El indígena mazahua Hugo Sánchez Ramírez pidió que sean sancionados los policías municipales y ministeriales, así como agentes del Ministerio Público y jueces del fuero común y fuero federal, por haberlo torturado, procesado y encarcelado por delitos que no cometió, y por la retención ilegal de más de 150 horas que sufrió luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó su liberación.

“Me robaron cinco años y dos meses, estuve en la cárcel por un delito que no cometí y ahora lo único que quiero es justicia”, dijo Hugo Sánchez Ramírez, liberado apenas la noche del lunes, a pesar de que la SCJN dio la orden el miércoles pasado.

En su primera conferencia de prensa, luego de dejar el penal de Santiaguito, en el Estado de México, donde fue retenido ilegalmente durante más de 150 horas, Sánchez Ramírez aseguró que durante su estancia en la cárcel se percató de que hay varios internos que, como él, están “injustamente pagando delitos que no han cometido”.

En las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), acompañado de sus padres, Antonio Sánchez Domínguez y Rosalba Ramírez Estrada, Hugo se presentó ataviado con un saco de lana cruda, con la imagen de San Judas Tadeo grabada en la espalda.

El evento se realizó después de que el director del Centro Prodh, José Rosario Marroquín, informara sobre el expediente de Israel Arzate Meléndez, joven de Ciudad Juárez que fue torturado por miembros del Ejército acusado de participar en la masacre de Villas de Salvárcar, cuyo documento que fue presentado al Comité contra la Tortura, dependiente de la ONU, organismo ante el que México será examinado los días 31 de octubre y 1 de noviembre en Ginebra, Suiza.

Una prenda igual a la de Hugo portaba su padre, mientras que doña Rosalba vestía orgullosa un traje mazahua amarillo atravesado por un reboso verde, los colores de la túnica y la estola del santo al que se encomendaron en los últimos cinco años y dos meses.

“Volví a nacer”, expresó Sánchez Ramírez al referirse a sus primeras sensaciones de libertad, y pidió a los abogados del Centro Prodh que extiendan su apoyo a los presos que, como él, purgan condenas por delitos que no cometieron.

“De ese 100% de internos, 70 a 80% somos inocentes, porque somos de recursos económicos (bajos)”, sostuvo Hugo.

“Los jueces trabajan con dinero (…) si les das dinero te dejan ir, si no les das dinero te echan tantos años, te echan años como confeti, hay mucha gente inocente en la cárcel”, reiteró.

Hugo Sánchez fue doblemente acusado tras ser detenido ilegalmente en 2007 por policías municipales de Villa Victoria, Estado de México. Fue procesado y sentenciado a cinco años, por portación de armas de uso exclusivo del Ejército, y a 37 años por secuestro. Por el último delito es que los ministros de la Primera Sala de la SCJN fallaron a favor de Hugo, en tanto que está pendiente la resolución por el primer delito.

El abogado Simón Hernández explicó que después de la resolución de la SCJN, Hugo fue de nueva cuenta victimizado, pues se le mantuvo retenido ilegalmente en el penal de Santiaguito durante más de 150 horas.

“Se pretendía chantajear a Hugo: para liberarlo le pedían que firmara un desistimiento del amparo que está en proceso en la SCJN”, dijo el abogado del Centro Prodh.

Hernández acusó al director del penal de Santiaguito, Héctor Guadarrama Silva, de retener al indígena argumentando que mientras no se resolviera el amparo que está por atenderse en la Corte, el joven no sería liberado, a menos de que se desistiera de él.

“Argumentamos que independientemente del amparo, Hugo ya había cumplido la sentencia que le impusieron por portación de arma, el 28 de agosto de 2012, por lo que la resolución del recurso en la SCJN lo podía esperar en libertad; lo que quedó claro para nosotros es que lo que pretendían las autoridades del Estado de México era justificar la estancia de Hugo en estos últimos cinco años, que él se desistiera del amparo y asumiera su responsabilidad en un delito que no cometió a cambio de su libertad”, dijo el abogado.