Marcos Gómez señaló que la violencia es uno de los grandes problemas del país (VICENTE CORREALE)

Amnistía Internacional (AI) presentó ayer su informe sobre el estado de los derechos humanos en el mundo en 2009 y señala que en el caso de Venezuela hubo "agresiones y actos de intimidación" contra detractores del Gobierno, incluidos periodistas y defensores de los mismos.

El informe reseña la supresión de la limitación de los mandatos presidenciales, el aumentó del malestar social, así como de las manifestaciones, la creación de las milicias y la condena de 30 años, sin beneficios, a los diez funcionarios de la Policía Metropolitana por los hechos ocurridos el 11 de abril de 2002.

Marcos Gómez, director de Amnistía Internacional Venezuela, indicó que en el país "existe una profunda crisis en materia de derechos humanos" al tiempo que recomendó al Gobierno reducir la polarización.

"Tenemos una gran cantidad de muertes, somos uno de los países con el mayor índice de violencia en el continente, en donde se cometen abusos policiales y se tiene un masivo descontrol de armas. Nuestros principales problemas son las armas que están sin control en manos de la población".

Gómez también se refirió al Poder Judicial y apuntó que éste debería funcionar con libertad así como impartir justicia. Nombró el caso de la jueza María Lourdes Afiuni y de cómo es un ejemplo en el que los jueces se inhiben esperando una autorización para dictar sus sentencias.

Asimismo el tema de las cárceles genera preocupación en la organización debido a que en el país éstas son "depósitos de seres humanos" y que los presos son tratados de forma inhumana.

Consideró que el Gobierno tiene sus prioridades mal enfocadas y que se debe buscar soluciones a los problemas que afectan los derechos humanos de los ciudadanos, por lo que emplaza al Ejecutivo a cambiar sus prioridades.

En cuanto a la represión de la disidencia Amnistía resalta los casos del estudiante Julio César Rivas, quien fue detenido y acusado de organizar grupos armados, y el del prefecto de Caracas, Richard Blanco, quien fue acusado de incitación a la violencia y recluido en la cárcel de Yare.

Libertad de expresión

Respecto a los medios de comunicación y la libertad de expresión el informe destaca que "se acosó, intimidó y amenazó a periodistas". Al tiempo que "suscitaba preocupación la posibilidad de que un anteproyecto de ley para penalizar la información falsa y en perjuicio de los intereses del Estado a través de los medios de comunicación socavara la libertad de expresión e información" y que este anteproyecto de ley siguiera pendiente de aprobación por la Asamblea al finalizar el año.

Gómez se refirió a las 34 emisoras a las que por medio de un proceso administrativo se les revocó la licencia.

"Nos preocupa que se recurran a sanciones administrativas para con los medios que no sigan las líneas del Gobierno, esto lo que le hace es daño a la sociedad".

En el informe Amnistía se refirió en este caso a lo dicho por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de que esas emisoras "jugaban a la desestabilización", lo que indicaba que las cerraban por su línea editorial.

Fuente: ElUniversal.com