idénticos, que parecen ensayados, y una declaración basada en rumores. Los presuntos testigos no reportaron el delito sino hasta varios días después de ocurrido y únicamente cuando el cacique local acusó públicamente a miembros de la OPIM. El cacique también fungió como intérprete de los testigos. Durante el proceso se ignoró la evidencia que demostraba que Raúl Hernández no se encontraba presente al momento del asesinato. Un dictamen reciente de una corte federal subrayó los graves fallos en el caso y canceló las órdenes de detención contra cinco de los coacusados por falta de evidencia confiable. Sin embargo, Raúl continúa en prisión esperando juicio.

Raúl Hernández y la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa han promovido proyectos de desarrollo a pequeña escala para mejorar las condiciones de vida de sus comunidades y han hecho campaña para erradicar la impunidad ante violaciones de derechos humanos.

Entre los casos que han adoptado están la esterilización forzada de 14 hombres de la OPIM en 1998 y la violación sexual de dos mujeres me’phaa, Inés Fernández y Valentina Rosendo, a manos del ejército en 2002, quienes ahora se encuentran ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Para actuar, acude a: http://www.alzatuvoz.org/raul

Fuente: Amnistí­a Internacional