Cuatro periodistas se encuentran aún desaparecidos en el estado de Michoacán (sudoeste), uno de los epicentros de la ofensiva federal contra los carteles de droga, emprendida poco después de la investidura del presidente Felipe Calderón, en diciembre de 2006. La desaparición de José Antonio García Apac, el 20 noviembre de 2006, aconteció poco antes del inicio de estas operaciones. Cuatro años más tarde, nadie sabe qué sucedió con el director del semanario local Ecos de la Cuenca.

Michoacán es conocido por su temible cartel “La Familia”, del que uno de los jefes, Arnaldo Rueda, fue arrestado en 2009. Durante una visita reciente a la región, Reporteros sin Fronteras comprobó desafortunadamente el callejón sin salida en que se encuentran las diferentes investigaciones. No obstante, según nos confió el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Víctor Manuel Serrato Lozano, en el periodo 2008-2010 el organismo ha emprendido alrededor de 600 acciones concernientes a 123 casos de desaparición.

En su oficina de la CEDH se apilan once expedientes de quejas por agresiones a periodistas. La mayor parte de estos corresponden a cateos ilegales y amenazas, que implican a la Policía Federal o al ejército. Los ataques contra la prensa se atribuyen tanto a los funcionarios como al crimen organizado. La pesadez burocrática, tanto a nivel de los estados como a escala federal, también explica el retardo en los expedientes que deberían ser tratados prioritariamente.

En México, el Código Penal Federal establece el término “desaparición forzada” únicamente en los casos que implican a funcionarios o personas que ostentan un cargo público. Por otra parte, la “desaparición” no se contempla en el marco de delitos sancionados por el Código Penal de Michoacán. Por ello, jurídicamente, los cuatro casos recientes de periodistas se instruyen como “privaciones ilegales de la libertad”. Como consecuencia de esta imprecisión legal, las diferentes administraciones responsables, ya sean locales o federales, no han cesado de reenviarse mutuamente los expedientes.

Durante este tiempo, las familias de los cuatro periodistas desaparecidos en Michoacán se han cansado de insistir a las autoridades para obtener respuestas.

Las investigaciones sobre la desaparición de José Antonio García Apac se encuentran prácticamente en un punto muerto. El expediente ha sido enviado a “reserva” en tres ocasiones -la última se remonta a marzo de 2008- a falta de nuevos elementos que permitan reactivar la investigación. Según sus allegados, el periodista poseía información concerniente a la colusión de funcionarios del estado y de municipios de Michoacán con el narcotráfico. Poco antes de su desaparición, José Antonio García Apac había intentado varias veces alertar a las autoridades federales de la situación.

El caso de Mauricio Estrada Zamora no mostrado mayor avance. El periodista, corresponsal del periódico regional La Opinión de Apatzingán, se encuentra desaparecido desde el 12 de febrero de 2008. Al día siguiente de su desaparición se publicó un artículo firmado por él que relataba el arresto de una banda de narcotraficantes en la localidad Aguililla. Un agente del grupo antisecuestros sugirió entonces a la familia un hecho causa-efecto. Según otra versión, el periodista tenía diferencias con un sujeto apodado "El Diablo", policía de la ex Agencia Federal de Investigación (el FBI mexicano), enfocada completamente a la lucha antidroga. Las razones del conflicto nunca fueron reveladas y "El Diablo" fue transferido fuera de Michoacán el 11 de febrero de 2008, la víspera de la desaparición del periodista de La Opinión de Apatzingán.

“La mejor de su región”

María Esther Aguilar Cansimbe no ha vuelto a dar señales de vida desde el 11 de noviembre de 2009. Sus allegados temen que la investigación se hunda. María del Carmen, hermana de la periodista, está convencida de que las autoridades saben algo y de que su silencio es voluntario. María Esther Aguilar Cansimbe trabajó durante diez años como periodista, fue corresponsal de los periódicos ABC de Michoacán, Diario de Zamora, El Sol de Zamora y La Voz de Michoacán. Cubría temas criminales, los casos de droga, para el diario El Cambio de Michoacán. “Era la mejor de su región”, nos aseguró el jefe de corresponsales del periódico.

Poco antes de desaparecer, la periodista había relatado los abusos de poder y las brutalidades cometidas por el jefe de Seguridad Pública del municipio de Zamora, Jorge Arturo Cambroni Torre. El 30 de octubre de 2009 cubrió la captura por parte del ejército de Jorge García Garnica, alias “El Bofo”, otra figura del cartel “La Familia”. Informaciones de ese género pueden provocar represalias de los carteles, pero también de ciertos representantes de la fuerza pública que temen por su imagen o reputación. Víctima de amenazas, María Esther Aguilar Cansimbe dio parte a la policía.

Finalmente, Ramón Ángeles Zalpa, quien era corresponsal del periódico Cambio de Michoacán desde hacía diez años, se encuentra desaparecido desde el 6 de abril de 2010. Entre la fecha de su desaparición y julio pasado, la Procuraduría Federal de Justicia llevó a cabo 18 diligencias. Ninguna de las líneas de investigación que se siguen se ha fortalecido y el móvil profesional sería en ellas incierto.

La ofensiva federal contra los carteles y las luchas intestinas del crimen organizado han causado la muerte de al menos 30,000 personas en cuatro años. El país se encuentra entre los más mortíferos para la prensa. Desde el año 2000, 69 periodistas han perdido la vida y desde 2003, once se encuentran desaparecidos. Doce profesionales de los medios de comunicación han sido asesinados desde el inicio del año, en ocho de los casos es probable o está comprobado el nexo con la profesión. México se encuentra en el lugar 136 de entre 178 países incluidos en la clasificación mundial de la libertad de prensa publicada por Reporteros sin Fronteras en octubre de 2010.

Reporteros sin Fronteras reitera su intención de participar en las consultaciones sobre el nuevo Mecanismo para la Protección de Periodistas promovido por las autoridades federales.

Fuente:Reporteros sin Fronteras