Las autoridades judiciales y policíacas del estado de Chiapas deben dar explicaciones por el brutal desmantelamiento, acompañado de arrestos, de la radiodifusora comunitaria Radio Proletaria, el 12 de octubre de 2010 en Tuxtla Gutiérrez.

Por la noche, un comando armado y encapuchado compuesto por una treintena de policías y de funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE) irrumpió en las instalaciones de la Organización Popular Emiliano Zapata, que albergaba a Radio Proletaria. La estación se encuentra afiliada a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC).

Sin identificarse ni presentar ningún documento que justificara esta intervención, los funcionarios arrestaron a seis personas, entre ellas un menor de 14 años de edad que trabajaba en la radiodifusora, quien fue liberado 24 horas más tarde. Todo el material de transmisión de Radio Proletaria fue confiscado, reduciendo a la estación al silencio.

AMARC y Reporteros sin Fronteras exigen a las autoridades chiapanecas que rindan cuentas públicamente de los motivos y el desarrollo de esta operación. ¿Se acusa a Radio Proletaria de transmitir sin una frecuencia legal? Si era el caso, era posible emitir una orden de apego a las normas sin recurrir a la represión y la censura. La PGJE de Chiapas cometió una violación al derecho de informar y debe restituir en el plazo más breve el material confiscado a Radio Proletaria.

Además, el arresto de un menor, privado del derecho de contactar a su familia, constituye una violación flagrante de las reglas más elementares del derecho penal. Durante su detención, se requirió al joven señalar el domicilio de otros tres miembros de Radio Proletaria. Este procedimiento inadmisible amerita más que sanciones administrativas contra los funcionarios responsables. Las personas arrestadas en el marco de este asalto y que aún se encuentran detenidas, deben recobrar la libertad en la ausencia de cargos válidos que las inculpen.

La criminalización de radios comunitarias en México no es nueva. El procedimiento empleado por las autoridades de Chiapas para intimidar a una comunidad y censurar su medio de comunicación, recuerda extrañamente los métodos utilizados por el ejército y la policía federal, en enero de 2009 en Michoacán, contra la radiodifusora indígena Uékakua. Tanto en el caso precedente, como en el que acaba de ocurrir, las reglas del Convenio Interamericano de Derechos Humanos han sido burladas. La OEA debe exigir a las autoridades mexicanas la reparación de los daños.

Fuente:Reporteros Sin Fronteras