La película Presunto culpable fue retirada ayer de las salas cinematográficas del país, una vez que la Secretaría de Gobernación notificó a la distribuidora Cinépolis que debía acatar el fallo de la juez 12 de Distrito en Materia Administrativa, Blanca Lobo Domínguez.

El miércoles pasado, la juez ordenó suspender la exhibición del documental que relata la historia de José Antonio Zúñiga, condenado a 20 años de prisión por un delito que no cometió -y posteriormente exonerado-, al admitir una demanda de amparo interpuesta por Víctor Manuel Reyes, único testigo de cargo en ese caso, quien alegó que el uso de su imagen en la cinta pone en riesgo su vida y afecta su dignidad.

La Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía notificó a los distribuidores el mandato judicial de suspender provisionalmente la exhibición comercial. El subsecretario de Normatividad de Medios de Segob, Héctor Villarreal, insistió en que la dependencia no está de acuerdo con la orden judicial.

Pablo Jiménez, director jurídico de Cinépolis, distribuidora de la cinta, comentó que utilizarán las herramientas legales que estén a su alcance, para regresar el documental a la cartelera.

Enlatan Presunto culpable

Como distribuidor de Presunto culpable, Cinépolis acató ayer el fallo de la juez 12 de Distrito en Materia Administrativa, Blanca Lobo Domínguez y suspendió la exhibición del documental, luego de que la Segob le notificó la resolución.

El subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, Héctor Villarreal, insistió que la dependencia no está está de acuerdo con la orden de la juez y aun adelantó que Cinepolis podría obtener un amparo para seguir con la exhibición del documental.

Alejandro Ramírez, titular de la cadena que fungió como distribuidora de Presunto culpable, anunció a través de su cuenta de Twitter que Cinépolis acatará la suspensión.

Desde Brasil confirmó, aproximadamente a las 16 horas de ayer: “Acabamos de recibir una notificación de RTC de la Segob para retirar la exhibición de Presunto culpable de inmediato, lo cual acataremos”.

Layda Negrete, productora del documental, lamentó que su trabajo haya sido retirado de las salas y comentó que trabajarán muy de cerca con la parte legal de Cinépolis para regresar la citan a los cines.

“Lamentamos mucho que sea a partir de la decisión de una sola juez que se definan qué contenidos pueden aparecer en cines, independientemente de las cuestiones sobre el manejo de imagen, que son dignas de discutirse. Una juez, de un plumazo, sin habernos escuchado y esperado cuál era la respuesta del recurso de queja que interpusimos decidió sacarlo. Este hecho me hizo dudar de mi país y me confirmó lo limitado que son los jueces ante un documental que evidencia algunas inconsistencias”, subrayó Negrete desde Berkeley.

Pablo Jiménez, director jurídico de Cinépolis, comentó a Excélsior que utilizarán las herramientas legales a su alcance, como el recurso de queja que interpusieron el viernes ante el Sexto Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa del Primer Circuito del DF, para regresar el documental a la cartelera.

“Será mañana (hoy) cuando recibamos la respuesta de esta instancia y estamos confiados en que Presunto culpable regrese a las salas inmediatamente. En este momento lo que es procedente es encontrar las deficiencias en que incurrió la juez 12 al otorgar la suspensión provisional, así como defender el derecho a la libertad de expresión que tiene el equipo de producción para informar”, ahondó el abogado.

La Segob notificó la orden de retirar el documental, a través de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía.

Cinépolis, a través de un comunicado publicado en su página de internet, informó que suspendía la proyección.

“Cinépolis acatará las órdenes de autoridades competentes en relación con este asunto. No obstante, nos encontramos analizando las diferentes alternativas y recursos legales disponibles para procurar la continuidad de la exhibición de Presunto Culpable”, se lee en su página.

Respecto de las posibles sanciones a las que podría hacerse acreedor el distribuidor en caso de no suspender la difusión de la cinta, una vez que ya fue notificado, consideró “posible que RTC tuviera que iniciar algún procedimiento sancionador”.

Sin embargo, el subsecretario de Gobernación llamó a no caer en especulaciones porque “no sabemos cuál será la decisión o las medidas que conforme a su derecho decida el distribuidor llevar a cabo”.

“Ya estamos en un proceso legal en donde los tiempos, las acciones, las consecuencias se van a determinar en función de las estrategias legales de los actores y, en función también de las resoluciones y de las decisiones que los jueces vayan adoptando”, recalcó.

El pasado miércoles, la juez Lobo ordenó suspender el documental al fallar en favor de Víctor Manuel Reyes, único testigo de cargo contra José Antonio Zúñiga (Toño), condenado a 20 años de prisión por un delito que no cometió y cuya historia es motivo del documental.

La suspensión ordenada incluye eliminar la publicidad y los carteles promocionales que hasta ayer seguían colocados en los paraderos de microbuses y en los camiones.

El productor y realizador de la cinta, Roberto Hernández, recibió apoyo en redes sociales. “¡Qué poca madre!”, fue la frase de inconformidad en la cuenta de Facebook de la cinta.

El subsecretario de Normatividad de Medios de la Segob insistió en el desacuerdo de la dependencia con el fallo judicial.

“No estamos de acuerdo con esta suspensión provisional y presentamos un recurso de queja ante el Tribunal Colegiado para que en un plazo de 48 horas emita un nuevo fallo”.

De este modo, RTC se suma a la impugnación tramitada por Cinépolis, el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y la abogada y realizadora Layda Negrete.

El funcionario insistió en que la autorización de RTC para la exhibición del documental es legal “y vamos a defenderla”.

No obstante, aclaró que la dependencia es respetuosa del fallo.

El juez acumula equivocaciones

El juez Héctor Palomares Medina, quien condena al protagonista de Presunto culpable, ha acumulado una serie de irregularidades en la resolución de sus casos.

El titular del Juzgado 26 en Materia Penal en el DF condenó a José Antonio Zúñiga dos veces, en juicios distintos, por el delito de homicidio; lo sentenció a 20 años de prisión, a pesar de que el procedimiento y los careos demostraron la inocencia de Zúñiga.

Hace ocho años este juez estaba obligado a dictar libertad condicional al procesado José Carmen Delgado Maya, quien cometió delitos no graves. Sin embargo, no lo hizo y, en cambio, dictó resoluciones contradictorias e invadió casos que corresponden sólo al orden federal.

Esto constituye una falta administrativa sancionada, según la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Por ello, Palomares recibió una multa de tres días de salario.

Inconforme con esta pena, el afectado por el fallo del juez llegó a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde pidió un amparo.

“Se tiene por acreditada la falta oficial grave que cometió el juez 32 de lo Penal (posición que entonces ocupaba”, se lee en las conclusiones del caso que consigna el amparo 63/2002, del cual Excélsior posee copia.

Según lo exhibió Presunto culpable, el juez no está presente en 71 por cientos de las audiencias y por ello, en 2002, pidió que se invalidara el artículo 47, fracción XXII, de la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos, que lo obliga a cumplir con su cargo. Pero la ministra Olga Sánchez Cordero propuso fallar en su contra y así lo avalaron cuatro ministros.

Mientras dejó en prisión a alguien que merecía su libertad, el año pasado Palomares libró una orden de aprehensión contra integrantes de una pandilla que fueron denunciados por la cadena de restaurantes Italianni’s.

Palomares Medina es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y desde 1993 ingresó al Tribunal Superior de Justicia del DF.

Hoy es protagonista de la cinta que fue retirada de las 73 salas de 20 ciudades a lo largo de todo el territorio nacional.

Fuente: Excélsior