El gobierno mexicano debería asegurar que el proceso de creación de una base de datos nacional sobre desaparecidos sea exhaustivo, eficiente y transparente, señaló hoy Human Rights Watch. La elaboración de la base de datos debería estar acompañada por investigaciones rigurosas para determinar el destino de las miles de personas cuyo paradero aún se desconoce.

En febrero de 2013, el gobierno anunció que estaba revisando una base de datos de más de 26.000 personas denunciadas como desaparecidas o extraviadas que había sido compilada por la Procuraduría General de la República (PGR). El gobierno ha señalado que muchos de los nombres en la base de datos probablemente serían eliminados. La lista original presenta problemas significativos, como incongruencias y datos incompletos, y no incluye los nombres de numerosas personas cuya desaparición ha sido denunciada.

“El gobierno de Peña Nieto dio un paso importante al reconocer la magnitud de la crisis de los desaparecidos cuando difundió una lista provisoria de personas desaparecidas y extraviadas”, observó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Ahora el gobierno deberá cumplir su promesa de elaborar un registro confiable y completo, que deberá ser complementado con investigaciones serias para buscar a las personas desaparecidas y llevar a los responsables de estos delitos ante la justicia”, agregó Vivanco.

El 20 de febrero, Human Rights Watch difundió un informe, “Los Desaparecidos de México: El persistente costo de una crisis ignorada ”, que documentó que miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas habían participado en desapariciones forzadas cometidas de manera generalizada en el marco de la “guerra contra el narcotráfico” desplegada por el ex presidente Felipe Calderón entre diciembre de 2006 y diciembre de 2012.

Según comprobó Human Rights Watch, la investigación de estos casos estuvo marcada por una grave falta de diligencia o directamente por la ausencia absoluta de medidas en este sentido. En muchos casos, los funcionarios desperdiciaron tiempo crucial al indicarles a los familiares que debían esperar varios días para poder radicar la denuncia sobre desaparición, les sugerían que ellos mismos intentaran recabar evidencias y señalaron sin ningún fundamento que las víctimas estaban vinculadas con la delincuencia organizada. En los casos en que las autoridades iniciaron investigaciones, con frecuencia no adoptaron medidas básicas como entrevistar a testigos.

Human Rights Watch analizó 249 desapariciones ocurridas durante el gobierno de Calderón, e identificó evidencias convincentes de desaparición forzada en 149 de esos casos. La desaparición forzada implica la privación de la libertad de una persona, con participación de agentes del Estado, seguida de la negativa a informar cuál fue su suerte o revelar su paradero. En todo caso, el gobierno tiene la responsabilidad de investigar incluso aquellos casos en que no existe evidencia inicial de que hayan estado implicados agentes del Estado.

Human Rights Watch comprobó que uno de los factores que obstaculizaban la búsqueda de desaparecidos y la identificación de los responsables era la falta de coordinación entre las distintas autoridades federales y de los estados. México no cuenta con un sistema nacional que permita a los estados intercambiar o buscar información sobre personas desaparecidas, o alertar a la policía y hacer búsquedas en hospitales, cárceles y otras instituciones cuando desaparece una persona. La falta de un registro de esta naturaleza también ha dificultado la posibilidad de determinar la magnitud a nivel nacional de las desapariciones.

Human Rights Watch instó a las autoridades mexicanas a adoptar diversas medidas para abordar este problema, como la creación de una base de datos nacional completa y precisa sobre desaparecidos, que contenga información sobre las características físicas de las personas y datos genéticos aportados por familiares, además de una base de datos de restos humanos no identificados. Esto permitiría a funcionarios de todo el país consultar sobre casos de desaparecidos, facilitando de esa manera las búsquedas y las investigaciones. Además, permitiría apreciar la magnitud del problema y ayudaría a las autoridades a identificar patrones y definir medidas de prevención.

El 20 de febrero, cuando Human Rights Watch presentó su informe, el gobierno reconoció por primera vez la existencia de un listado de miles de personas que habían sido denunciadas como desaparecidas o extraviadas durante el gobierno anterior. El Secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong confirmó el 21 de febrero que el gobierno había encontrado una base de datos confeccionada por la administración Calderón que contenía más de 27.000 nombres de personas desaparecidas y extraviadas, y señaló que estaban trabajando para crear un registro nacional unificado.

Ese mismo día, la Subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, indicó que la semana siguiente se difundiría una lista de 27.523 casos, después de que los datos fueran traspasados a dicha Secretaría. “Es este el primer paso que nos va ayudar a empezar a trabajar en la conformación de una base de datos sólida”, comentó Limón.

El 26 de febrero, Limón anunció en una conferencia de prensa que la base de datos contenía información sobre los casos de 26.121 personas, y publicó una versión en Internet. Manifestó que la base de datos compilada por la PGR a partir de informes proporcionados por las procuradurías de los estados constituía un “punto de partida” para la construcción de un registro nacional “definitivo”. Limón indicó que el gobierno federal trabajaría con las procuradurías de los estados para “depurar” la base de datos.

Señaló que el gobierno identificaría a las personas en la lista que habían sido sustraídas y diferenciaría estos casos de aquellos en que las personas habían optado por abandonar su hogar o habían sido víctimas de alguna catástrofe natural, así como los casos en que se había encontrado a la persona. Limón dijo que trabajaría con otras organizaciones que seguían de cerca este tema para crear un “instrumento útil que dé certidumbre”. En mayo, el gobierno anunció la creación de una unidad de la PGR dedicada a la búsqueda de personas desaparecidas.

El gobierno de Peña Nieto ha indicado reiteradamente que muchos nombres serían eliminados de la lista original. El 24 de mayo, el Osorio Chong declaró que, una vez completado el proceso de “depuración”, la extensión de la lista iba “a bajar muchísimo”, y mencionó al respecto el ejemplo de un estado en el norte del país, donde según dijo había 900 personas registradas en la base de datos, pero 700 fueron posteriormente eliminadas tras “localizar” a estas personas durante una revisión de los casos. No resulta claro, sobre la base de los comentarios expresados por Osorio Chong, cómo se llevó a cabo esta revisión, en función de qué evidencias el gobierno determinó que las personas habían sido localizadas o a qué estado se estaba refiriendo. El 30 de octubre, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, dijo que, en la mayor parte de los casos de personas reportadas como desaparecidas, se les encuentran, yque los que no se encuentran son “muchos menos, pero muchos menos, que las cifras que se manejan.”

“Al revisar la base de datos, el gobierno de Peña Nieto debe evitar repetir los errores que se cometieron al elaborar una lista que está plagada de omisiones y datos contradictorios”, comentó Vivanco. “Únicamente si se adoptan directrices sistemáticas y transparentes para revisar los casos y se asegura la incorporación de información clave, el gobierno podrá generar confianza y elaborar el registro creíble de desapariciones que ha prometido y que México necesita”.

El análisis de Human Rights Watch de la base de datos difundida por el gobierno el pasado mes de febrero y las versiones anteriores que pudo obtener ha identificado aspectos que permiten dudar seriamente de su exactitud y exhaustividad. Al no distinguir a quienes han sido llevados contra su voluntad de otros tipos de casos de personas extraviadas, la lista no puede ofrecer un panorama certero de la magnitud del problema de las desapariciones, y limita la utilidad de la base de datos para contribuir a las búsquedas e investigaciones. Esta imprecisión se atribuye en parte a la definición excesivamente amplia e imprecisa de “desaparecido” establecida en la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, promulgada en abril de 2012 por Calderón, y que exigía crear el registro nacional.

El examen del registro realizado por Human Rights Watch revela que las autoridades estatales -que compilaron los casos- adoptaron criterios diferentes al recabar y enviar la información, y que muchas categorías están incompletas (por ejemplo, hay pocos datos genéticos) o no están debidamente organizadas. En muchos de los casos faltan datos básicos como nacionalidad y edad de la víctima, así como información sobre si se ha iniciado una investigación.

Entre otros problemas identificados en la base de datos original, cabe señalar que allí no están presentes algunos de los casos analizados por Human Rights Watch y otras organizaciones no gubernamentales, que fueron además denunciados a las autoridades, y esto despierta preocupación sobre el método aplicado para obtener la información con que se preparó la lista. El 19 de marzo, Murillo Karam reconoció a través de comentarios públicos que en el registro faltaban “muchos” casos.

El gobierno no ha revelado públicamente la metodología aplicada para “depurar” la lista, ni tampoco las medidas que ha adoptado para asegurar que se añadan datos o casos que faltan. Osorio Chong expresó el compromiso de llevar a cabo el proceso con “transparencia”, pero no ha especificado qué criterios emplean las procuradurías de los estados para distinguir aquellos casos en que las evidencias sugieren que las víctimas fueron objeto de desaparición forzada u otro tipo de desaparición, de situaciones en que se presume que la persona se encuentra extraviada por otros motivos.

No resulta claro qué estándar de prueba exigirán las autoridades locales para remover a una persona del registro original, si estas conclusiones serán constatadas de manera independiente por autoridades federales, ni qué papel desempeñará la unidad especializada de búsqueda de la PGR en ese proceso. Tampoco se sabe si las autoridades prevén adoptar algún tipo de medidas, y en ese caso cuáles, para informar a los familiares las conclusiones alcanzadas con respecto a las personas desaparecidas, o si estos tendrán la posibilidad de impugnar la determinación de que una persona ha sido localizada, comentó Human Rights Watch.

La base de datos revisada debería emplearse como parte de una estrategia integral para abordar la crisis de los desaparecidos, junto con acciones de búsqueda de estas personas e investigaciones exhaustivas para que los responsables de estos delitos rindan cuentas ante la justicia, observó Human Rights Watch.

“Si bien es importante crear un registro nacional confiable, el gobierno no puede olvidar que esta medida es un primer paso para cumplir la obligación central de investigar y sancionar a los responsables de las desapariciones, buscar a estas personas y asegurar que los familiares de los desaparecidos reciban el apoyo económico y psicológico que históricamente se les ha negado”, dijo Vivanco.