El 1 de junio de 2011 fue encontrado cerca de Jáltipan, estado de Veracruz (este), el cuerpo sin vida de Noel López Olguín, colaborador de los semanarios locales Horizonte y Noticias de Acayucan, y del diario La Verdad. El periodista había desaparecido el 8 de marzo pasado. Cuatro días antes, Alejandro Castro Chirinos, alias “El Dragón”, capturado en Coatzacoalcos, estado de Veracruz, confesó haber participado en el asesinato del periodista. Entre las pertenencias de El Dragón, cuando fue detenido, se encontraba la cámara del periodista. Según las autoridades, Castro Chirinos dio indicaciones que permitieron localizar la fosa donde se encontraba el cuerpo.

Aún no se cuenta con indicios de permitan determinar el móvil del crimen, no obstante, es muy probable que asesinato de Noel López Olguín esté relacionado con su actividad profesional. Activista social, interesado en los problemas comunitarios, como la corrupción y la inseguridad, había denunciado los abusos de las autoridades y de miembros del crimen organizado. Estado costero del Golfo de México, Veracruz representa un punto de tránsito clave para el tráfico de drogas en dirección a Estados Unidos. El temible grupo paramilitar Los Zetas asola de forma particular la región de Jáltipan, limítrofe con el estado de Oaxaca, donde vivía y trabajaba Noel López Olguín.

Reporteros sin Fronteras espera que los investigadores determinen lo más rápido posible el móvil de este crimen y pide a las autoridades federales que apliquen los mecanismos de protección de periodistas, presentados por la Secretaría de Gobernación el 3 de noviembre de 2010. El 3 de mayo pasado la organización incluyó de nuevo a los Carteles de Sinaloa, del Golfo y de Juárez en la lista de los “Predadores de la Libertad de Prensa” y denunció el drama de la prensa frente al crimen organizado.

México se encuentra entre los países más peligrosos del continente para los medios de comunicación. En el país han sido asesinados 73 periodistas desde el año 2000, ocho de ellos eran originarios de Veracruz (entre 2002 y 2009); asimismo, 12 periodistas se encuentran desaparecidos. La prensa continúa siendo uno de los principales blancos: a la creciente violencia se suma una guerra de imagen, en la que se ejercen presiones sobre los medios de comunicación y ataques físicos contra los periodistas.

El 30 de mayo de 2011 desconocidos lanzaron una granada al edificio del diario Vanguardia en Saltillo, estado de Coahuila (norte). No hubo heridos, pero las oficinas y dos automóviles quedaron muy dañados. El periódico habría sufrido presiones y amenazas por parte de bandas criminales porque no se había publicado nada sobre sus actividades.

El mismo día tres periodistas fueron agredidos y detenidos arbitrariamente. Pablo Hernández e Ismael Villagómez, del diario El Norte, de Ciudad Juárez, estado de Chihuahua (norte), fueron arrestados por agentes de la policía cuando cubrían una operación de decomiso de mercancía pirata. Los periodistas fueron agredidos y detenidos durante una media hora en la estación de policía, sin recibir ninguna explicación. Presentaron una queja en la Dirección de Asuntos Internos de la Policía Municipal. Luis Lorenzo Escalera, corresponsal del Canal 26 de Univisión fue detenido el mismo día durante 45 minutos.

En la misma semana, el 23 de mayo, las instalaciones de la organización Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), editorial de la agencia Cimac Noticias, especializada en temas relacionados con las mujeres, fueron saqueadas por segunda vez desde 2008. Desconocidos forzaron las puertas de la oficina, robaron una cantidad importante de material y cortaron los cables de Internet. Ante la falta de resultados de la investigación por el robo de 2008, los miembros de la organización presentaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). Tras el segundo ataque, ésta solicitó que se les otorgaran medidas de protección, pero hasta el momento no cuentan con ellas.

El 25 de mayo pasado se confirmó la sentencia dictada contra el director de Radio Tierra y Libertad en Monterrey, estado de Nuevo León, Héctor Camero, condenándolo a una pena de dos años de prisión, a pagar una multa de 15.777 pesos (cerca de 1.360 dólares), así como la inhabilitación de sus derechos civiles y políticos por el delito de “uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico sin autorización previa”. Esto, aún cuando en 2009 se había otorgado legalmente una licencia de difusión a Radio Tierra y Libertad, tras siete años de espera. El proceso penal contra Héctor Camero comenzó en 2008, tras un operativo para cerrar la estación. Si bien el periodista obtuvo el beneficio de una condena condicional, estos procesos penales constituyen un nuevo golpe a las radios comunitarias mexicanas.

Reporteros sin Fronteras condena la violencia y las intimidaciones contra los medios de comunicación y pide a las autoridades que hagan todo lo posible para que estos actos no queden impunes.

La ofensiva federal contra el narcotráfico, emprendida en diciembre de 2006, ha dejado un saldo de más de 40.000 muertos en todo el país, Reporteros sin Fronteras continúa apoyando la campaña de los cartonistas de prensa "¡Basta de Sangre !" - “No + sangre”. Durante el año, cada postura sobre la situación en México dará lugar a la publicación de una ilustración nueva.

Fuente: Reporteros Sin Fronteras