El 24 de abril de 2011 prescribirán los procesos penales por los asesinatos de Julio Daniel Chaparro y Jorge Enrique Torres, periodistas del periódico El Espectador. Los dos reporteros investigaban para el diario la masacre paramilitar ocurrida en 1988 en Segovia, Antioquia (noroeste), cuando fueron asesinados, el 24 de abril de 1991.

El plazo de prescripción de la acción penal de estos crímenes es de veinte años. Sin embargo, hasta la semana pasada, la investigación desarrollada por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación se encontraba aún en etapa preliminar y no había dado lugar a ninguna inculpación. Ayer, un fiscal declaró haber proferido resolución inhibitoria debido a que los presuntos responsables estarían muertos. Así, estos asesinatos quedan en total impunidad.

De aquí al final de año, las acciones penales concernientes a los asesinatos de otros cuatro periodistas también corren el riesgo de prescribir. Los crímenes cometidos hace veinte años contra los periodistas Carlos Julio Rodríguez (20 de mayo de 1991), José Libardo Méndez (20 de mayo de 1991), Arsenio Hoyos Lozano (13 de septiembre de 1991) y Rafael Solano Rochero (30 de octubre de 1991) no deben permanecer impunes ni caer en el olvido.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), organización colombiana colaboradora de Reporteros sin Fronteras, envió una carta a la Fiscal General, Viviane Morales, el 24 de marzo pasado, en la que denunciaba esta situación que requiere de una acción urgente para evitar el cierre definitivo de los expedientes. Para la organización, estos crímenes deben ser considerados de lesa humanidad y por ende imprescriptibles. En ese sentido, en julio de 2010 la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación declaró el asesinato del periodista Guillermo Cano como crimen de lesa humanidad, señalando que había sido cometido como parte de un plan llevado a cabo por grupos de narcotraficantes en esa época.

Reporteros sin Fronteras recuerda que la justicia colombiana tiene la responsabilidad de investigar, identificar y perseguir a los responsables de los crímenes contra periodistas. Ante la falta de acciones serias para prevenirlos y evitar la impunidad, la responsabilidad internacional del Estado podría verse comprometida. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló, el 15 de abril de 2011, que la mayoría de estos delitos permanecen en una situación de preocupante impunidad. Colombia debe hacer del respeto de la libertad de expresión y del combate contra la impunidad una prioridad y declarar imprescriptibles los crímenes cometidos para restringir el ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de informar, en conformidad con la declaración de Medellín de 2007 sobre la seguridad de los periodistas y la lucha contra la impunidad.

Fuente: Reporteros Sin Fronteras