ROMA. Según informaron hoy a Efe fuentes judiciales italianas, los jueces encargados de la causa de la extradición hicieron pública este lunes su resolución favorable a la solicitud que había presentado el Gobierno español.

La sentencia deberá ser firmada ahora por la Fiscalía General de la República italiana y el supuesto miembro de ETA podrá interponer un recurso en última instancia ante el Tribunal Supremo italiano para evitar su extradición a España.

La abogada de Fernández Arrinda, María Luisa d'Addabbo, indicó hoy a Efe que "seguramente" su defendido recurrirá esta decisión, pero que aún es pronto para hacerlo puesto que ellos no disponen aún del contenido exacto de la sentencia.

El 6 de julio pasado, el Consejo de Ministros español acordó solicitar a Italia la extradición del supuesto etarra, sospechoso de haber participado en ataques de violencia callejera y, en concreto, el incendio de un autobús urbano el 20 de febrero de 2002 en Bilbao, que no causó víctimas.

Fernández Arrinda (Bilbao, 1980) fue detenido en su vivienda en el barrio romano de Garbatella, un día después de que la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional española dictara contra él una Orden Europea de Detención y Entrega.

Solo dos días después de su detención, un tribunal de Roma dispuso para su arresto domiciliario, que pasaría en la residencia que ocupaba en la Garbatella junto a su compañera, según explicó entonces D'Addabbo.

Fernández Arrinda cuenta con un amplio historial policial y judicial: el 18 de noviembre de 2003 fue detenido en la localidad de Groulhet junto con el militante de ETA Eneko Agirresarobe Olagoy cuando intentaban robar un vehículo y en posesión de documentación falsa.

Ingresó en prisión tres días más tarde, acusado de asociación de malhechores con fines terroristas, tenencia de armas y documentación falsa, intento de robo y receptación de vehículos así como de uso de matrículas falsas, y fue excarcelado el 22 de enero de 2008. Al año siguiente, el 14 de junio, fue nuevamente arrestado cuando regresaba de Venezuela junto a Alexander Gorka Bustunduy Urresola y Eneko Fernández Montes por un acto de sabotaje cometido en el año 2002.

Posteriormente, en octubre de 2010, fue condenado a tres años de cárcel por custodiar 300 boletos que se iban a vender a 600 euros cada uno para recaudar fondos para los presos de ETA, condena de la Audiencia Nacional que fue anulada un año después por el Tribunal Supremo (TS).

La de Fernández Arrinda no fue la primera detención en Roma de personas del entorno etarra, ya que en junio de 2010, la Policía italiana detuvo a los miembros de Segi Fermín Martínez Lakuntza, Artzai Santesteban Arizkuren y Zuriñe Gogenola Goitia, huidos desde noviembre de 2009.