Ocho periodistas fueron amenazados de muerte a través de un panfleto firmado por el Grupo Anti-restitución de Tierras. Esta lista negra fue distribuida el 6 de mayo de 2013 en Valledupar, en el departamento de Cesar, al norte del país (verla aquí abajo). El escrito, en el que aparece la foto de una ametralladora, indica que estos profesionales de los medios de comunicación tienen 24 horas para salir de la ciudad y les advierte que si siguen cubriendo -“metiendo sus narices”- los casos relacionados con la restitución de tierras serán las próximas víctimas. El panfleto constituye una advertencia para "todos los periodistas", considerados “objetivos militares”.

Los ocho periodistas amenazados son: Herlency Gutiérrez (RCN Radio), Jaime José Daza (Maravilla Stereo), Damaris Rojas (Al Día), Renier Asprilla (El Heraldo), Katia Ospino (UNO, CM&), Óscar Arzuaga (La Tribuna del Cesar de Radio Guatapuri), Ubaldo Anaya Flórez (TV RPT) y Martín Mendoza (Caracol Televisión, El Pilón). Todos ellos trabajan el tema de la restitución de tierras a los campesinos, cuyas propiedades fueron usurpadas por los grupos paramilitares durante el conflicto armado que obligó a una gran parte de la población al desplazamiento.

“Denunciamos estas amenazas, que provienen de un grupo probablemente ligado a los paramilitares. Expresamos nuestra gran preocupación por los periodistas amenazados, quienes deben gozar de protección, aunque dos de ellos ya estaban con protección. Asimismo, debe emprenderse una investigación lo más rápido posible con el fin de que se esclarezca de dónde provienen exactamente estas amenazas”, declaró Reporteros sin Fronteras. “Corresponde a las autoridades hacer todo lo necesario para que cesen las intimidaciones de los grupos paramilitares contra periodistas, así como contra defensores de los derechos humanos y del medio ambiente, campesinos y sindicalistas”, agregó la organización.

Esta amenaza no constituye un hecho aislado. Hace dos semanas el mismo grupo había amenazado de muerte a líderes del movimiento campesino a favor de la restitución de tierras, en el mismo departamento. Algunos de ellos fueron asesinados, otros renunciaron a reclamar sus tierras debido a este clima de amenazas en varios departamentos.

Estas intimidaciones tienen lugar dos años después de que el gobierno colombiano aprobara la Ley 1448, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (10 de junio de 2011), que ordenaba se devolvieran dos millones de hectáreas a unas 400.000 familias desplazadas por la violencia desde 1991. Oponiéndose a esta ley, diversos grupos armados buscan desde entonces bloquear el proceso, apoyados por varios sectores económicos y políticos de la sociedad.