Las autoridades venezolanas deben adoptar "las medidas necesarias" para garantizarle la vida e integridad personal a la presidenta de la organización Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada, Rocío San Miguel; y a su hija, pues así se lo ordenó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) le dio al Gobierno un plazo de 15 días para que le informe las acciones que ha tomado para evitar que San Miguel sea víctima de nuevos actos de hostigamiento y acoso como los que ha sufrido en los últimos años.

En los últimos años el Ejecutivo ha desatendido prácticamente todas las medidas de protección que la CIDH ha dictado a favor de denunciantes de vilaciones a los Derechos Humanos venezolanos.

Fuente: ElUniversal.com