Ec. Rafael Correa Delgado
Presidente de la República
Palacio de Carondelet
Quito, Ecuador

Señor Presidente,

Reporteros sin Fronteras, organización internacional de defensa de la libertad de expresión, ha dado cuenta recientemente de las tensiones, cada vez mayores, que lo enfrentan a una parte de la prensa privada. Este conflicto se ha agravado aún más en el contexto de la demanda que usted interpuso contra el diario El Universo. Hoy, tememos que una polarización como ésta afecte no sólo al pluralismo editorial, sino también al necesario debate en la sociedad ecuatoriana sobre la comunicación y la información. La situación exige elecciones claras de su parte.

Tras el fallo de un juez de primera instancia, emitido el 20 de julio pasado contra el periódico El Universo y tres de sus representantes, usted tuvo una actitud paradójica. A la apelación interpuesta por los acusados contra este juicio, se sumó la de los abogados de usted cuando la indemnización económica fue reducida a 40 millones de dólares, en lugar de los 80 millones de dólares que usted reclamaba en un inicio. La multa -que en ambos casos es exorbitante a nuestro parecer-, estaba acompañada de penas de prisión contra los tres acusados. Entonces, manteniendo la demanda contra El Universo, usted mismo declaró que no deseaba a toda costa la detención de los periodistas acusados. Por otra parte, el 28 de agosto pasado usted tuvo la atención de enviar una carta al personal del periódico (ver abajo), en la que aseguraba: “jamás permitiré que los trabajadores [del diario] sean las víctimas de la mala fe e irresponsabilidad de aquellos que, por manejar un negocio de comunicación, se creyeron propietarios hasta del honor de las personas”.

Reporteros sin Fronteras nunca negó la agresividad, incluso los excesos cometidos por algunos periodistas en las críticas de su persona. Asimismo, comprendemos que se haya sentido herido personalmente por la terrible acusación de “crímenes de lesa humanidad” -que originó el presente proceso- formulada contra usted tras la sublevación policíaca del 30 de septiembre de 2010. En lo que concierne a este acontecimiento, la posición de Reporteros sin Fronteras fue clara desde un inicio. Sin embargo, recordemos que este sublevamiento nunca fue apoyado ni alentado por una prensa crítica o de oposición a su gobierno, como ha sido el caso en otros países del continente.

Sobre todo, los acontecimientos del 30 de septiembre de 2010 no deben servir de ninguna manera para justificar la hostilidad sistemática contra una parte de la prensa que, aunque ya existía antes, se ha acentuado desde entonces. La indemnización que usted exige al diario El Universo constituye una verdadera incitación a la autocensura. Usted no puede a la vez mantener la demanda y mostrarse tranquilizador frente al personal del diario. Es hora de elegir y la decisión trasciende este caso, que no es el único en su género.

Usted no puede esperar crear una nueva situación de pluralismo en su país y promover un equilibrio entre los diferentes tipos de medios de comunicación, persistiendo en replicar de forma tan extrema e intransigente ante la menor crítica que recibe de la prensa. Revolución o guerra mediática, aún hay que elegir.

Reporteros sin Fronteras intentó ofrecer un análisis justo y ponderado de la versión inicial del proyecto de Ley de Comunicación. El debate sobre esta futura legislación se retoma hoy tras un largo periodo de controversia. El texto propone importantes enmiendas, como la despenalización de los delitos de prensa y la estricta limitación de los contenidos que habría que regular o prohibir (pedofilia, llamados directos al odio, el racismo o la discriminación, incitaciones reivindicadas a la violencia). También implica renunciar a toda pretensión de definir “la información veraz, oportuna y contextualizada”. Pero en términos más generales, este proyecto de ley no puede ser discutido y dar resultados si no se resuelven rápido algunos retos:

• El equilibrio pluralista entre los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios que apoyamos exige garantías claras de desconcentración, pero también la independencia de los medios de comunicación concernidos. Ahora, ¿qué sucederá con los 12 medios de comunicación - ademas de los 7 con estátus público - que fueron incautados últimamente por el Estado? ¿Qué autonomía se les concederá a fin de cuentas? El pluralismo se adaptaría mal a un oligopolio mediático de Estado establecido en lugar de un oligopolio privado y comercial. Más aún si un medio de comunicación público o bajo tutela económica del gobierno se confunde con un medio de comunicación del Estado, sin que exista un distanciamiento del discurso oficial. Este tipo de dependencia no es preferible a los conflictos de interés (muy reales) dentro de la prensa privada.

• La atribución o la confiscación discrecional de las frecuencias por parte del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) no es aceptable. La justa repartición del espacio audiovisual reclama una reforma a profundidad. En ese sentido, nos sorprendió el 8 de agosto pasado la suspensión unilateral de la concesión asignada a la estación de televisión pública amazónica Telesangay. Según sus propietarios, quienes denunciaron una decisión con un “trasfondo político”, este medio de comunicación contaba con la concesión de la frecuencia desde el 13 de mayo de 2009 y operaba de acuerdo a la norma. Ahora, si se trataba de un problema técnico, como lo sostuvo el Conatel, ¿no habría sido preferible conceder un plazo adicional para la adaptación a la norma en lugar del simple y puro cierre del medio de comunicación?

• Finalmente el debate que deseamos, al igual que usted, no será posible si perdura un clima de enfrentamiento o de odio, en el que los mensajes oficiales (cadenas) ofensivos responden cada vez a editoriales desfavorables. Sus servicios de comunicación no ganan nada imitando a sus peores detractores; aún menos sirve el considerar que sus declaraciones vuelven a toda la prensa responsable de un “complot” o de un “intento de derrocamiento” de su persona como Presidente de la República elegido y legítimo. El desvío y el uso abusivo de “spots” en forma de ataques personales no corresponden a un objetivo de comunicación. Es importante que esto se reglamente lo más rápido posible. En el mes de julio de 2011 el organismo de Participación Ciudadana calculó en unos 163.000 dólares la cantidad invertida por la Presidencia de la República en más de una hora acumulada de mensajes o comunicados (a menudo muy agresivos).

El contrapoder de la prensa -o de las ONG- no es forzosamente el “enemigo” de usted. Por ello le enviamos estas recomendaciones. Esperando obtener una respuesta de su parte, le envío señor Presidente mis saludos más cordiales.

Jean-François Julliard
Secretario General de Reporteros sin Fronteras

Fuente: Reporteros Sin Fronteras