La militarización de la seguridad pública en Centroamérica o al menos en el conocido Triángulo Norte de la región, formado por Guatemala, Honduras y El Salvador, es un hecho a partir de muchas variables y hechos que se han acentuado en este 2011.

Así las cosas, Honduras reformó su Constitución justo el último día de noviembre, para que los militares asuman labores de combate al crimen, muy parecido a las facultades que posee también la Policía de ese país centroamericano. La reforma al artículo 274 de la Carta Magna hondureña establece que los militares podrán hacer allanamientos y ejecutar órdenes de captura, pero quedarán al margen de investigaciones.

Además, estarán facultados en participar de forma permanente en la lucha contra el narcotráfico y cooperar en el combate al terrorismo, tráfico de armas y el crimen organizado. Pero no es para menos que los militares reciban el voto de confianza de los mandatarios centroamericanos, pues los Ejércitos siguen manteniendo altos índices de confianza y popularidad entre los centroamericanos.

El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, expresó también a finales de noviembre en este sentido que confía ampliamente en la cúpula militar de su país, ya que les ha encomendado diversas tareas y las han ejecutado con disciplina y respeto al orden constitucional y que esa confianza se ve reflejada en diversas encuestas que definen a la milicia como la “institución republicana más creíble”. Funes sigue entregando su voto de confianza a la Fuerza Armada, pues la califica como una institución moderna, desideologizada y que ha evolucionado desde los Acuerdos de Paz de hace 20 años.

Los militares salvadoreños tienen asignadas labores de seguridad pública, por mandato presidencial, desde noviembre de 2009, decreto que ya ha sido extendido en dos ocasiones y se prevé se mantenga en todo la Presidencia de Funes (2009-2014).

Un mandato presidencial que se profundizo con Funes, pero que ya venía siendo usual, desde la administración del presidente Armando Calderón Sol, de 1994 a 1999, cuando se crearon los Grupos de Tarea Conjunta, formados por soldados y agentes policiales.

“Las guerras modernas (al referirse al enemigo del crimen organizado y el narcotráfico), se batallan sin prejuicios ni ideologías, pues el crimen no se rige por política, ideologías o prejuicios, sino por intereses económicos y de poder”, aseguró Funes en el marco de una graduación de oficiales a finales de noviembre anterior, a quienes recibió para seguir defendiendo la democracia y a la población, ya no solo desde el bastión de la defensa nacional, sino también de la seguridad pública.

Por su parte, el Ministro de la Defensa Nacional de El Salvador, general José Atilio Benítez, manifestó que sería beneficioso que por reforma legal se les permitieran más atribuciones a los militares en materia de seguridad pública, pues “a veces nos sentimos muy limitados y pudiéramos hacer un mejor papel en coordinación con la Policía”.

Al ser cuestionado Benítez de si al otorgarle más atribuciones a los militares se pudiera estar volviendo al pasado salvadoreño, cuando el Ejército controlaba la seguridad pública, argumentó que “si volver al pasado es bajar los 12 homicidios diarios que tenemos hoy, pues qué bueno volver al pasado”.

Benítez, un general de División de la Fuerza Armada salvadoreña, resaltó el caso de Honduras, en cuanto a otorgar más atribuciones a los efectivos castrenses.

Además, aún cuando el Presidente Funes dijo hasta la saciedad que el nombramiento en noviembre del ex ministro de la Defensa Nacional, el general en situación de retiro David Munguía Payés, al frente del Ministerio de Justicia y Seguridad obedecía a su capacidad y a la confianza que el funcionario le merecía, restando así crédito a las críticas surgidas por tratarse de un oficial al mando de la seguridad pública.

Pero al final de cuentas es un militar que está poniendo algo del estilo castrense en el área y que se ha comprometido a bajar los homicidios hasta en un 30% en su primer año de gestión.

Munguía ya llevó a la Policía algunas prácticas de la milicia, por pequeñas que sean, pero al final muy propias de los militares, ya que ha asegurado de forma permanente la presencia de agentes policiales en el territorio de Panchimalco, uno de los municipios con altos índices de violencia en El Salvador, ubicado a unos 40 kilómetros al sur de la capital.

Pero si los países con mandatarios civiles, como Funes de El Salvador y Porfirio Lobo de Honduras han tenido que recurrir a la fuerza militar para contrarrestar la inseguridad, es de de esperarse que Otto Pérez que asumirá la primera magistratura en Guatemala este enero de 2012 haga lo mismo, dada su formación militar, ya que es un general de la época de la guerra civil guatemalteca.

De hecho en su campaña electoral habló ampliamente de mano dura contra la delincuencia y el crimen organizado y para la elección de su gabinete se tomó su tiempo para asignar el nuevo ministro de la Defensa y fue el último nombre en completar la lista del nuevo Gobierno que asumirá a inicios de 2012.

Por su parte, Panamá y Costa Rica, sin fuerzas armadas, establecieron en septiembre la comisión binacional de seguridad fronteriza para combatir el tráfico humano, de drogas, de mercancías y el cuatrerismo.

El acuerdo permitirá crear un mecanismo rápido de defensa y seguridad para combatir el tráfico de seres humanos, el narcotráfico y el contrabando, entre otros delitos que promueve el crimen transnacional en la línea fronteriza, según se informó de manera oficial por ambos gobiernos.

Panamá, pese a no poseer un Ejército, le viene apostando fuertemente a la seguridad a todo nivel con inversiones millonarias.

Entre otras apuestas, a principios de este año, Panamá dio a conocer la compra de cuatro Aviones No Tripulados (UAV, por sus siglas en inglés), para el combate al narcotráfico en la vigilancia de sus fronteras y de su espacio aéreo, por un monto de inversión de $16 millones por los equipos, pero una operación anual de hasta $93 millones. Las aeronaves, aparentemente de un fabricante estadounidense aún no identificado, serán recibidas a finales de este 2011.

También se anunció este año la compra de radares y otros equipos para la seguridad del país a una empresa italiana por un monto de inversión de más de $300 millones, pero que en las últimas semanas se ha visto envuelta en una polémica de sobreprecio por la transacción, tras conocerse que un alto ejecutivo de la compañía europea fue apresado por aparentes malos manejos y supuesto pago de sobornos.

Nicaragua, en relativa más calma en cuanto al crimen y la delincuencia que el resto de sus vecinos, tampoco se duerme en sus laureles, pues recibirá de Rusia una cooperación por $26,5 millones, los próximos tres años, sobre todo para modernizar las unidades de rescate del Ejército y crear dos hospitales para atender a víctimas de desastres naturales, entre otros fines.

El presidente Daniel Ortega anunció también en septiembre pasado que reforzará a las fuerzas armadas de su país con más soldados, mejores salarios, equipo y aviones, todo para un mejor combate al narcotráfico.

Ajuicio del militar colombiano Luis Villamarín, coronel y autor de libros que han plasmado operaciones del Ejército de su país en contra de las FARC, como la operación Sodoma que puso en libertad a la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt y otros rehenes, se debe dar una lucha integral al crimen organizado en la región.

“En la lucha contra el crimen, no solo debe incluirse una acción militar, sino también programas sociales y de rescate de valores. Aparte de la vinculación internacional, en especial en el tema del consumo”, dijo.

Pero sobre todo, el combate que incluye a las fuerzas armadas, aseguró Villamarín, debe abarcar el equipamiento necesario, dado los altos ingresos de los “narcoterroristas”; dejar afuera las ideologías y hacer del combate un tema de país y en este caso de región centroamericana; además de reconocer siempre que los militares son necesarios para la defensa de la institucionalidad de los países y el refuerzo a la seguridad pública.

Pero el uso del Ejército, con todo y los beneficios que pudiera traer en la disuasión de los delincuentes en la región, también recibe opiniones en contra.

“No sé hasta qué punto el uso del término militarización de la seguridad pública sea correcto. Lo que tenemos es un problema generalizado de desconfianza en las policías y en los sistemas de administración de justicia, así como unas coyunturas políticas que parecen favorecer condiciones para involucrar a las fuerzas armadas en varios aspectos de las vidas de los países de la región”, afirmó el criminólogo salvadoreño Carlos Carcach.

“No veo que Costa Rica y Panamá estén tan a merced porque de alguna manera estos países cuentan con fuerzas especiales creadas para enfrentar la amenaza del narcotráfico y el crimen organizado”, indicó.

Para Carcach, “es claro que Centroamérica está por involucrarse en una guerra que no le corresponde. La región no tiene la capacidad de respuesta que Estados Unidos tendría si luchara su guerra de manera directa. Piense en el caso de El Salvador en donde sin una guerra abierta contra el narcotráfico ya ha habido más de 70.000 muertes durante los últimos 20 años”.

En opinión del diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), el también salvadoreño Jorge Villacorta, se necesita de voluntad política, pero de inmediato porque “el crimen organizado está realmente integrado y organizado y ha ido evolucionado, mientras que nosotros (los centroamericanos) solo en la unión aduanera, por citar un ejemplo, llevamos 50 años que no nos ponemos de acuerdo”.

En ese sentido, Villacorta recordó también que Centroamérica no está preparada para soportar el embate de la criminalidad y la delincuencia, ya que no existe homologación de leyes penales y debería ser otra prioridad.

En línea con Carcach, Villacorta señaló que hay que verse en el espejo de México, con una guerra directa desde hace cinco años, pero sin resultados concretos y con 50.000 muertos, al referirse al combate frontal contra el narcotráfico y el crimen organizado que el presidente Felipe Calderón emprendió con el apoyo del Ejército, desde 2006.