El Gobierno del ahora expresidente Álvaro Uribe fue selectivo en el manejo de los archivos informáticos de Raúl Reyes, jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) muerto en Ecuador, para afectar a sus colegas Rafael Correa, y Chávez, según cables diplomáticos de Estados Unidos filtrados por WikiLeaks.

La embajada estadounidense en Bogotá siguió cada paso, como se desprende de los despachos que hizo al Gobierno de EEUU, tras el bombardeo colombiano en suelo ecuatoriano que culminó con la muerte de Raúl Reyes, en marzo de 2008, manifestó Efe.

El Espectador, que el pasado febrero recibió miles de cables de WikiLeaks, precisó que el primer despacho diplomático data de un mes después de esa acción.

En él, "tanto el entonces ministro de Defensa y sucesor de Uribe, Juan Manuel Santos, como el viceministro Sergio Jaramillo habían confirmado que se planeaba utilizar el material incautado para probar conexiones de los presidentes de Venezuela y Ecuador con las FARC".

El desarrollo de la estrategia fue delegado en Jaramillo, quien "viajaba cada semana a mostrar información a distintos Gobiernos", según la misma fuente, que precisa que, para la época del despacho, el funcionario se había desplazado a México y Brasil, y tenía previsto hacerlo a Chile, Reino Unido y Francia.

Gira gubernamental

En el cable inicial, se indica que el Ejecutivo "tenía previsto un término de cuatro a seis semanas para que el Gobierno entregara información selectiva a medios de comunicación en Estados Unidos, España, Colombia y otros países de América Latina"

"Obviamente, los temas que debían posicionarse eran las FARC y el presidente Hugo Chávez, las FARC y el presidente Rafael Correa, las FARC y el tráfico de drogas y las FARC y los secuestrados", continúa ese despacho y, apunta que "en cada caso, el Gobierno debía tener el máximo cuidado para evitar que se filtrara información que resultara dañina para la administración Uribe".

El entonces ministro de la Defensa y actual mandatario colombiano cedió los archivos, bajo la condición de que no los divulgara sin autorización gubernamental, a Estados Unidos, que por la época tenía como representante en Colombia a William Brownfield.

Según estos cables, el plan de Álvaro Uribe, que también tenía como objetivo a sus opositores, comprendía la verificación de la "integridad de los computadores" por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), y la entrega de todos los archivos a "una organización independiente que no se identificara con los Gobiernos de Colombia ni de Estados Unidos".

Un despacho diplomático recoge la versión del viceministro Jaramillo de que el material había sido entregado al Instituto Internacional para Estudios Estratégicos (IIEE), con sede en Londres y que hace poco divulgó su informe sobre los documentos de las FARC.

"Jaramillo explicó a la Embajada que el Ejecutivo se había asegurado de conseguir fondos privados para que financiaran el proyecto (con el IIEE), para de esta manera evitar que se hicieran conexiones con el Gobierno de Colombia", según las mismas fuentes.

Fuente: ElUniversal.com