El máximo organismo de DDHH estará pendiente del cumplimiento de los derechos humanos en el país.

Ginebra, Suiza. - Los países de América Latina y el Caribe lograron que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU pidiera a la Alta Comisionada Navanethem Pillay un informe sobre los derechos humanos en Honduras, según la resolución adoptada por consenso este jueves en Ginebra.

El Consejo "pide a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que presente un informe exhaustivo sobre las violaciones de los derechos humanos en Honduras desde el golpe de Estado", indica el texto del Consejo, dejando las manos libres a Pillay para investigar la situación.

El texto fue promovido por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, México, Nicaragua y Paraguay, o sea los ocho países latinoamericanos que integran este Consejo, compuesto por 47 Estados elegidos por la Asamblea General de la ONU, de acuerdo con un mecanismo de repartición regional en el mundo y rotación anual.

También contó con el apoyo del gobierno del depuesto presidente hondureño José Manuel Zelaya, y de países observadores de la región en este Consejo, como Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela.

La resolución también tenía el visto bueno de Canadá, Lituania, Portugal, España, Francia, Suecia, Australia, Dinamarca, Australia, Reino Unido, Suiza y Letonia.

Estados Unidos no firmó la propuesta, pero tampoco se opuso a su adopción.

El texto aprobado hoy condena "enérgicamente las violaciones de los derechos humanos como consecuencia del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, y en particular tras el regreso del presidente José Manuel Zelaya Rosales el 21 de septiembre de 2009".

El documento hace un llamado "a todos los agentes e instituciones que se abstengan de utilizar la violencia y respeten los derechos humanos y las libertades fundamentales", expresando un apoyo "a las iniciativas regionales y subrregionales para restaurar el orden democrático y constitucional y el estado de derecho en Honduras".

Al presentar el proyecto para su adopción, el embajador de Colombia en Ginebra, Angelino Garzón, coordinador del grupo de países latinoamericanos, manifestó su solidaridad para "con la conducta de la Misión Diplomática de la República Federativa de Brasil, plenamente coherente con el Derecho y las prácticas vigentes en América Latina", en implícita alusión a la protección que dicha misión brinda actualmente a Manuel Zelaya.

Al respecto, Garzón agregó una condena "rotunda a los actos de intimidación contra la Embajada de Brasil en Tegucigalpa", exigiendo que "se ponga fin a las amenazas contra esa Misión Diplomática y que se respeten todos los privilegios e inmunidades a que tiene derecho conforme al derecho Internacional".

Fuente: ElHeraldo.hn